El empresario barranquillero Julio Gerlein fue acusado por la Fiscalía General de la Nación e irá a juicio para que responda por su presunta responsabilidad en el delito de soborno en actuación penal. El proceso en contra de Gerlein está relacionado con posibles pagos a la excongresista Aida Merlano, al parecer, con el objetivo de comprar su silencio y evitar que en el proceso penal que se adelantaba en su contra en 2019, hablara sobre la familia Char.
Además del empresario, quien es bien conocido en los círculos políticos de Barranquilla y el Atlántico, también fueron acusados sus abogados: Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón. El caso se remonta al 2019, cuando Aida Merlano estaba presa en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá. Según la acusación de la Fiscalía, Gerlein habría intentado evitar que la excongresista encendiera el ventilador sobre corrupción política en el Caribe.
El ente investigador señaló en el documento de 17 páginas radicado ante el despacho de la jueza 25 penal con función de conocimiento de Bogotá que el 29 de septiembre de 2019 Gerlein habría hecho una llamada a la cárcel El Buen Pastor. Esa comunicación, que habría sido atendida por Tatiana Oliveros, la exfiscal condenada a 21 años de cárcel por nexos con paramilitares, tendría el objetivo de avisar que al día siguiente el abogado Deyongh visitaría a Merlano.
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En efecto, dice la Fiscalía, esa visita se adelantó y durante la reunión el abogado del empresario Gerlein le habría ofrecido a la excongresista entre COP 3.000 y COP 3.500 millones para evitar que hablara ante la Corte Suprema de Justicia y que con sus declaraciones salpicara a personas señaladas por presuntas movidas irregulares de la política en el departamento de Atlántico, como la familia Char. La misma con la que Merlano tuvo cercanía política.
La Fiscalía sostiene en su acusación que, para lograr que Merlano accediera a ese soborno, el abogado Muñetón, también en representación de Gerlein, le habría recordado que en otra oportunidad recibió, al parecer, COP 500 millones para atender asuntos de salud de su hijo menor. Aunque la excongresista buscó ser reconocida como víctima en el proceso, la jueza del caso negó esa solicitud, pues no se pudo acreditar una afectación directa contra ella.
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La acusación contra el empresario es clave, porque las declaraciones de Merlano ante la justicia han salpicado a importantes clanes políticos del Caribe, como los dirigidos por las familias Gerlein, Name y Char, que habrían apoyado el ascenso político de Merlano, pasando de ser líder de los barrios del sur de Barranquilla a convertirse en congresista de la República.
El 11 de marzo de 2018, cuando las autoridades allanaron la famosa propiedad conocida como “Casa Blanca”, donde funcionaba en Barranquilla la sede política de Merlano, los hallazgos dejaron ver la relación política que tendría con Gerlein. El allanamiento dejó al descubierto que en el círculo cercano de corrupción electoral de Merlano trabajaban al menos 21 personas, entre particulares, líderes políticos, concejales y diputados de Barranquilla y del Atlántico.
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Una red que, como lo demostraron después los fallos de la justicia en contra de Merlano, se hizo extensiva a Bolívar y Magdalena mediante “casas de apoyo” en las que compraban votos para que la excongresista llegara al Senado en 2018 y ocupara la curul que le había cedido Roberto Gerlein Echevarría, hermano del hoy acusado empresario Julio Gerlein.
Los cheques, comprobantes de pago y documentos hallados durante el allanamiento le dieron pistas a la Corte Suprema de Justicia de que el dinero para financiar la campaña que adelantaba en ese momento Merlano para el Congreso de la República, provendría de otros importantes alfiles políticos del Caribe, como la familia Gerlein Echeverría, que con la compra de votos se habrían sobrepasado los montos de financiación de campañas permitidos por la ley. El caso por el cual la excongresista terminó en la cárcel.
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