Cinco civiles y dos policías muertos y 27 personas heridas. Un total de 24 acciones terroristas y 13 municipios afectados. Ese es el resumen de una ola de violencia que duró más de siete horas en las que los grupos armados atacaron sin tregua a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Los hechos fueron atribuidos por el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, a las disidencias de las FARC, en concreto a la estructura Jaime Martínez.
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La crisis es de tal magnitud que el presidente Gustavo Petro ya no viajará a la región, como lo tenía previsto, para promocionar su consulta popular, sino para asistir a un consejo de seguridad citado con urgencia por las autoridades regionales.
La angustia empezó a las 4:43 de la mañana en el Valle del Cauca, cuando las autoridades fueron alertadas por usuarios de la vía que lleva de Cali al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira. El corredor vial tuvo que ser cerrado durante un par de horas, por el reporte de cilindros con explosivos, marcados con grafitis alusivos a las disidencias de las FARC. Unidades de Policía y Ejército verificaron los artefactos y los desactivaron.
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Luego, sobre las 7:46 de la mañana, ocurrió un hostigamiento a la Fuerza Pública en Toribío, cuando hombres armados ingresaron al casco urbano del municipio y empezaron a disparar desde diferentes puntos hacia la estación de Policía.
La acción fue respondida por las autoridades, sin que resultaran personas heridas. A las 8:09 de la mañana, un segundo artefacto con explosivos fue encontrado en vías del departamento del Cauca, esta vez en la avenida Sachamate, casco urbano de Jamundí. La acción oportuna de las autoridades permitió su desactivación.
De nuevo en el Cauca, a las 8:31 de la mañana, la Policía fue blanco de un ataque de hombres armados, en el que murió el patrullero Jair Gonzalo Gurrute Bolaños. Para esa hora, el terror ya se había trasladado a la zona urbana de Cali, cuando una motocicleta bomba estalló cerca al CAI del barrio Meléndez. Cinco personas resultaron heridas, una de ella es una niña de cinco años.
Óscar García, quien estaba sentado en la entrada del taller de mecánica en el que trabaja, narró a El Espectador que lo aturdió la explosión. “Lo primero que vi fue a una niña que iba con el abuelo. La levanté y la monté en un taxi. La niña iba gravemente herida y lo único que decía era ‘mamá’”.
Los que resultaron más afectados fueron los motorratones, una modalidad de transporte que consiste en un conductor de moto que transporta a una persona como parrillero, que se encontraban en la zona. Varios de los vehículos se incendiaron y un adulto falleció producto de la explosión. El ataque dejó una cosa clara: en Cali es un riesgo estar cerca de estaciones de Policía y prácticamente cualquier lugar donde haga presencia una autoridad.
“Mi hermano me llamó muy preocupado llorando porque estaba en una actividad de académica cuando explotó la bomba. Aparte de sufrir lesiones físicas, también entró en una crisis de ansiedad por ver incendiada la moto por la que tanto luchó y que no ha terminado de pagar”, aseguró Angie Naranjo, hermana de Cristian, un joven de 17 años, que fue trasladado a un centro asistencial porque no escuchaba por un oído y, en su intento por salvar su motocicleta incendiada, se quemó las manos. Una de las personas que más afectaciones sufrió es una mujer que vende todas las mañanas café y pan a los motorratones.
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De forma simultánea al ataque en Meléndez, dos personas resultaron heridas por la explosión de una segunda motocicleta cargada con explosivos, en el barrio Manuela Beltrán, de la capital del Valle del Cauca. Luego, a las 8:50, dos hostigamientos armados simultáneos a la Fuerza Pública se presentaron en Morales y Buenos Aires (Cauca). Ningún uniformado resultó herido.
A las 9:06, en el sector de Villa Rica, en la vía entre Cauca y Valle del Cauca, un bus de servicio público acondicionado con explosivos fue quemado y hombres armados atacaron luego a un grupo de policías. En el hecho murió el patrullero Duván Andrés Ramírez Cárdenas, otros tres salieron heridos.
Casi al tiempo, a las 9:09, una tercera motocicleta bomba estalló en el barrio Los Mangos, de Cali. Según explicó la Policía, el hombre que la conducía esquivó los controles de seguridad del CAI, luego aceleró y, en ese momento, el vehículo estalló. El conductor murió en el lugar de los hechos.
Un último carro bomba explotó a las 9:15 en el corregimiento Potrerito, de Jamundí, dejando a cinco civiles heridos. La mañana trágica de este 10 de junio cerró a las 11:30 en el corregimiento de Guachinte, también en Jamundí, con la detonación de un bolso cargado con explosivos, que había sido abandonado en una calle. Otro ataque terrorista que cobró la vida de tres civiles.
Según el balance que hizo la Policía, el suroccidente del país sufrió, en un lapso de solo siete horas, los efectos de la explosión de cuatro carros y tres motos bomba, además de cuatro ataques con armas de fuego. El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, dijo que desde la noche del 9 de junio las autoridades advirtieron y evitaron seis ataques terroristas más y agregó que se han intensificado las capacidades de inteligencia.
“Sin duda, estos ataques son la repuesta desesperada de este grupos armado residual a la presión sostenida por nuestras tropas en el Cañón del Micay y otras áreas bases en profundidad, zona de especial interés de estos terroristas para el desarrollo de sus actividades ilícitas, como lo es el narcotráfico”, agregó el almirante Cubides.
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Las autoridades del Valle del Cauca convocaron a un consejo de seguridad regional, tras el cual ordenaron una medida de ley seca y suspensión del comercio nocturno, entre las 9:00 de la noche del martes y las 6:00 de la mañana del 11 de junio.
Para este miércoles está citado un nuevo consejo de seguridad al que se espera que asista el presidente Gustavo Petro para que atienda los llamados de las autoridades regionales. Desde hace meses, la situación en el suroccidente del país es crítica.
Solo entre abril y mayo de este año, la Defensoría del Pueblo registró 40 eventos de desplazamiento masivo en la región del Bajo Calima (Valle del Cauca) y en Semana Santa hubo cinco ataques con explosivos en Valle y Cauca, que dejaron dos civiles muertos y cerca de 30 heridos. La petición de gobernadores y alcaldes al Gobierno Nacional ha sido persistente: la situación es demasiado grave, tanto que desborda sus capacidades, como sucedió con los 24 ataques ocurridos en menos de un día.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
Por Gustavo Molina
