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En la mañana de este martes 11 de febrero, durante la tercera jornada del juicio oral en contra de Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, el equipo jurídico del expresidente no se presentó a la diligencia. El propio exmandatario dijo que tanto Jaime Granados, su abogado titular, así como Jaime Lombana, su abogado suplente, interpusieron una acción de tutela minutos antes de la audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá en contra del Juzgado 44 Penal, que lleva el caso bajo la batuta de la jueza Sandra Liliana Heredia. El Espectador conoció el recurso que llegó al tribunal capitalino y los argumentos de la defensa para pedir que se suspendan las diligencias contra el procesado.
En resumidas cuentas, la defensa del exmandatario solicitó al Tribunal de Bogotá que, como primera medida, se suspendan las audiencias contra el expresidente de forma provisional mientras la tutela es estudiada por esa autoridad judicial. En segundo lugar, los abogados del también exsenador pidieron que se declare que el Juzgado 44 Penal de Bogotá “trasgredió los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de Álvaro Uribe Vélez”, según se puede leer en el documento. Además, que se deje sin efecto todo lo sucedido en la audiencia del pasado lunes 10 de febrero, en la cual la defensa expuso su teoría del caso y recusó a la jueza Heredia, quien lleva el expediente hace casi un año.
En el recurso, el abogado Jaime Granados recordó la recusación que solicitó la defensa de Uribe Vélez en contra de la togada, y señaló que esta fue negada casi que de forma inmediata y sin que se evaluara a fondo ese requerimiento. Durante la audiencia del pasado 10 de febrero, el jurista sustentó durante un poco más de dos horas el porqué le pedía a la jueza apartarse del expediente, argumentando una supuesta falta de imparcialidad. Este mismo punto lo expuso la defensa en la acción de tutela: “Se abordó el caso concreto desde la perspectiva de la imparcialidad objetiva, haciendo una exposición de los hechos que, en criterio de la defensa, conducían a poner en tela de juicio la imparcialidad de la funcionaria recusada”.
El abogado Granados también detalló en la acción de tutela presentada al tribunal capitalino que “se mostró comportamiento sistemático, de parte de la juez de Conocimiento, tendiente al desconocimiento de las garantías del procesado, lo cual pone en seria duda la aproximación imparcial de la juez a la causa objeto de juzgamiento (...) Se destacó la constante descalificación hacia la defensa, la prelación a la celeridad sobre las garantías, lo sucedido con el descubrimiento probatorio, las acusaciones a la defensa técnica ocurridas dentro del proceso acción de tutela, la negativa sistemática de pruebas relevantes”. Para la defensa del exjefe de Estado, la jueza ya habría prejuzgado sobre varios temas puntuales del juicio.
Una vez la jueza rechazó de tajo la recusación de la defensa durante la audiencia, el abogado suplente de Uribe Vélez, Jaime Lombana, tomó la palabra y señaló que esa negativa podría entenderse como una vía de hecho, es decir, una actuación que afecta derechos o garantías constitucionales, pero la togada le respondió que la decisión ya estaba tomada y que el siguiente paso era el llamado del primer testigo al estrado: el senador Iván Cepeda. Este elemento también fue puesto de presente en la tutela de la defensa, pues, para el equipo jurídico del expresidente, esto demostraría “una imposibilidad de dar cualquier discusión sobre lo decidido”.
Sobre este asunto en particular, la acción de tutela señala: “Es claro que al interior del proceso penal se quiso plantear la situación sin lograr que el despacho accionado habilitara un espacio para si quiera escuchar a la defensa, pues apenas se indicó por parte del doctor Lombana que se estaba incurriendo en una vía de hecho, la señora juez cortó su intervención, le recordó que se trataba de una orden, que no admitía recursos y, ni siquiera, le habilitó la posibilidad de dejar una constancia”, se puede leer en el documento.
Aun así, la pregunta que muchos se hicieron es: ¿Por qué el abogado Jaime Granados presentó una recusación en contra de la jueza después de exponer su teoría del caso y no antes? De acuerdo con los argumentos de la defensa, la solicitud para que la togada se apartara del proceso se hizo en ese momento, justo antes de iniciar lo que se conoce como práctica probatoria -la exposición de las pruebas que se admiten en un proceso judicial- “pues, la aspiración era, precisamente, que tan definitiva actividad procesal la tramitara un funcionario imparcial”. Para Granados, esa recusación se adelantó “mediante un discurso fundamentado, hilvanado y suficiente”.
Bajo estos argumentos, la defensa de Uribe Vélez le pidió al Tribunal de Bogotá que declare medidas provisionales, como, por ejemplo, frenar las audiencias del juicio oral, las cuales estaban agendadas, al menos esta semana, hasta el viernes 14 de febrero a las 8:30 de la mañana (excepto el día miércoles, pues la jueza señaló que tenía otros procesos en su agenda). El abogado Granados insistió a través de la acción de tutela que el recurso no es una maniobra dilatoria y que hace parte de los elementos de la defensa para garantizar los derechos del exmandatario. Sin embargo, los abogados de las víctimas han señalado que se trata de estrategias para demorar el juicio y, en palabras de Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, “facilita el camino hacia la prescripción”.
La recusación fue negada por la jueza Heredia durante la diligencia del pasado lunes, señalando que ella nunca ha sido parcializada en sus expedientes: “El único interés que me asiste en este caso es impartir una pronta y cumplida administración de justicia”. La togada agregó que en los 30 años que lleva ejerciendo cargos en la Rama Judicial, nunca ha sido señalada de tener interés particular en alguno de los procesos que ha tenido en su despacho. Para negar la solicitud, la jueza explicó que Granados no argumentó de forma correcta la petición de apartarla del caso. Ahora la pelota está en cancha del Tribunal Superior de Bogotá, quien deberá revisar y definir la tutela, mientras el juicio continuará su curso el próximo jueves 13 de febrero.
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