La próxima semana se abre con un nuevo censo nacional, luego de 12 años desde el último. Mientras la población con discapacidad logró ser tenida en cuenta por orden del presidente Santos, los campesinos siguen esperando el día en el que el DANE los incluya en la que sería su primera participación en la historia en este mecanismo. Una acción de tutela interpuesta por diferentes organizaciones campesinas, ayudadas por Dejusticia, es el recurso con el que empezó formalmente la lucha de este sector de la población y que quiere, aunque con pocas esperanzas, que un fallo de la Corte Constitucional o una orden presidencial le permita hacer parte de este censo.
Según Dejusticia, a pesar de que los campesinos llevan cerca de dos años solicitando la inclusión de preguntas que indaguen sobre su situación, no ha habido respuesta alguna. En agosto del año pasado, antes de interponer la tutela —lo cual hicieron en noviembre—, presentaron un derecho de petición con la misma solicitud a Presidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y el DANE. La respuesta, según Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, fue “muy formal y no refutó de fondo los argumentos con los cuales nosotros sostenemos que existe una discriminación”.
A pesar de que en diciembre pasado el Tribunal Superior de Bogotá reconoció el deber del Estado de atender las necesidades del campesinado, negó la vulneración del derecho a la igualdad, por lo que se apeló el fallo ante la Corte Suprema. La decisión, sin embargo, llegaría hacia febrero, lo cual es inútil, teniendo en cuenta que el censo empieza este martes 9 de enero. Es por eso que las organizaciones campesinas que presentaron la tutela, las cuales reúnen a más de 1.700 personas de todo el país, tienen como única alternativa esperar una orden presidencial, como ocurrió en el caso de las personas con discapacidad.
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Uprimny rechazó la decisión y declaró que “los campesinos son una población discriminada que tiene un goce precario de los derechos sociales y, por consiguiente, conforme al deber del Estado de hacer que la igualdad sea real y efectiva, los campesinos tienen derecho a contar con políticas públicas que tomen en cuenta su particular situación social”. Y añadió: “Si no son incluidos en el principal instrumento de recolección de información, que es el censo, ¿cómo podría hacer el Estado políticas públicas apropiadas para corregir la discriminación que sufren?”.
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia intervino en el tema y desde febrero del año pasado “aportó un insumo técnico en donde hizo una caracterización del campesinado, tomando en cuenta distintas dimensiones, como su relación con el territorio y la tierra, su propio autorreconocimiento e identidad cultural y sus particulares formas de organización social, y propuso siete preguntas para caracterizar al campesinado”, aseguró Umprimny, quien añadió que por esto la excusa no puede ser que no hay elementos técnicos.
Las ventajas de incluir al campesinado en un censo nacional serían no sólo históricas sino también de proyección. El director de Dejusticia aseguró que “al ser incluidos, el Estado tendría mejores herramientas informativas para formular políticas públicas con información precisa. En este momento existen otros instrumentos, como el censo con otras preguntas o el propio censo agropecuario, pero ninguno de ellos es suficiente para caracterizar integralmente al campesinado, tanto en su dimensión subjetiva, de que se reconozcan como campesinos, como en su dimensión más objetiva, que es su relación con la tierra y sus particulares formas de organización social”.
La población con discapacidad logró esta semana que el presidente Juan Manuel Santos diera la instrucción de tenerla en cuenta para este nuevo censo. “En lo esencial, es una situación semejante, en el sentido de que ambas son poblaciones discriminadas que tienen derecho a políticas públicas a su favor, y que si su información no está incorporada en el censo, a pesar de que estas poblaciones lo han solicitado, eso sería una discriminación. No creo que haya una razón sólida para incorporar a las personas con discapacidad y excluir al campesinado”, aseguró Uprimny.
Los campesinos del país siguen luchando para ser tenidos en cuenta por primera vez en un censo nacional. El hecho de que nunca hayan estado, según Uprimny, tiene que ver con una “cierta invisibilización del campesinado, que es lo que algunos autores, como Carlos Salgado, han llamado un déficit del reconocimiento del campesinado, el cual parece ignorado en las políticas públicas y por eso no está incorporado en los censos anteriores de manera específica, a pesar de su enorme importancia social y política”.