Los líos judiciales que ha tenido la elección del Contralor General

La elección del próximo contralor ha sido una novela de sendos capítulos que no solo se ha movido en temas políticos, sino también judiciales. Antes de que se posesionara los congresistas el pasado 20 de julio, la Comisión Accidental, compuesta por 32 legisladores, ya había elegido a 10 aspirantes para el cargo, pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó esas designaciones y ordenó al Congreso hacer una lista nueva para cumplir con la cuota de género.

La elección del próximo contralor ha sido una novela de sendos capítulos que no solo se ha movido en temas políticos, sino también judiciales. Antes de que se posesionara los congresistas el pasado 20 de julio, la Comisión Accidental, compuesta por 32 legisladores, ya había elegido a 10 aspirantes para el cargo, pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó esas designaciones y ordenó al Congreso hacer una lista nueva para cumplir con la cuota de género.

A la orden del tribunal se sumó algunas denuncias que vinculaban a algunos candidatos en supuestas irregularidades de contratación. Con ese panorama, el entonces presidente del Senado, Diego Gómez, convocó nuevamente a la Comisión Accidental para darle cumplimiento a la directriz del tribunal y confeccionar una nueva lista. Para el 16 de julio, antes de que se posesionara los parlamentarios del nuevo Congreso se conoció el nuevo listado que, otra vez, fue criticado porque, supuestamente, sobre los nuevos aspirantes hubo un tráfico de influencias.

Una vez posicionado el nuevo Congreso, y con los senadores Roy Barreras y David Racero como presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, presentaron una resolución con la que se creó la nueva Comisión Accidental para rehacer la nueva lista de candidatos al cargo de contralor. En esta ocasión, son 36 los congresistas que hacen parte de esa nueva comisión. Ambos legisladores consideraron pertinente la creación de una nueva organización para garantizar imparcialidad.

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Mientras en materia política la elección del contralor tenía ires y venires, en materia jurídica tampoco paraba. El 25 de julio, la Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación contra el magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Moisés Mazabel quien ordenó cambiar la lista de elegibles. En este caso, la queja la presentó el ciudadano Julián Duarte porque el jurista accedió a la medida cautelar que solicitaba dejar sin piso la primera lista, sin que se acreditara que existía razones de riesgo que podía afectar el derecho colectivo a quien demandó la primera lista.

La Comisión estimó que el magistrado Mazabel accedió a una medida cautelar sobre un acto de contenido electoral, al ordenar rehacer la lista, y esa situación contradice la naturaleza preventiva de la acción popular. Además, que tomó una decisión sobre la que estaba impedido realizar por su condición de juez. Una vez abierta la investigación en la Comisión, al día siguiente, el 26 de julio, el Consejo de Estado aceptó una acción de tutela contra el Tribunal de Cundinamarca.

El recurso presentado por el ciudadano y aspirante al cargo de contralor, Luis Fernando Bueno pretende que se amparen los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la equidad y al mérito que sintió vulnerados por parte de la corporación. En su texto allegado al alto tribunal el candidato expuso: “que se ordene a los accionados (Tribunal de Cundinamarca) que se abstenga de emitir autos o cualquier otra decisión a partir de la fecha que produzca efectos adicionales a la medida cautelar hasta que no se garanticen los derechos de todos y cada uno de los aspirantes respetando las reglas de la convocatoria”.

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En pocas palabras, el recurso de Bueno busca dejar sin piso la decisión del tribunal de tumbar la primera lista de elegibles para contralor. Aun, con esas determinaciones jurídicas de por medio, la elección para el nuevo jefe del ente de control no culmina. En el Congreso, este jueves, se perfilará una vez más a quienes ocuparán la plaza en la Contraloría. Los partidos liberales, conservadores, de la U y Cambio Radical ya le dieron un espaldarazo a María Fernanda Rangel, directora de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la actual Contraloría.

No obstante, una vez más se avizoran tropiezos en esta elección porque el senador de Alianza Verde, Ariel Ávila, ha dicho que su selección tiene conflicto de intereses de por medio debido a que su designación se convertiría en una caso de “administración en cuerpo ajeno”. Lo que ha dicho el senador es que Rangel es “la última ficha de Felipe Córdoba (actual contralor) para mantener el control de la Contraloría General”. De momento, también suena en la nueva lista Julio César Cárdenas quien se desempeñó como vicecontralor.

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