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La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, fue acusada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Urrutia será llamada a juicio en el caso relacionado con la contratación del sistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol prevista en el Decreto 1622 de 2022.
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la exministra presuntamente entregó un contrato a dedo por más de COP 4.950 millones, con desconocimiento de las disposiciones que exigían garantizar pluralidad de oferentes. Para el momento de los hechos, siendo el Ministerio del Deporte el encargado de implementar la herramienta tecnológica que permitiría asociar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los estadios, Urrutia como jefe de esa cartera contrató directamente con Aldesarrollo.
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Las evidencias que recolectó el ente investigador apuntan a que la contratación, al parecer, condicionó la subcontratación de una particular específica con la que se habría acordado la ejecución de la iniciativa. "Fueron detectadas irregularidades desde la etapa precontractual como ausencia de estudios de mercado y de procedimiento para establecer el calor del negocio jurídico y los costos de las actividades contempladas", señaló la Fiscalía.
En esa misma línea, la Fiscalía señaló que Urrutia habría desatendido las advertencias sobre los vicios e ilegalidades de varios trámites durante la etapa precontractual. Aún así, celebró el convenio el 30 de diciembre de 2022. "También quedaron al descubierto falsedades en documentos públicos. En los estudios previos y en el acto administrativo de justificación habrían sido consignados hechos que no correspondían con la verdad".
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