A las 12 de la noche de este sábado, el director del CTI, Julián Quintana y la embajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, viajaron a Panamá para oficializar la entrega de María del Pilar Hurtado. Hacia las 5:10 de la mañana los funcionarios ya estaban de regreso en Bogotá y, pocos minutos después, la controversial exdirectora del DAS se encontraba detenida en el Búnker de la Fiscalía. El trámite se realizó gracias a la mediación del consulado de Colombia en Panamá y en coordinación con el Servicio Nacional de Migración de ese país, que la buscaba luego de conocer la circular roja que expidió la Interpol en la mañana del viernes.
La entrega de la exfuncionaria, cuestionada durante los últimos cuatro años por eludir los llamados de la justicia colombiana y buscar asilo político en el vecino país, ha generado una petición unánime de las víctimas de las ‘chuzadas’ del DAS: Que cuente todo lo que sabe sobre los “verdaderos” responsables de la serie de operaciones ilegales que, durante su paso por la entidad, ejecutaron distintos agentes para espiar y socavar la legitimidad de importantes figuras públicas del país, opositoras al gobierno de Álvaro Uribe. Según ellas, su colaboración permitiría determinar nuevas responsabilidades por estos hechos.
Entre 2007 y 2008, cuando Hurtado llegó a la entidad, el DAS realizó dos sabotajes contra la Corte Suprema de Justicia, uno de los cuales estuvo dirigido contra el entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez, que se desempeñaba como coordinador de los expedientes de la parapolítica. Ambos episodios buscaron relacionar al alto tribunal con paramilitares desmovilizados, en una campaña de desprestigio que tuvo tintes de retaliación por los avances que realizaba la Corte en las investigaciones contra el entonces senador Mario Uribe, primo del presidente Uribe, y contra un sector mayoritario del Congreso.
Luego se supo que, además, el DAS había infiltrado el corazón de la Corte Suprema. Los otros blancos eran los entonces congresistas de izquierda Piedad Córdoba y Gustavo Petro, y el periodista Daniel Coronell, que constantemente publicaba en su columna de la revista Semana información que comprometía al presidente Uribe y a su círculo cercano. Sin embargo, cuando María del Pilar Hurtado asumió la dirección del DAS, ese organismo llevaba cuatro años diseñando y ejecutando estrategias de espionaje ilegal y descrédito de la oposición, tal como lo ha probado la Fiscalía ante los tribunales.
Entre marzo de 2003 y noviembre de 2005, el DAS destinó a 15 detectives para que integraran un nuevo grupo de inteligencia que recibió el nombre de G-3. Durante esos años, buena parte de los esfuerzos del G-3 se dirigieron a espiar al colectivo de abogados José Alvear Restrepo y a organizaciones defensoras de derechos humanos, tales como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfades). El objetivo era sabotear sus actividades y relacionar a sus integrantes con las guerrillas, para judicializarlos y desacreditarlos.
Operaciones como ‘Transmilenio’, ‘Arauca’ e ‘Internet’ se ejecutaron para cumplir esa misión. El espionaje se extendió a importantes líderes políticos del país de cara a las elecciones presidenciales de 2006, en una operación que se conoció como ‘Amazonas’. Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Carlos Gaviria, Antonio Navarro, Wilson Borja y Horacio Serpa fueron investigados con el fin de establecer relaciones ficticias entre ellos y organizaciones guerrilleras. Si la estrategia no funcionaba, había un plan b: fabricar supuestas infidelidades para afectar la imagen pública de esas personas.
El escándalo estalló en 2009, cuando la Fiscalía allanó el DAS y obtuvo cientos de documentos que probaban los delitos que se estaban orquestando desde ese organismo, que contaba con un amplio margen de acción gracias a la falta de regulación y control que existía en el país sobre las labores de inteligencia policial. Pero no era la primera vez que sobre el DAS recaían graves señalamientos. Desde hace varios años la desaparecida entidad ha sido salpicada por los magnicidios de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. En 2009, el general (r) Miguel Maza Márquez, quien fungió como director del DAS entre 1986 y 1992, fue capturado para que compareciera en el proceso por el homicidio de Galán.
A comienzos de 2000, otro escándalo de ‘chuzadas’ sacudió al DAS. Ese año fueron capturados el director de Inteligencia, coronel Luis Alberto Pérez; el director de Contrainteligencia, mayor Luis Eduardo Varón, y varios detectives, en un caso que se conoció como el “expediente del chuzo-Gate”. Se trataba de presuntos pagos no autorizados, extraídos del rubro de gastos reservados, efectuados con el objetivo de espiar a opositores del gobierno del presidente Pastrana. Aunque el caso no avanzó en los estrados judiciales, la credibilidad del DAS fue puesta en jaque.
Dos años después, durante la era Uribe, Jorge Noguera fue nombrado director del DAS. Entre 2002 y 2005, periodo durante el cual estuvo en el cargo, la entidad fue puesta al servicio de los paramilitares de la costa Caribe, particularmente del bloque Norte. La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades en 2006, cuando Rafael García, quien había fungido como jefe de Informática del DAS, decidió delatar a su antiguo jefe. En 2011, después de un intricando proceso judicial, la Corte Suprema de Justicia condenó a Jorge Noguera por el asesinato del profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andreis, ocurrido en 2004.
Más tarde se desató el escándalo por las graves acusaciones que distintos jefes paramilitares profirieron contra José Miguel Narváez, subdirector entre octubre y julio de 2005. Señalado de participar en el espionaje contra los opositores del gobierno Uribe, Nárvaez fue acusado de ser uno de los ideólogos del paramilitarismo colombiano y vinculado a los procesos judiciales por los asesinatos del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda y el humorista Jaime Garzón, sobre los cuales la justicia no ha proferido decisiones. La seguidilla de controversias terminó por sepultar al DAS, cuya liquidación fue ordenada en 2011 por el presidente Juan Manuel Santos.
Pese a que existen al menos siete condenas por las ‘chuzadas’, los afectados insisten en que aún se desconocen muchas verdades. Por eso, le piden a María del Pilar Hurtado que le cuente a la Fiscalía quiénes dieron las órdenes para cometer esos ilícitos. En los próximos meses, la Corte Suprema de Justicia deberá emitir un fallo sobre su responsabilidad y la de Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia, en las interceptaciones y seguimientos ilegales. Mientras tanto, el expresidente Uribe insiste vía Twitter en que la justicia ha sido penetrada por la “extrema izquierda” y en que el presidente Santos ha desatado una “tortura política” contra la exdirectora del DAS.