Lo que ha dicho el general (r) Rito Alejo del Río en la JEP

Hace más de dos semanas fue suspendida la versión voluntaria en la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra de Rito Alejo del Río, general (r) del Ejército. El alto oficial, quien ya fue condenado por la justicia ordinaria a 25 años de prisión por los hechos que rodearon el asesinato del campesino Marino López a manos de paramilitares, tuvo problemas de salud y fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos, pero ya está en su casa recuperándose.

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Mientras se determina en qué momento se reanudan las declaraciones del oficial retirado de 77 años, El Espectador hace un recuento de lo que ha pasado desde mayo de este año —cuando empezó a declarar públicamente— y habló con quienes han asistido a los interrogatorios que hacen los magistrados de esa justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc y el Estado colombiano. Desde diciembre de 2020, Del Río fue citado por la Sala de Reconocimiento para que rindiera versión voluntaria en los macrocasos del exterminio a la Unión Patriótica y el de violencia en la subregión de Urabá, que conoce bien, pues estuvo al mando de la Brigada XVII del Ejército, que opera allí.

Este diario conoció que la defensa de Del Río solicitó dos audiencias privadas para entregar información sensible, pero dijo que no entregaría datos que pudieran afectar su seguridad o la de su familia. Las audiencias, al parecer, se realizaron en los primeros días de agosto, pero víctimas acreditadas por la JEP señalaron que hasta el momento no han tenido acceso a los videos de las diligencias. Asimismo, las víctimas tampoco creen que entregue nueva información o asuma responsabilidad de algún hecho por los que está siendo interrogado y por los que en su momento la Fiscalía ya lo había vinculado a procesos penales, como la masacre de Mapiripán, de 1997.

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Este emblemático crimen del conflicto armado, aunque fue cometido en el Meta, fue perpetrado con aeronaves militares que salieron del aeropuerto de Carepa (Antioquia), uno de los municipios que estaban en la jurisdicción de Rito Alejo del Río. Durante los extensos cuestionarios que ha rendido ante magistrados de la JEP se citaron varios testimonios de exjefes paramilitares de esa zona que lo señalaban como un aliado de las Autodefensas, entre ellos alias HH y Pedro Bonito, quien antes de pertenecer al paramilitarismo era un reconocido empresario bananero. Sin embargo, el militar señaló que no participó en la matanza, perpetrada por paramilitares del Urabá al mando de los hermanos Castaño.

El magistrado Gustavo Salazar, relator del macrocaso de la UP, le pidió a Del Río mostrar en qué fallos judiciales en contra de los dos exparamilitares o de otros delincuentes como el narcoparamilitar Don Berna o el Negro Vladimir se determinó que incurrieron en falso testimonio. Salazar también le preguntó por la masacre de Campo Capote (Santander), de 1986, contra miembros de la UP y perpetrada por el grupo narcoparamilitar MAS, a lo cual Del Río respondió que no recordaba el crimen. A renglón seguido Salazar le increpó: “¿Cómo explica usted que no se haya enterado de esta masacre?”. Y es que en esa época del Río estaba a cargo del Batallón Rafael Reyes del Ejercito, con jurisdicción en la zona.

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A lo largo de su comparecencia, en varias ocasiones los magistrados han increpado a Del Río ante pruebas que indicarían que sí fue aliado de los paramilitares. Por ejemplo, en mayo pasado, le mostraron documentos que tenían su firma y en los que autorizó la entrega de armamento a las Convivir, grupos de seguridad privada que estaban autorizadas por el Estado colombiano, pero que luego terminaron siendo fachadas de paramilitares. Ante esa prueba, el oficial mantuvo su posición: dijo que no solicitó apoyo de ese tipo. Si bien Del Río confirmó que la firma era suya, solicitó a la Sala de Reconocimiento una revisión del documento por parte de sus abogados.

El mismo 12 de agosto, cuando el general no pudo continuar con la versión voluntaria por motivos de salud, el magistrado Gustavo Salazar, quien presidía la audiencia, le hizo un llamado para que se comprometiera con la verdad y las víctimas. “Le ruego que con las palabras que pronuncie tenga en consideración el sentido de dignidad, de redignificación de las víctimas y el establecimiento del buen nombre, la memoria y el derecho a la justicia”, manifestó el magistrado. Víctimas del caso señalan que en sus declaraciones Del Río intenta torpedear el interrogatorio y ha evadido toda responsabilidad de su papel en la consolidación del paramilitarismo en Urabá. “Es una burla para las víctimas del conflicto”, señaló un abogado representante de víctimas.

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Este diario se contactó con la defensa del militar retirado para preguntarle sobre varios señalamientos que hacen las víctimas, por ejemplo, que su estrategia jurídica es la de dilatar el proceso hasta una eventual expulsión de la JEP, la cual tardaría varios meses o años. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta. Aunque hay un sector de las víctimas que están seguras que Del Río no colaborará, otras guardan la esperanza de que lo haga cuando la JEP empiece a “apretarlo con advertencias de que puede perder la libertad y volver a la justicia ordinaria, en donde no tendría beneficios judiciales en una eventual condena”, dijo una de las fuentes.

Así mismo, Luis Antonio Marín Burgos, procurador delegado ante la JEP, hizo un llamado durante esa misma audiencia al general retirado para que contribuya a la verdad por la dignidad de las víctimas. “Se necesita un relato que construya desde la empatía”, manifestó Marín. Más adelante, cuando el militar fue cuestionado sobre su tiempo como comandante de una guarnición militar en Urabá, período en el que se presentó la cifra más grande de victimizaciones a miembros de la UP de toda la historia, el general manifestó que tuvo toda la intención de protegerlos junto a la Policía, pero, según él, no se dejaron.

Hace más de dos semanas fue suspendida la versión voluntaria en la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra de Rito Alejo del Río, general (r) del Ejército. El alto oficial, quien ya fue condenado por la justicia ordinaria a 25 años de prisión por los hechos que rodearon el asesinato del campesino Marino López a manos de paramilitares, tuvo problemas de salud y fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos, pero ya está en su casa recuperándose.

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Mientras se determina en qué momento se reanudan las declaraciones del oficial retirado de 77 años, El Espectador hace un recuento de lo que ha pasado desde mayo de este año —cuando empezó a declarar públicamente— y habló con quienes han asistido a los interrogatorios que hacen los magistrados de esa justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc y el Estado colombiano. Desde diciembre de 2020, Del Río fue citado por la Sala de Reconocimiento para que rindiera versión voluntaria en los macrocasos del exterminio a la Unión Patriótica y el de violencia en la subregión de Urabá, que conoce bien, pues estuvo al mando de la Brigada XVII del Ejército, que opera allí.

Este diario conoció que la defensa de Del Río solicitó dos audiencias privadas para entregar información sensible, pero dijo que no entregaría datos que pudieran afectar su seguridad o la de su familia. Las audiencias, al parecer, se realizaron en los primeros días de agosto, pero víctimas acreditadas por la JEP señalaron que hasta el momento no han tenido acceso a los videos de las diligencias. Asimismo, las víctimas tampoco creen que entregue nueva información o asuma responsabilidad de algún hecho por los que está siendo interrogado y por los que en su momento la Fiscalía ya lo había vinculado a procesos penales, como la masacre de Mapiripán, de 1997.

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Este emblemático crimen del conflicto armado, aunque fue cometido en el Meta, fue perpetrado con aeronaves militares que salieron del aeropuerto de Carepa (Antioquia), uno de los municipios que estaban en la jurisdicción de Rito Alejo del Río. Durante los extensos cuestionarios que ha rendido ante magistrados de la JEP se citaron varios testimonios de exjefes paramilitares de esa zona que lo señalaban como un aliado de las Autodefensas, entre ellos alias HH y Pedro Bonito, quien antes de pertenecer al paramilitarismo era un reconocido empresario bananero. Sin embargo, el militar señaló que no participó en la matanza, perpetrada por paramilitares del Urabá al mando de los hermanos Castaño.

El magistrado Gustavo Salazar, relator del macrocaso de la UP, le pidió a Del Río mostrar en qué fallos judiciales en contra de los dos exparamilitares o de otros delincuentes como el narcoparamilitar Don Berna o el Negro Vladimir se determinó que incurrieron en falso testimonio. Salazar también le preguntó por la masacre de Campo Capote (Santander), de 1986, contra miembros de la UP y perpetrada por el grupo narcoparamilitar MAS, a lo cual Del Río respondió que no recordaba el crimen. A renglón seguido Salazar le increpó: “¿Cómo explica usted que no se haya enterado de esta masacre?”. Y es que en esa época del Río estaba a cargo del Batallón Rafael Reyes del Ejercito, con jurisdicción en la zona.

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A lo largo de su comparecencia, en varias ocasiones los magistrados han increpado a Del Río ante pruebas que indicarían que sí fue aliado de los paramilitares. Por ejemplo, en mayo pasado, le mostraron documentos que tenían su firma y en los que autorizó la entrega de armamento a las Convivir, grupos de seguridad privada que estaban autorizadas por el Estado colombiano, pero que luego terminaron siendo fachadas de paramilitares. Ante esa prueba, el oficial mantuvo su posición: dijo que no solicitó apoyo de ese tipo. Si bien Del Río confirmó que la firma era suya, solicitó a la Sala de Reconocimiento una revisión del documento por parte de sus abogados.

El mismo 12 de agosto, cuando el general no pudo continuar con la versión voluntaria por motivos de salud, el magistrado Gustavo Salazar, quien presidía la audiencia, le hizo un llamado para que se comprometiera con la verdad y las víctimas. “Le ruego que con las palabras que pronuncie tenga en consideración el sentido de dignidad, de redignificación de las víctimas y el establecimiento del buen nombre, la memoria y el derecho a la justicia”, manifestó el magistrado. Víctimas del caso señalan que en sus declaraciones Del Río intenta torpedear el interrogatorio y ha evadido toda responsabilidad de su papel en la consolidación del paramilitarismo en Urabá. “Es una burla para las víctimas del conflicto”, señaló un abogado representante de víctimas.

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Este diario se contactó con la defensa del militar retirado para preguntarle sobre varios señalamientos que hacen las víctimas, por ejemplo, que su estrategia jurídica es la de dilatar el proceso hasta una eventual expulsión de la JEP, la cual tardaría varios meses o años. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta. Aunque hay un sector de las víctimas que están seguras que Del Río no colaborará, otras guardan la esperanza de que lo haga cuando la JEP empiece a “apretarlo con advertencias de que puede perder la libertad y volver a la justicia ordinaria, en donde no tendría beneficios judiciales en una eventual condena”, dijo una de las fuentes.

Así mismo, Luis Antonio Marín Burgos, procurador delegado ante la JEP, hizo un llamado durante esa misma audiencia al general retirado para que contribuya a la verdad por la dignidad de las víctimas. “Se necesita un relato que construya desde la empatía”, manifestó Marín. Más adelante, cuando el militar fue cuestionado sobre su tiempo como comandante de una guarnición militar en Urabá, período en el que se presentó la cifra más grande de victimizaciones a miembros de la UP de toda la historia, el general manifestó que tuvo toda la intención de protegerlos junto a la Policía, pero, según él, no se dejaron.