La Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace poco entregó el balance de lo que halló en el paro nacional de 2021. Entre el 28 de abril y el 31 de julio, se presentaron asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, torturas, humillaciones y demás violaciones a los derechos humanos. Las jornadas, contra la reforma tributaria del gobierno Duque, terminaron en 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y 27 personas que siguen desaparecidas. Estos son algunos expedientes que tienen avance judicial.
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El único juicio contra un miembro de la Fuerza Pública
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Colombia durante el paro nacional. Encontró que el Estado respondió con el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluyendo la letal. Como se vio en videos difundidos en redes sociales, principalmente en Bogotá y Cali, uniformados respondieron a la protesta con disparos de arma de fuego y, en otros casos, utilizando aprehensiones de forma violenta en la vía pública. Aunque el joven Santiago Murillo no participaba de las protestas en Ibagué, el pasado 1 de mayo, el lugar donde cayó baleado sí está dentro de los reportes por desmanes.
Como lo conoció El Espectador, la Fiscalía tiene un informe de balística que daría cuenta de que el mayor Jorge Mario Molano, comandante de la Estación Norte de la Policía de Ibagué, le disparó a Murillo. La bala hallada en el cuerpo del joven deportista coincide con los registros del arma de dotación de Molano. A mediados de septiembre el uniformado fue llamado a juicio y en el momento la Fiscalía y la defensa presentan las posibles pruebas que entrarán en el desenlace del expediente. Molano está acusado por homicidio y permanece en la cárcel de Facatativá.
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Cali, ¿entre la acción y la omisión?
Según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 80 muertos registrados en sus cuentas durante el paro, 45 eran ciudadanos de Cali. Las jornadas en la capital del Valle fueron especialmente violentas. Hubo incendios, cortes de luz, balaceras y ataques con arma de fuego por parte de civiles a manifestantes. El 1 de diciembre pasado, fueron imputados el coronel Edgar Vega Gómez, comandante operativo en la capital del Valle, y el teniente Néstor Mancilla, comandante de los Grupos de Operativos Especiales de Seguridad (Goes).
La Fiscalía manifestó que los uniformados tendrían responsabilidad por los homicidios de José Emilson Ambuila, Kevin Antonhy Agudelo, Harold Antonio Rodríguez, Einer Alexander Lasso, Edwin Villa Escobar y Miguel Ángel Pinto. No obstante, el ente investigador precisó que no tendrían culpa directa, en lugar de ello, habrían fallado en su condición de garantes de la ciudadanía. De su función, reiteró la Fiscalía, dependía la vida de los manifestantes que salieron a protestar y que resultaron muertos por, al parecer, funcionarios de la Policía.
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En la imputación se mencionó los hechos registrados en el barrio Ciudad Jardín, cuando en mayo pasado civil como el empresario Andrés Escobar dispararon contra marchantes y miembros de la Minga Indígena. Escobar, por su parte, será imputado en compañía de otras 16 personas, entre ellos civiles y policías, por la arremetida violenta. Serán procesados, dependiendo de su condición, por los delitos de amenazas, tortura, usurpación de funciones públicas, violación de los derechos de reunión, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, detención arbitraria, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.
Homicidio de Cristian Castillo, en Corte Constitucional
El pasado 11 de diciembre, el Juzgado 28 penal de Garantías de Bogotá envió el expediente por el homicidio de Cristian David Castillo, de 26 años, a la Corte Constitucional para que resuelva cuál es la justicia que debe actuar. Lo hizo a petición de la defensa del patrullero Gonzalo Moreno Gordillo, quien al parecer impactó a la víctima con un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza el pasado 22 de junio, cuando con el uniforme del Esmad hizo presencia en la localidad de Suba, en la capital.
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Será entonces la Corte Constitucional la que decida si la muerte de Cristian David Castillo es competencia de la justicia castrense o de la ordinaria. La pesquisa da cuenta de un trauma craneoencefálico severo por impacto de artefacto metálico, como en el caso del joven de 15 años Nicolás Neira quien fue atacado en 2005, de la misma forma, por el exagente del Esmad Néstor Rodríguez. Este año, por otro lado, la Corte Constitucional decidió que la muerte de Dilan Cruz, en noviembre de 2019, al parecer por obra del capitán Manuel Cubillos, sea competencia de la Fiscalía.
Caso “El Narrador”
El 29 de julio pasado fue capturado Juan Fernando Torres, quien fue presentado a medios de comunicación como alias El Narrador. De acuerdo con la Policía, transmitía en vivo por Facebook las “acciones terroristas” contra la fuerza pública y la infraestructura de Medellín. También lanzaba insultos a los uniformados, lo cual para la institución significaba instrucciones “para lograr mayor afectación a los bienes públicos y privados”. Poco tiempo después de la captura fue imputado por el delito de terrorismo por la Fiscalía. Su defensa insiste en que solo fue un integrante de la Primera Línea y que es un profesor de primera que se graduó el año pasado.
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Nueve miembros de la Primera Línea en prisión
A mediados de noviembre de 2021, la jueza 69 penal de garantías de Bogotá envió a prisión a nueve detenidos, quienes serían miembros de la Primera Línea Calle 80. La jefa del despacho adhirió a la teoría de la Fiscalía, la cual los presentó como un peligro para la sociedad y que por ello no podrían confrontar su proceso penal en prisión domiciliaria o libertad condicional. Les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, violencia contra servidor público, instigación a cometer actos con fines terroristas, tenencia de materiales peligrosos y lanzamiento de material inflamable.
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