Los jalones de oreja de la Procuraduría que le salvaron a Colombia hasta $2 billones

Fachada de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá.

La Procuraduría acaba de lanzar un balance sobre los resultados que dice haber alcanzado en procesos de licitación pública, en los que hasta $2 billones del dinero de Colombia se protegieron, por las irregularidades que se estaban presentando en las actividades de selección de contratistas. Las operaciones de vigilancia han intervenido en contratos de infraestructura, tecnología y servicios públicos.

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El caso más reciente es la revocatoria de la licitación del SENA para contratar los servicios de una plataforma tipo E – Learning, que tenía un valor de $78.000 millones y que no se adjudicará hasta que todo el procedimiento esté en regla. Como lo advirtió la procuraduría delegada para la vigilancia administrativa, hubo cambios en los términos de la licitación luego de que los proponentes hicieran sus propuestas e, incluso, habría favoritismo hacia uno de los posibles contratistas.

“Las alertas hechas por el Ministerio Público lograron frenar licitaciones como la del proyecto ‘El Curval’ para la construcción del acueducto de Santa Marta, la cual mereció el llamado reiterativo en temas presupuestales, de planeación, técnicos y jurídicos que la ponían en entredicho con las reglas que rigen la contratación estatal. Al ser declarado desierto este proceso se salvaguardaron recursos de la Nación aproximados en $1, 6 billones”, agregó el órgano de control.

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De otro lado, entre sus resultados la Procuraduría establece haber logrado suspender la creación de una empresa para el manejo del alumbrado público en Socorro, Santander. Además, poner las cartas sobre la mesa para frenar la licitación de la construcción de la infraestructura hospitalaria de Soacha (Cundinamarca), que se iba a entregar por $150.000 millones y en la que se detectaron graves irregularidades.

Sobre las Empresas Públicas de Cali (Emcali), la Procuraduría refirió haber logrado la cancelación del contrato por $113.000 millones con los que se pretendía adquirir los servicios de una firma para disminuir las pérdidas de energía en la ciudad. La entidad aseguró haber salvado los recursos para la construcción de la segunda fase del hospital nivel 4 de Pereira, así como la segunda fase de la construcción de la cárcel de la capital risaraldense, cuya inversión es de $113.000 millones.

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“Entre otras polémicas licitaciones y que merecieron la lupa del ente de control se encuentra la de la Uspec y la contratación de los chips electrónicos para los privados de la libertad, la cual, finalmente y después de acatar las observaciones de la Procuraduría para evitar llegar a la urgencia manifiesta, fue adjudicada a la empresa Unión Temporal Efectiva por más de 95 mil millones de pesos”, concluyó la Procuraduría.

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