Los colombianos detenidos en China bajo condenas de otra época

/AFP

 A las 10 de la noche, de un día de febrero de 2013 el teléfono de Diana Pérez timbró.

- Buenas noches, ¿usted es Diana Pérez?

- Sí.

- Tengo que darle una noticia. Lamento decirle que su papá ha sido detenido por tráfico de drogas en Shangai.

En ese momento Diana desconfió y se puso nerviosa. Alcanzó a pensar que la voz que le hablaba del otro lado era la de un secuestrador que tenía a su papá.

- No, señor. Yo creo que usted está equivocado.

- Su papá es Luis Leoncio Pérez Correa y me dijo que llamara a Diana Pérez.

La angustia le hizo negarse la mala noticia.

- No. Está equivocado, está equivocado. Ese no es mi papá.

Enredada en un nudo de sentimientos Diana solo atinó a pedirle un número para devolverle la llamada y comprobar que lo que el hombre decía era cierto. Efectivamente el número que le dio era de China. Ella estaba muy alterada. Fue su esposo el que se encargó de comprar crédito en Skype y realizar la llamada. Del otro lado respondieron y el hombre se identificó.

- Yo soy el cónsul Ricardo Galindo de Shangai. Luis Leoncio Pérez Correa fue detenido en el aeropuerto por supuesto tráfico de drogas.

Con la imposibilidad de hablar por el llanto y la sorpresa que le generó la llamada Diana solo pudo preguntarse lo que cualquiera haría si un familiar que ha llevado una vida normal se ve envuelto en un episodio de este tipo “¿mi papá detenido por drogas? ¿Por mula?”.

Según la Cancillería de Colombia, hay 12,851 colombianos presos en cárceles fuera del territorio nacional. De estos, 7,191 están detenidos por delitos relacionados con tráfico de drogas, lo cual representa el 55,9% del total. El caso del padre de Diana y del resto de los detenidos en la República Popular de China se torna más dramático ya que es uno de los países donde el tráfico de drogas es severamente castigado. Transportar 50 gramos de estupefacientes basta para que el individuo sea condenado a pena de muerte.

El embajador de China en Colombia, Wang Xiaoyuan, le expresó a la senadora Teresita Romero, abanderada en el Congreso de la repatriación de presos, que las guerras del opio son la razón de los duros castigos impuestos a los traficantes de drogas. Estas fueron unas batallas protagonizadas por el imperio británico contra el chino. Hubo dos grandes enfrentamientos, el primero de 1839 a 1842 y el segundo de 1856 a 1860. El objetivo de los ingleses era crear relaciones comerciales con China, un país que concentraba todas sus fuerzas económicas y operativas dentro de su territorio. Dado que el gigante asiático no demandaba ningún recurso originario del Reino Unido la necesidad de relacionarse solo nacía del imperio británico. La estrategia de los ingleses para contrarrestar esta situación fue sembrar opio en sus dominios de la India y enviarlo de contrabando a China. De esa forma logró que el consumo de la sustancia se generalizara, creó una dependencia y a su vez un mercado.

Cuando las autoridades chinas prohibieron el comercio de opio, los británicos le declararon la guerra. China perdió los dos enfrentamientos, fue obligada a abrir los puertos y colonizada por los ingleses quienes además se apoderaron de Hong Kong.

Luego de esta experiencia y, sumada a la rigidez del régimen, la producción, el uso y el transporte de sustancias psicoactivas fueron atacados de forma implacable por la justicia china.

56 colombianos están bajo ese tipo de castigos en el país asiático según la Cancillería. Luis Pérez hace parte de ese número de connacionales. Pérez tiene 56 años, es campesino y cultivaba mora y granadilla en una finca del Quindío. En una carta escrita por él mismo, contó que en agosto de 2012 fue contactado por dos personas que le pidieron viajar a China para llevar una maleta con droga, él se negó, pero estos personajes insistían en que no habría problema. En el texto expresa que se alejó de su hogar durante unos meses y volvió en enero de 2013, sin embargo, lo volvieron a contactar. Esta vez lo amenazaron con hacerle algo a su familia. Pérez finalmente tomó el vuelo. Fue detenido en China el 9 de febrero 2013. Siete meses después lo condenaron a pena de muerte con suspensión a dos años. Esto significa que, pasado ese período de tiempo, las autoridades revisan el caso y deciden si hacer efectiva la pena de muerte o conmutar la sentencia a cadena perpetua. Diana, su hija, asegura que se encuentra en mal estado de salud. Tiene problemas de próstata, sufre de dolor en la cadera y tiene dos hernias discales. Estuvo hospitalizado por 20 días, a pesar de eso, su familia no ha podido tener acceso al expediente médico.

Sara Galeano también integra el grupo de colombianos presos en China. Está condenada a 18 años y tres meses. El próximo 27 de agosto cumplirá siete años de estar detenida. Diana Galeano, su hermana, asegura que el estado de salud de Sara es crítico. Mide 1,70 y está pesando 45 kilos. La detenida tiene un virus que destruye sus defensas, la alimentación en la cárcel no es buena y los medicamentos la mantienen con dolores estomacales.

En agosto de 2009, Sara le pidió a una de sus nueve hermanos que la acompañaran al aeropuerto. No le contó a nadie a donde se dirigía, solo dijo que llamaría después. A los siete meses, Diana recibió una llamada y escuchó de la voz de su hermana la noticia: estaba detenida en una cárcel en China. La familia se vino abajo. Lo que más les cuesta es no tener noticias sobre su estado de salud. Sara tampoco sabe que su mamá, además del sufrimiento que padece por su situación, se encuentra bajo un estado médico delicado. Sara está recluida en una cárcel de hombres, aislada por su enfermedad. Sara es transgénero.

Cortesía de la Familia

El 30 de enero de este año el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el cual anunciaba su repatriación. La vuelta de Galeano al país se daría, supuestamente, en los dos meses siguientes a la notificación, sin embargo este plazo se incumplió. Al ser consultada sobre este caso, la Cancillería contestó que el 16 de mayo se reiteró al Gobierno Chino considerar la repatriación de Sara ya que el Ministerio de Justicia puede dar cumplimiento cabal en Colombia a la pena que recibió en China.

La información otorgada por los dos Ministerios, tanto el de Justicia y la Cancillería, no solo difieren en el tema de Galeano sino también en el proceso de elaboración de un tratado de Repatriación con el país asiático. Según el primero, el pasado 4 de abril se realizó la segunda ronda de negociaciones sobre el tratado. Para la cartera de Relaciones Exteriores está fue la primera ronda. Lo cierto es que en esa fecha fue llevada a cabo en China, una reunión en la que participaron Javier Darío Higuera, director de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano; Alejandra Valencia, directora de asuntos jurídicos internacionales, ambos de la Cancillería; Natalia López, asesora del despacho del ministerio de justicia; Francisco Rodríguez, ministro plenipotenciario de Colombia en China; Luis Jorge Roa, cónsul de Colombia en Beijing; y Jorge Sanín, jefe de la oficina de asuntos internacionales del Ministerio de Justicia.

En la reunión se llegó a un acuerdo sobre el borrador del tratado, sin embargo, hay dos puntos que faltan por negociar: los criterios de razones humanitarias y el tema del indulto y perdón. El próximo encuentro de la negociación se realizará entre julio y octubre próximo. Se espera que los dos temas pendientes puedan ser revisados según la legislación de cada país. Actualmente Colombia tiene suscritos tratados de repatriación de presos con Costa Rica, Ecuador, España, Panamá y Venezuela. De estos se han beneficiado 1,178 ciudadanos.

La negociación del tratado de repatriación de presos en China es una realidad. Aunque aún persisten incompatibilidades entre las leyes del país asiático y Colombia, las autoridades se encuentran en fase de conversaciones para poder llegar a un acuerdo. La respuesta que los familiares habían tenido siempre por parte del gobierno era que la pena de muerte y la cadena perpetua son condenas que no pueden aplicarse en el país. Actualmente, las autoridades buscan formas para equiparar las penas impuestas en China con condenas ajustables a las leyes colombianas.

Hay un punto en el que sí coinciden los dos ministerios y es que ninguna de las dos carteras es la encargada de crear campañas disuasivas o preventivas para aquellas personas que piensen transportar droga al exterior. Al cuestionarle sobre esto a la Cancillería la respuesta fue simple: Esta pregunta no se enmarca en las competencias de esta Dirección. En ese mismo sentido el ministerio de Justicia contestó que no tiene competencia al respecto.

Blanca Enríquez es la abogada que lleva los procesos de varios detenidos desde octubre del 2015. Su hipótesis es que muchas de estas personas son engañadas u obligados a viajar, es decir, que muy por el contrario a ser criminales, estos individuos son víctimas. Víctimas de redes de tratantes, de los grandes capos del narcotráfico y de un sistema penal que utiliza sus herramientas más duras con los eslabones vulnerables del tráfico de estupefacientes, pero que es blanda con las cabezas de las organizaciones.

El trabajo de Enríquez se enfoca en conseguir pruebas que ayuden a las personas que fueron inducidas a llevar droga bajo amenaza o de forma violenta. Este sería el mecanismo para que, incluso en casos donde la condena ya fue sentenciada, se pueda reversar el proceso por medio de una prueba sobreviniente. La abogada lleva adelante estos asuntos con el respaldo de la Universidad Autónoma de Colombia, de la cual es docente y busca que más centros educativos se involucren en el tema. La idea de Enríquez es que en casos donde se demuestre algún tipo de trata de personas o engaños, los colombianos vuelvan al país a vivir en libertad y que las universidades, como parte de la sociedad civil, les colabore para capacitarlos a reintegrarse a la vida en comunidad y en la creación de empresas.

La vulneración de derechos es un tema reiterativo entre la familias y los detenidos. Desde el inicio del proceso judicial es muy complicado para los colombianos poder defenderse ante acusaciones que ni siquiera entienden. Por eso, las familias no solo se quejan de la pena de muerte sino también de la falta de un debido proceso. La responsabilidad de garantizar un trato justo ante la justicia penal, así sea de otro país, recae en el gobierno nacional y, en este caso, específicamente en los cónsules.

Según la Cancillería, la asistencia consular debe hacer seguimiento de las garantías al debido proceso y a la debida defensa, esto incluye un traductor en caso de requerirse. En la mayoría de los casos los acusados firman sentencias que no entienden por estar escritas en otro idioma. Otra responsabilidad de las oficinas consulares es velar por el respeto a sus derechos fundamentales y condiciones de detención apropiadas, entre estas están la alimentación, salud, seguridad, comunicación, etc.

Diana Pérez, hija de Luis, y la senadora Teresita Rodríguez han propuesto realizar campañas comunicativas que evidencien el riesgo que corren las personas cuando caen presas en países como China por tráfico de drogas.

- Uno habla con las familias y vuelve a lo mismo - dice Diana tras conversar con personas que integran el grupo que pide la repatriación de colombianos - “no, mi papá no hacía eso. No, mi hermano no hacía nada, mi hermano estaba en una mala situación económica… terminan todos en lo mismo. Nunca habían hecho un viaje, nunca, nunca en su vida. Mi papá ni siquiera había salido de Colombia… y claro, son los perfectos, los perfectos peones”.

Las familias de los detenidos están de acuerdo en que no comparten lo que sus seres queridos hicieron. Son conscientes que, sea por las razones que sea, cometieron un error y deben responder ante la justicia. Sara y su hermana ya han pedido perdón públicamente. 

La sesión especial de la asamblea de Naciones Unidas sobre los problemas globales de la droga UNGASS, llevada a cabo entre el 19 y el 21 de abril, buscaba cambiar el enfoque en la lucha mundial contra los estupefacientes. Según Isabel Pereira y Luis Felipe Cruz de Dejusticia, un grupo de países liderado por China y Rusia defendieron las normas de tolerancia cero y anularon la posibilidad para que el documento final tuviera referencias explícitas a los costos de la prohibición. Estos países siguen defendiendo la aplicación de duros castigos, prohíben la implementación de medidas de reducción de daños y se oponen a cualquier mecanismo de regulación de sustancias.

En un informe entregado en 2013 por el jefe en Colombia de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Bo Mathiesen, se afirmó que el narcotráfico y otras formas de crimen organizado mueven al año 740.000 millones de dólares. Los grandes dineros del tráfico de estupefacientes se lavan sin mayor problema y los países productores libran guerras que, por ejemplo en Colombia, han costado la vida de 1,787 policías y 1,500 militares en acciones contra el narcotráfico.

Datos de Dejusticia señalan que de cada 200 personas ingresadas al sistema penal por delito de tráfico, porte o fabricación el 25% termina condenado. En el caso de lavados de activos, de 200 personas solo el 1% recibe una pena. Los eslabones más vulnerables de la sociedad están poniendo los muertos y los condenados en una lucha que pareciera enfocarse más en los peones que en los patrones.