El último traspié que enfrenta la paz total del gobierno de Gustavo Petro —que la Fiscalía se negara a suspender las órdenes de captura contra líder del Clan del Golfo y Los Pachenca— es un síntoma más de algo que ha sido señalado por exfuncionarios y académicos como problemático: que el ejecutivo esté dispuesto a hacer negociaciones y acercamientos con organizaciones del narcotráfico, en términos que generalmente se reservan para actores armados que tienen alguna ideología política. El Espectador habló con expertos sobre los desafíos del camino que ha elegido el gobierno.
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“Mi experiencia de la mediación es que tienes que identificar qué es lo que alguien quiere. Cuando se trata de personas que han estado involucradas en actividades ilícitas, ¿qué quieren? ¿Estaban involucrados en actividades delictivas porque esa era una forma de ganar dinero para otros objetivos políticos? ¿O estos grupos simplemente están involucrados en actividades delictivas porque eso es lo que les gusta, así es como ganan dinero? ¿Cómo haces las paces con gente así?”, se pregunta en entrevista con El Espectador Walter Kemp, director de la Estrategia Global de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Gi-toc).
Kemp está en Colombia por el evento “Conflicto y crimen organizado”, que lideran su organización, la Konrad Adenauer Stiftung y la Fundación Ideas para la Paz, y aportó sus perspectivas sobre lo que el país debería tener en cuenta a la hora de acercarse a este tipo de organizaciones. “Mi entendimiento es que la paz total está muy enfocada en reducir los homicidios y reducir la violencia. Y eso es muy, muy importante. Al mismo tiempo, tiene que ser parte de un conjunto más amplio de intervenciones que harán que esto sea sostenible y se basen en el estado de derecho y en la justicia”, añadió en diálogo con este diario.
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En ese sentido, añadió, ve dos desafíos para el proceso. El primero, que se debe construir sobre la experiencia adquirida desde el Acuerdo de Paz de 2016. Y, en segundo lugar, dar lineamientos a las personas que lideran los procesos de negociación para que entiendan la economía política que hay detrás de la situación de conflicto. “Mapea quién es quién, porque podrías aterrizar con un punto ciego, recompensar el mal comportamiento o simplemente no darte cuenta de en qué te estás metiendo”, dijo Kemp a manera de ejemplo.
De lo contrario, explicó, se puede estar ante un escenario de “pax mafiosa”: se reduce la violencia, pero porque hay una coexistencia de las organizaciones criminales con el Estado en la que todos ganan. Para Angélica Durán Martínez, profesora de la Universidad Massachusetts Lowell y directora del doctorado en Estudios Globales, las comunidades en Buenaventura pueden sentir que eso es lo que les está ocurriendo. En esa ciudad, el gobierno inició un piloto de diálogo entre las dos principales organizaciones criminales que, si bien ha reducido significativamente los homicidios, también ha hecho que se dispare la extorsión.
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“Creo que eso requiere una coordinación muy clara entre lo que se está prometiendo a nivel nacional, con lo que se hace a nivel local con las comunidades, tanto protegiéndolas, como dándoles la oportunidad de meterse en ese proceso”, añadió en entrevista con El Espectador. Ese puede ser un camino, cree Durán Martínez, para que realmente haya una reducción de la violencia y no se cambie una forma de violencia por otra. Por su parte, Kemp considera que en esa tarea es crucial la labor de la sociedad civil y de los liderazgos más locales, que enfrentan altísimos riesgos y deben se protegidos.
Por eso, Durán Martínez apunta a un segundo factor que considera clave en los acercamientos del Gobierno a grupos del crimen organizado: se deben fijar estándares del comportamiento esperado de esas estructuras y mecanismos para verificarlo. Una forma de hacerlo, según apunta la politóloga, es a través de las autoridades locales. “Por ejemplo, entre alcaldes y jefes de policía y la fiscalía, porque a nivel local ellos son los que pueden identificar cuándo un grupo armado que dice estar comprometiéndose a bajar la violencia no lo está haciendo eso”, añade.
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Alrededor del mundo hay varias experiencias sobre las que Colombia puede tomar lecciones para blindarse de no cometer los errores que otros gobiernos han cometido al buscar acercamientos con organizaciones criminales. Entretanto, y mientras corre el tiempo del cese al fuego bilateral que decretó el presidente Petro, próximamente sería radicado en el Congreso un proyecto de ley que siente las bases jurídicas del sometimiento —negociado o no— y que, según varias voces, va a llenar los vacíos que persisten en el proceso de paz total.
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