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La violencia de las protestas de septiembre de 2020, conocidas como 9-S y detonadas tras el homicidio del estudiante Javier Ordóñez en un procedimiento policivo, no fue espontánea, de acuerdo con el más reciente informe de la ONG Temblores: “Trapitos al sol del autoritarismo”. Según la organización, durante la pandemia la Policía tuvo “amplios poderes para controlar el espacio público”, pues le dieron la responsabilidad de hacer cumplir las medidas sanitarias. La institución perdió esas facultades cuando finalizaron las cuarentenas, precisamente en septiembre de ese año, pero el daño ya estaba hecho: la relación entre uniformados y ciudadanía estaba en crisis.
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Los desalojos de asentamientos en plena cuarentena o la violenta represión a manifestaciones de personas que exigían apoyos económicos son algunos de los episodios más recordados a cargo de la Policía durante 2020. El informe sostiene que el fenómeno se extendió por todo el país, afectando el diario vivir de la gente. Por ejemplo, entre abril y agosto de 2020, cuando estaban vigentes las restricciones más duras, la Policía impuso 1’118.986 comparendos. El 92 % fueron por comportamientos que “afectan las relaciones entre las personas y las autoridades”, como lo describe el Código de Policía.
El informe de Temblores lo explica así: “Durante cinco meses, más allá de los decretos presidenciales y distritales, la Policía era la que permitía o no si una persona podía estar en el espacio público y su criterio era el único para dicha decisión. Lo anterior se transformó en un despliegue del poder que se le entregó a la institución, lo cual terminó siendo un motor para que la relación entre la Policía y la ciudadanía se viera mayormente afectada”. Y agrega: “Cuando una institución como la Policía, encargada de hacer uso legítimo de la fuerza, pierde legitimidad no solo entra en crisis su relación con la ciudadanía, sino que también puede entrar en crisis la democracia”.
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El informe “Trapitos al sol del autoritarismo”, que contó con el apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol), explica que el Gobierno concentró un mayor poder ante el “débil control político y constitucional, pues los controles a los decretos de Estado de emergencia fueron sumamente lentos”. Por ejemplo, la Corte Constitucional le dio el visto bueno al primer Estado de emergencia sanitaria un mes después de que había perdido vigencia. A su vez, para hacer cumplir las cuarentenas, la dirección de la Policía expidió circulares que, según le respondió la entidad a Temblores, “no producen efectos jurídicos”. Es decir, nunca tuvieron un control judicial.
Mientras tanto, miles de personas pasaban hambre. Para febrero de 2020, según el DANE, el 47,9 % de los colombianos estaban en el sector informal, que terminó especialmente golpeado en la pandemia, y la pobreza aumentó en 2020 hasta llegar al 42,5 %. El 24 de marzo, ante la precaria situación, trabajadores informales protestaron en un plantón en la Plaza de Bolívar en Bogotá, manifestación que fue dispersada por la Policía. La escena se repitió en varias ciudades, dice el informe, así que la protesta se transformó: “Las personas ya no se concentraban en la plaza, sino que empezaron a protestar desde los barrios en los que estaban pasando la cuarentena”.
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Sin embargo, “la respuesta más frecuente de las instituciones fue la llegada de la Fuerza Pública para reprimir la protesta”, asegura el documento. Aun en medio de la cuarentena, la plataforma GRITA de Temblores recibió 10 denuncias de comunidades a las que la Policía desalojó de sus viviendas en Bogotá, Medellín, Bello (Antioquia), Soacha (Cundinamarca) y La Guajira. Otras medidas, como el pico y género, fueron caldo de cultivo para conflictos con las autoridades, pues, como sostiene el informe, “la Policía era la que determinaba si una persona lucía como hombre o mujer y, por ende, decidía si podía salir y estar en el espacio público”.
Si bien inicialmente la Policía dio instrucciones de no detener a personas bajo la figura de traslado por protección -figura avalada en el Código de Policía-, la práctica se retomó aun en pandemia. Esta forma de detención ha sido cuestionada por organismos multilaterales y ONG porque, en pocas palabras, le da la facultad a un uniformado de detener a una persona que considera “alterada”. Y aunque hay centros a los que los detenidos deben ser llevados para que los recoja algún familiar, el informe de Temblores sostiene que durante las cuarentenas se volvió común que los policías detuvieran a las personas en los CAI del barrio, como en el caso de Javier Ordóñez.
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En los CAI, desde luego, no hay el nivel de vigilancia que tienen los Centros de Traslado por Protección, donde hay presencia permanente de la personería local o de organizaciones de derechos humanos. Así las cosas, según el informe, “la violencia policial empezó a generalizarse en los CAI, creando una indignación ciudadana hacia dichos lugares, la que iba a tener repercusiones posteriores en el momento en que acabó la cuarentena nacional”. La medida de aislamiento preventivo en todo el país estuvo vigente hasta el 1° de septiembre y, ocho días después, circuló el video del momento previo a la muerte de Ordóñez.
La situación fue particularmente grave para los jóvenes. Temblores estableció que la mayoría de comparendos impuestos en pandemia con argumentos como “irrespeto a la autoridad”, recayeron sobre personas de entre 19 y 30 años (708.825 multas). A su vez, de las 29 denuncias de homicidios a manos de la Policía en 2020, el 75 % correspondía a personas por debajo de los 30 años. Según la organización, esto obedece al “imaginario de que los jóvenes son quienes más deben ser vigilados, especialmente los jóvenes pobres”. Y, del otro lado, los uniformados tampoco son de edades muy avanzadas, lo cual “termina generando odio entre jóvenes de clases sociales menos privilegiadas”.
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Para Temblores, existen medidas inmediatas que se pueden tomar para evitar estas situaciones. Por ejemplo, que los policías no sean juzgados en la justicia militar, incluir llamados directos a la Policía en decretos de emergencia futuros y hacer pedagogía entre uniformados de cómo hacer cumplir las medidas sanitarias. Y ponen un ejemplo: “Un policía no debería golpear a nadie por no usar el tapabocas, sino que debería explicarle al ciudadano por qué es necesario, además de estar equipado con mascarillas por si la persona no tiene”. Pero en el fondo, lo más urgente es una reforma estructural de la Policía, como ya lo advirtieron la Comisión Interamericana (CIDH) y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.