Una de las noticias que más se repite en la cronología periodística de los últimos 60 años en Colombia, es que en los servicios de inteligencia del Estado hay escándalos y que para superarlos se ordenan medidas de reforma o disolución de unidades. Esta vez, el enredo de turno es el presunto desvío de millonarios recursos en una regional de inteligencia militar estratégica adscrita al comando general de las fuerzas militares.
“Se ha decidido que dejan de existir en el organigrama, tanto el Comando Conjunto de Inteligencia (CCONI) como la regional de inteligencia”, fue el anuncio del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para salir al paso al escándalo de corrupción que al parecer compromete a una decena de oficiales que se inventaban fuentes de información, entre otras ilegalidades, para quedarse con dineros de los gastos reservados o de la seguridad nacional.
Con detalles que revelan cómo se legalizaban falsas acciones para desviar recursos de la inteligencia a los bolsillos de oficiales, incluso de generales, o con un cambio de nombres y los consabidos anuncios de las autoridades, este escándalo de los dineros desviados en la inteligencia militar parece un deja vú de otras crisis en los servicios de inteligencia de Colombia. La lista es larga, pero ciertos excesos han marcado momentos determinantes de la historia.
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Desde el tristemente célebre Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), creado por el gobierno Rojas Pinilla en 1953, con un sinnúmero de capítulos de corrupción o de violación de los derechos humanos. Cuando ya no daban abasto las investigaciones en su contra, en 1960 nació el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que también tuvo que ser liquidado de afán en 2011, después de un sonado episodio de interceptaciones ilegales.
Antes de su disolución, el DAS dejó un rastro de dudosos héroes o tenebrosas relaciones, como hoy se debate en torno a los tiempos en los que el director del DAS, el general (r) de la Policía, Miguel Maza Márquez, obraba como el hombre más poderoso del país. Hasta Gabriel García Márquez, en Noticia de un secuestro, elogió sus capacidades para enfrentar a Pablo Escobar. Hoy está condenado a 30 años de prisión por el magnicidio de Luis Carlos Galán.
Y tal parece que no fue el único caso en que funcionarios del DAS de la misma época, presuntamente terminaron implicados en graves sucesos. Como los asesinatos de los líderes de la Unión Patriótica, José Antequera, Bernardo Jaramillo y Gabriel Jaime Santamaría, lo mismo que el homicidio del líder del M-19 de 1990, Carlos Pizarro. Hechos judicialmente en deuda, pero con insumos básicos para la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad.
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Tampoco la inteligencia militar ha salido bien librada de señalamientos e investigaciones. Tanto de excesos convertidos en violaciones a los derechos humanos, como en acciones de corrupción. Durante la aplicación del Estatuto de Seguridad en la era Turbay Ayala, el nudo de discordia fueron sus abusos. De las más representativas organizaciones de derechos humanos, varias nacieron para denunciar esos atropellos. Muchos se siguen investigando.
En particular, en el hecho judicial más crítico de la memoria reciente, el holocausto del Palacio de Justicia de noviembre de 1985, las pesquisas de la justicia siguen rondando a miembros de inteligencia militar de la época, que desde la Casa del Florero o unidades de la especialidad, terminaron cruzados en acciones ilegales. Esta misma semana se supo, por ejemplo, que varios suboficiales que estuvieron allí, 33 años después van a ser investigados por tortura.
Con el paso del tiempo, a pesar del creciente número de capítulos sombríos o claramente episodios de guerra sucia protagonizados por inteligencia militar, de los años 70 y 80 quedaron múltiples cabos por atar, algunos de ellos asociados a delitos de lesa humanidad o intervención de la justicia internacional. Uno de los denunciantes fue el defensor de derechos humanos, Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en abril de 1998 en su propia oficina.
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Entre otras acciones, Umaña fue el abogado que logró uno de los cruciales testimonios para develar el actuar de la inteligencia militar en hechos ilegales. El aportado por el suboficial Bernardo Garzón Garzón, adscrito al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano y la Brigada XX , que permitió aclarar la desaparición de la activista del M-19 Nydia Érika Bautista o el secuestro de José Cuesta y Guillermo Marín, de la misma organización.
Un mes después del asesinato de Umaña Mendoza, el gobierno de Ernesto Samper anunció la desactivación de la Brigada XX de Inteligencia, en el ojo del huracán por señalamientos de graves violaciones de derechos humanos. De hecho, las primeras denuncias no fueron de ONG, sino de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del gobierno de los Estados Unidos. Nunca hubo averiguaciones a fondo.
Por los lados de la inteligencia policial también hay dudosos momentos. Un capítulo particular, insuficientemente documentado, tiene que ver con la actuación de los perseguidos por Pablo Escobar (Los Pepes). Hoy está claro que en la cacería al capo, la inteligencia de la Policía compartió información con la DEA y la CIA, lo mismo que con el Cartel de Cali o las Autodefensas de Castaño, para derrotar un enemigo común. Tampoco fue investigado.
A pesar de la aureola de positivos contra el narcotráfico a mediados de los años 90, sobre todo en la persecución al Cartel de Cali que catapultó al general (r) Rosso José Serrano a la categoría de mejor policía del mundo, en los años siguientes no han faltado los cuestionamientos. Incluso tiempo después, en la era Uribe, además del DAS, también se conoció de interceptaciones ilegales en la Policía, sin muchas pesquisas para esclarecerlas.
De hecho, cuando el actual vicepresidente Óscar Naranjo accedió a la dirección de la Policía en 2007, el contexto de su salto a la cúspide fueron revelaciones de chuzadas ilegales en la Policía. Hace año y medio, la institución volvió a quedar en el ojo del huracán por supuestas interceptaciones ilegales a periodistas, y el presidente Santos le salió al paso anunciando una comisión para formular recomendaciones, cuyos resultados se desconocen.
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En el escándalo del hacker en 2014 y el supuesto espionaje al proceso de paz en La Habana, varios militares y civiles terminaron procesados por traficar con información de inteligencia. En ese momento, ya en el Congreso funcionaba la comisión de inteligencia y contrainteligencia, surgida para evitar un nuevo macroescándalo como el de las chuzadas del DAS de la era Uribe. Poco o nada se sabe de su gestión ni se ha pronunciado por el nuevo escándalo.
En síntesis, ni constituye una novedad que grupos de inteligencia de las Fuerzas Militares hayan desviado recursos utilizando gastos reservados de manera ilícita, como tampoco que las autoridades apaguen el incendio anunciando o una comisión para promover reformas y erradicar malas prácticas, o en casos más graves, que la salida sea disolver unidades. Lo que termina sucediendo siempre es una redistribución de funciones con nuevos nombres.