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“Eran civiles, no guerrilleros”, denunció la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), sobre la muerte de 11 personas en un operativo militar en Puerto Leguízamo (Putumayo). A pesar de la grave denuncia, que vuelve a poner el foco sobre el oscuro capítulo de los falsos positivos, el Gobierno descartó de inmediato cualquier irregularidad. El ministro de Defensa, Diego Molano, contestó en sus redes sociales: “Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros”. Pero crecen las dudas sobre la versión que ha entregado la Fuerza Pública.
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La Defensoría del Pueblo, la ONG estadounidense Human Rights Watch, entre otras instituciones y organizaciones, han pedido que se esclarezca lo ocurrido en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo. La comunidad dice que el Ejército irrumpió en un bazar, el Gobierno ha dicho que fue una operación contra las disidencias de las Farc y, en redes sociales, el ministro Molano publicó un video en el que se ven varios hombres armados vestidos de camuflado y bolsas con lo que podría ser coca. Una fuente que está enterada del caso dijo que esas imágenes pueden estigmatizar y llevar a unas conclusiones erróneas si no se tiene clara la historia de Putumayo.
Aún no se sabe si en el bazar comunitario, que al parecer se desarrollaba, había o no miembros de grupos armados. Por ahora se tiene confirmado que en el operativo murieron el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, Divier Hernández; su esposa, Ana María Sarria, y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche. Ni desde el Ejército ni en el Gobierno han explicado por qué estas tres personas, así como un adolescente de 16 años, terminaron muertos en el operativo, que realmente buscaba capturar a Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, alias Bruno, jefe del frente 48 de las disidencias de las Farc, un grupo conocido como “Comandos de la Frontera”.
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Una fuente sostuvo que Hernández y Panduro tenían posiciones de liderazgo en la comunidad. Pero el ministro Molano ha defendido la operación y, sin dar nombres, insistió a través de sus redes sociales que se trataba de “criminales que atacaron a soldados”. Hasta trinó con sarcasmo: “A los ‘inocentes civiles’ se les incautó: arsenal de guerra, granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”. Por su parte, un soldado que resultó herido contó así su versión de lo sucedido: “Se inició el combate, cuando me encontré de frente con un bandido vestido de civil. Por eso él me hiere, porque yo creí que era un civil, cuando veo es que saca un fusil y me impacta”.
También hay versiones encontradas sobre otro punto: los cuerpos de los fallecidos. La Opiac ha dicho que fue el Ejército el que hizo el levantamiento y que no tienen claro su paradero. Sin embargo, el secretario de Gobierno de Putumayo dijo el 30 de marzo en W Radio que los 11 cuerpos están en Mocoa, en poder de Medicina Legal, y que se ha respetado la cadena de custodia. Una fuente indicó que quienes hicieron el levantamiento de los cuerpos fueron agentes del CTI de la Fiscalía que acompañaban el operativo militar que buscaba capturar a alias Bruno. El lío sería que esos investigadores no estarían autorizados para hacerlo.
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La Fiscalía también avanza en las pesquisas y ya envió un grupo de fiscales a Puerto Leguízamo. La ONG Human Rights Watch anunció que está investigando por su parte, y uno de sus investigadores, Juan Pappier, le dijo a El Espectador: “Es urgente que las autoridades aclaren estos hechos y que desempeñen su tarea con profesionalismo. No es responsable, a cuatro días de los hechos, estar llegando a conclusiones de estar asumiendo que se trataba de miembros de las disidencias o que se trató de falsos positivos. Se debe investigar, y si hubo irregularidades o crímenes, los responsables deben ser llevados ante la justicia”.
La Defensoría del Pueblo se sumó a ese llamado. La entidad anunció que ha venido acompañando a las familias afectadas y que les brindará el acompañamiento necesario. En concreto, “se brindará el servicio de representación judicial a través de un defensor público de víctimas en todos los procesos que se deriven de los hechos”, anunció la entidad. Ya las familias de Divier Hernández y Ana María Sarria anunciaron que demandarán al Estado, pues sostienen que no eran “bandidos”, como ha asegurado el ministro Molano. Recién inicia este episodio que vuelve a enlodar el actuar del Ejército en una región profundamente afectada por el conflicto y los cultivos de uso ilícito.