La Procuraduría General sentó posición sobre la llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo caso fue admitido completamente a mediados de marzo pasado. Para el órgano de control, su llegada todavía debe aclararse y debe respetar a las víctimas del sistema de Justicia y Paz, creado a inicios de los 2.000 para reparar a quienes padecieron el paramilitarismo.
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Según la Procuraduría, el sometimiento completo de Mancuso en la JEP, que incluye, incluso, la decisión sobre su libertad en Colombia, estaría generando incertidumbre en sus víctimas. Aún más cuando, al parecer, la JEP no tuvo en cuenta una sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla en la cual se dispusieron reparaciones económicas a 137 víctimas. La Procuraduría esperaba que fueran mencionadas en el documento oficial de la JEP que aceptó a Mancuso en la jurisdicción.
“Con respecto a la aclaración, precisó el procurador delegado Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, que la providencia (de a JEP) reiteradamente afirmó que las víctimas con derechos adquiridos de reparación en Justicia y Paz, producto de una decisión en firme, tienen garantizados (…) que el compareciente atienda las obligaciones ejecutoriadas que le hayan impuesto en materia indemnizatoria”, explicó la Procuraduría.
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Asimismo, la entidad comunicó que la figura en la cual Mancuso es aceptado es sumamente particular, aunque se le reconoce como compareciente forzado a declarar. En este caso se refiere a la figura de “bisagra” o punto de conexión entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Estado, un tipo de compareciente inédito en la JEP, dado que desde el inicio se aseguró que ningún paramilitar sería parte de este sistema de justicia.
Lo último que se conoce de los procesos de Mancuso, quien aterrizó en el país el 17 de febrero pasado, es que el Tribunal Superior de Bogotá no acató el poder preferente de la JEP y decidió dejar en libertad al exjefe criminal para que cumpla funciones de gestor de paz asignadas por el Gobierno de Gustavo Petro. No obstante, como días antes el Tribunal Superior de Barranquilla había decidido lo contrario, solicitó a la Corte Constitucional que defina la libertad del exjefe de las Autodefensas.
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