11 Feb 2017 - 4:46 p. m.

Los peores atentados contra la libertad de prensa en 2016

Secuestros, atentados y la manipulación de la agenda por parte de los poderes políticos y económicos componen uno de los capítulos del más reciente informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que El Espectador reproduce a continuación.

Redacción Judicial

Salud Hernández Mora fue secuestrada por el Eln en mayo de 2016. El suyo es uno de los ejemplos que usa la Flip para mostrar que la censura y los atentados contra la libertad de prensa siguen existiendo en el país.  / El Tiempo
Salud Hernández Mora fue secuestrada por el Eln en mayo de 2016. El suyo es uno de los ejemplos que usa la Flip para mostrar que la censura y los atentados contra la libertad de prensa siguen existiendo en el país. / El Tiempo

Cada año, la Fundación para la Libertad de Prensa saca el informe que muestra cómo está la situación para los periodistas del país en materia de libertad de expresión. En el documento, la Flip señala que lejos de desaparecer, la censura está vigente, aunque, dice, ha tomado nuevos rostros.

“Por fortuna, están disminuyendo los asesinatos a periodistas y en 2016, por primera vez en 7 años, no asesinaron a ningún reportero por causas asociadas a su oficio. Pero las presiones, amenazas, obstáculos y agresiones en general se han multiplicado. La censura, en otras palabras, sigue mutando y está lejos de irse”, explica la Flip en la introducción del informe.

Y, precisamente, uno de los capítulos se dedica a diseccionar con detalle los peores atentados contra la libertad que periodistas, de renombre y regionales, tuvieron que sufrir durante el 2016. Desde el secuestro por parte del Eln de la periodista de El tiempo Salúd Hernández, pasando por las acciones violentas de la fuerza pública contra reporteros, estos, son para la Flip, los atentados más graves contra la prensa en el año que terminó.

La semana en que el ELN tuvo en cautiverio a la prensa

16 de mayo: Salud Hernández-Mora viajó a Ocaña para investigar sobre el caso del Capitán del Ejército Wilmar Durán, condenado a 28 años de prisión por el asesinato de un campesino. La reportera también indagaba sobre la muerte de alias Megateo, exjefe del EPL, y sobre la erradicación de cultivos ilícitos en la región.

18 de mayo: Salud Hernández viajó a El Tarra para continuar con sus labores periodísticas. Allí tuvo fuertes discusiones con líderes campesinos por sus posturas editoriales.

20 de mayo: Luego de las discusiones con las organizaciones, la periodista fue despojada de sus equipos periodísticos.

21 de mayo: Hernández viajó hacia la vereda de Filogringo, en el municipio de El Tarra, con la intención de recuperar sus pertenencias. En el camino fue interceptada por miembros del ELN, quienes la secuestraron.

23 de mayo: Diego D’Pablos y Carlos Melo, corresponsales de RCN viajaron hasta El Tarra para cubrir la desaparición de Salud Hernández. En el camino fueron interceptados por hombres del ELN que los secuestraron y los despojaron de sus equipos periodísticos.

Diego Velosa, corresponsal de Caracol Televisión, también viajó a El Tarra para cubrir lo sucedido, lo acompañó William del Carmen Mora, periodista de la región. Cuando los reporteros iban camino a Filogringo, miembros del ELN los interceptaron, les quitaron los equipos periodísticos y los retuvieron durante unas horas. Los dejaron ir, pero no les devolvieron la cámara ni los micrófonos.

26 de mayo: El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó que Hernández, Melo y D’Pablos estaban en poder del ELN. Roberto Pombo, director de El Tiempo, esperaba noticias de Salud Hernández-Mora desde el 23 de mayo.

27 de mayo: A las 3 de la tarde Hernández fue liberada y entregada a funcionarios de la Defensoría del Pueblo y al párroco de San Calixto en Ocaña, Norte de Santander. Las personas que recibieron a Hernández firmaron un acta de entrega y a la periodista le devolvieron sus pertenencias.

Melo y D’Pablos fueron sometidos a un interrogatorio por uno de los jefes guerrilleros. Este les advirtió que si ponían en conocimiento de las autoridades cualquier información obtenida durante el secuestro, ya sabían dónde vivían y quiénes eran sus familiares. Los condujeron en una camioneta a donde estaba la misión humanitaria para ser liberados y les entregaron los equipos.

30 de mayo: La UNP le asignó a Melo y a D’Pablos un esquema de protección por trámite de emergencia.

A mediados de junio: Gracias a la intermediación de la iglesia, Velosa pudo recuperar sus equipos periodísticos, pero estaban en mal estado.

20 de junio: La UNP les asignó un esquema de protección por separado a Diego D’Pablos y Carlos Melo. Compuesto cada uno por un hombre de protección, un vehículo blindado y un chaleco de seguridad. Se determinaron estas medidas mientras se realizaba el estudio de riesgo.

8 de julio: Carlos Melo y Diego D’Pablos fueron declarados objetivo militar por parte del ELN a través de un mensaje de texto que llegó al celular de uno de los periodistas.

27 de septiembre: El 27 de septiembre un juez de control de garantías de Bogotá ordenó la captura de los miembros del Comando Central del ELN por los secuestros.

14 de diciembre: La UNP emitió una resolución comunicándole a Carlos Melo que le serían finalizadas las medidas de protección, debido a que el estudio de seguridad realizado por la entidad califica el riesgo del periodista como ordinario.

9 de febrero: Aún no hay sanción para los responsables.

La Fuerza Pública: violentos contra la prensa y amenazantes frente a las investigaciones

En el año 2016 se presentaron 25 agresiones contra la prensa por parte de la Fuerza Pública. Las agresiones fueron desmedidas y pusieron en riesgo la vida y la actividad periodística de los afectados. Adicionalmente, cuando se anunciaron sanciones, los reporteros implicados fueron víctimas de amenazas. A continuación se mencionan los casos más graves:

Miguel Ángel Castilla

17 de febrero. Miguel Ángel Castilla se dirigió hacia el resguardo de Lomamato en la región de Hato Nuevo, La Guajira, para hacer un trabajo periodístico en compañía de autoridades indígenas Wayúu. El periodista les reportó a miembros del Batallón Rondón Buenavista la razón de su visita. 35 minutos después de haber llegado a Lomamato, Castilla y los demás indígenas sintieron cinco disparos dirigidos hacia ellos.

En diálogo con la FLIP, el teniente coronel Orlando González aseguró que sus hombres fueron víctimas de una emboscada de la guerrilla y que respondieron al ataque que provenía de la parte alta del cerro. Minutos después, se detuvieron cuando uno de los cabos recordó que allí estaban el periodista y sus acompañantes. (Si desea conocer más puede consultar en http://flip.org.co/es/content/periodista-denuncia-que-ej%C3%A9rcito-le-dispar%C3%B3-cuando-realizaba-investigaci%C3%B3n-sobre-la-mina-el ).

Rafael Ríos

24 de febrero. Rafael Ríos cubría un desalojo de indígenas en Barrancas, La Guajira, donde se presentaron disturbios y enfrentamientos entre la comunidad y la policía. El periodista estaba registrando las agresiones y los uniformados, junto a un miembro de seguridad del Cerrejón, detuvieron al periodista y lo llevaron a la estación de Policía donde estuvo retenido cerca de media hora. Los uniformados le borraron los videos de las agresiones y luego lo dejaron en libertad. (Para conocer más sobre este caso consulte http://flip.org.co/es/content/detenci%C3%B3n-ilegal-de-reportero-guatemalteco-por-parte-de-polic%C3%ADas-de-la-guajira ).

Germán Madera

31 de marzo. Germán Madera, periodista del diario Montería al Día, fue detenido por dos Policías de la estación de Buenavista mientras registraba el paro armado que impuso el Clan Úsuga en Córdoba. Madera fue trasladado a la estación de Policía y allí borraron el material de la cámara en el que aparecían los oficiales. En su momento, el intendente sostuvo que no hubo ninguna agresión contra el periodista, ni eliminación del material periodístico. (Para más información consulte http://flip.org.co/es/content/detenci%C3%B3n-ilegal-de-reportero-guatemalteco-por-parte-de-polic%C3%ADas-de-la-guajira ).

Alejandro Buitrago

6 de junio. Alejandro Buitrago, periodista de Canal Capital, estaba haciendo un reportaje sobre el plan retorno en la vía La Mesa-Mosquera. El oficial de la Policía Giovanny Sierra se acercó, intimidó al periodista y le advirtió que solo podía grabar con su permiso. Después de identificarse, Buitrago grabó los insultos y agresiones de los que fue víctima. El intendente le dañó parte de sus equipos y le dio una fuerte golpiza con ayuda de otros patrulleros que se encontraban en el lugar. Al otro día de la agresión, se anunció la suspensión del intendente y la apertura de investigación disciplinaria. (Para conocer más detalles visite http://flip.org.co/es/content/periodista-de-canal-capital-fue-agredido-por-un-oficial-de-la-polic%C3%ADa ).

Víctor Ballestas y David Romero

4 de agosto. Ballestas y Romero, equipo del Noctámbulo de CityTV, estaban cubriendo la ciclovía nocturna en el centro de Bogotá. Cuando se acercaron a grabar un arresto, uno de los policías golpeó al camarógrafo. En ese momento los reporteros fueron detenidos y golpeados mientras Ballestas continuaba grabando. En la estación donde intentaban judicializar a los periodistas, Ballestas mostró los videos que varios ciudadanos le habían enviado a su celular y los oficiales tuvieron que ofrecer disculpas y dejarlos en libertad. La Policía Nacional anunció la apertura de la investigación disciplinaria contra los uniformados.

Posteriormente, los periodistas Víctor Ballestas y David Romero fueron víctimas de amenazas después de denunciar a policías que los agredieron y se han presentado anomalías en el proceso que lleva la Fiscalía contra los oficiales. (Si quiere conocer más detalles sobre el caso consulte los siguientes links: http://flip.org.co/es/content/contin%C3%BAan-las-presiones-contra-los-periodistas-de-city-tv y http://flip.org.co/es/content/excusas-insuficientes-sanciones-pendientes ).

Óscar Mejía

16 de diciembre. Oscar Mejía, periodista de El Informador de Santa Marta, se acercó al conductor de una camioneta que se había estrellado. Uno de los oficiales de Policía que estaba atendiendo el accidente le dijo al conductor "no le diga nada que ese es periodista y ellos desinforman". En ese momento Mejía y los uniformados empezaron a discutir.

Cerca de las 10 de la mañana los policías detuvieron a Mejía, lo trasladaron a la URI para iniciar proceso judicial por agresiones contra funcionarios públicos. El Fiscal del caso lo tuvo retenido hasta la madrugada del día siguiente a pesar de la solicitud de liberación que hizo la coronel Vallejos.

Un nuevo agresor recurrente: los particulares

Uno de los agresores más frecuente durante este 2016 fueron los particulares, quienes cometieron 41 ataques contra la prensa, casi un 20% de los registrados por la FLIP durante este año. Estas fueron las situaciones en las que más se presentaron agresiones:

5 horas retenidos en Puerto Cachicamo, Guaviare.

El 16 de agosto de 2016 el equipo periodístico de Los Informantes, de Caracol Televisión, viajó al corregimiento de Puerto Cachicamo para hacer un especial sobre la Carretera marginal de la selva. Cuando estaban registrando las imágenes, tres hombres que se presentaron como miembros de la Junta de Acción Comunal les impidieron continuar con la grabación en un espacio público. Otras personas de la comunidad se agruparon y les pidieron de forma amenazante el material obtenido durante la visita.

Cuando el equipo decidió dejar la zona, les obstruyeron el paso del vehículo y los detuvieron por cinco horas. La situación terminó cuando los reporteros firmaron bajo presión un documento en el que indicaban que no estuvieron retenidos y que entraron al corregimiento sin el permiso de la comunidad. (Conozca más en http://flip.org.co/es/content/comunidad-de-puerto-cachicamo-guaviare-restringe-la-libertad-de-prensa ).

Paro agrario, manifestantes contribuyen a la censura

Durante el paro agrario que se impuso en el país durante las últimas semanas de mayo y las primeras de junio, miembros de organizaciones campesinas e indígenas cometieron 9 agresiones contra la prensa. Uno de los casos más graves se presentó en el Cauca. El 31 de mayo, algunos manifestantes le impidieron tomar fotos a Oswaldo Pérez, editor de fotografía del diario El País, y lo rociaron con gasolina. Además, el vehículo en el que se transportaba fue apedreado.

Los demás hechos se presentaron en el occidente de Caldas, en el Cauca, Meta, Valle del Cauca, Cesar y Arauca. En estos departamentos se presentaron agresiones y obstrucciones a la labor periodística. (Para conocer más detalles de las agresiones consulte http://flip.org.co/es/content/en-medio-del-paro-agrario-se-presentan-obstrucciones-y-agresiones-contra-la-prensa ).

Paro de transportadores

Durante el paro de transportadores que vivió el país en el mes de julio, la FLIP registró cinco agresiones contra la prensa por parte de miembros de este gremio. Boyacá fue uno de los departamentos donde se presentaron más obstrucciones al trabajo periodístico. La mayoría de agresiones, sumadas a los intentos de hurto de los equipos, ocurrieron sobre la vía Sogamoso-Tunja. (Si quiere conocer en detalle los casos puede visitar el siguiente link http://flip.org.co/es/content/carta-abierta-las-agremiaciones-camioneras ).

Los funcionarios y su interés por la eliminación de contenidos

Tania Guevara, la censura del secretario general del Senado Gregogio Eljach

El miércoles 16 de marzo la periodista Tania Guevara asistió a la presentación del proyecto de ley que pretende declarar el acceso al agua como un derecho fundamental. Entre las imágenes que tomó la reportera había tres fotos del secretario general del senado, Gregorio Eljach, escribiendo mensajes de textos en su celular. Al notarlo, el funcionario le pidió a sus guardaespaldas que formatearan la memoria, requisaron a Guevara, revisaron su documentación y se quedaron con una fotocopia de su cédula. Después de tres horas le permitieron abandonar el recinto, pero no le devolvieron la memoria de la cámara. (Para conocer más detalles visite http://flip.org.co/es/content/flip-llama-la-atenci%C3%B3n-sobre-eliminaci%C3%B3n-de-fotos-period%C3%ADsticas-en-el-congreso ).

Alexander Madrid, el concejal que se quedó con la cámara de Nortevisión

El 27 de octubre, Luz Marina Rodríguez y Marcos Soto, periodistas de Nortevisión, estuvieron en el Concejo de Montería haciendo tomas de apoyo en las que aparecía el concejal Alexander Madrid. Cuando el funcionario notó que lo estaban grabando, reaccionó de manera agresiva y les quitó la cámara a los reporteros. Al cierre de este informe, la cámara continúa en poder del concejal. (Si desea más información puede consultar http://flip.org.co/es/content/concejal-de-monter%C3%ADa-retiene-material-period%C3%ADstico-del-equipo-informativo-de-nortevisi%C3%B3n ).

Liliana Rincón, la contratista de Ibagué que copia información de forma ilegal

El 4 de octubre de 2016 la periodista de Cambio In, Paola Martínez, fue víctima de intimidaciones y agresiones por parte de Liliana Rincón, contratista de la actual administración. La reportera se encontraba en la alcaldía y Rincón le dijo “usted no sabe en el problema que está metida conmigo, parce”. Cuando Martínez comenzó a grabar las agresiones de las que estaba siendo víctima, Rincón le sujetó el brazo y le arrebató el celular. La periodista puso la situación en conocimiento de la Policía y del Personero Municipal, quien logró recuperar el equipo.

Al revisar el celular, Martínez notó que Rincón había eliminado el video de la agresión y que, además, había revisado sus cuentas de Whatsapp, Facebook, correos electrónicos y demás información personal. Luego, el martes 18 de octubre, cuando Martínez estaba de nuevo en la Alcaldía, Rincón se le acercó y en voz baja le dijo que tenía en su poder toda la información que había extraído de su celular. La agresión de Rincón se dio luego de que Martínez publicara un artículo en el que se hace una crítica al trabajo de la funcionaria. La nota, además, estaba acompañada de fotos en el lugar de trabajo de Rincón que la tenían muy molesta.

Irregularidades desde entidades oficiales y sus representantes

Las estigmatizaciones de Álvaro Uribe, el funcionario que desconoce sus obligaciones como garante de la libertad de prensa

El 29 de marzo el senador Álvaro Uribe Vélez publicó la siguiente estigmatización a través de Twitter en contra del periodista Yohir Akerman: “Johir Akerman, desteñido militante del ELN que busca notoriedad con la honra de los míos y la personal”. Los señalamientos se hicieron luego de que el columnista escribiera un artículo sobre los presuntos vínculos del exmandatario con el narcotráfico.

En la edición de abril de Revista Semana, Daniel Coronell publicó una columna titulada “La criminalización del que investiga” en la que hace referencia a la estigmatización de la que fue víctima Akerman. Luego de la publicación del artículo, el senador del Centro Democrático atacó de nuevo a Coronell asegurando que tenía vínculos con el narcotraficante extraditado, Pastor Perafán.

El 29 de julio Uribe presentó una rectificación respecto a las afirmaciones que hizo en 2014 en las que señaló a Hollman Morris y al Canal Capital de tener vínculos con terroristas y ser afines a las Farc.

En diciembre la Corte Suprema de Justicia se negó a investigar a Uribe por los delitos de injuria y calumnia, luego de la denuncia interpuesta por Daniel Coronell en 2010. Sin embargo, el alto tribunal advirtió “El lenguaje agresivo es una manifestación de violencia. Y usado por un líder político en cualquiera de las redes sociales puede llegar a ser identificado por alguno de sus seguidores como una invitación, o por lo menos como una autorización velada al uso de la violencia física contra el destinatario del trino o del discurso descalificador”.

La comunidad del anillo, el tema que desapareció de la agenda

El 18 de febrero la periodista Vicky Dávila renunció a la dirección de La FM de RCN después de que divulgara un video íntimo de terceros aparentemente relacionado con un caso de corrupción en la Policía, denominado “La comunidad del anillo”.

A raíz de esta investigación, Vicky Dávila y otros periodistas recibieron amenazas de muerte y fueron víctimas de interceptaciones ilegales. Este hecho demostró que el tema generaba un alto riesgo para los reporteros y, quizá por la salida de la periodista de la FM, ocasionó la autocensura frente a este tema por parte de los demás periodistas.

Javier Osuna: un caso de persecución y hostigamiento

Durante el 2016 el periodista Javier Osuna fue víctima de varias agresiones. En su esquema de seguridad dispuesto por la Unidad Nacional de Protección se presentaron algunas irregularidades que elevaron su situación de riesgo. En este año, le robaron un maletín que contenía una USB y un celular de la UNP, forzaron las chapas de su oficina, lo estuvieron siguiendo en repetidas ocasiones y uno de sus escoltas lo fotografío e informó de sus movimientos a terceros. (Si desea conocer más detalles sobre el caso visite el siguiente link: http://flip.org.co/es/content/preocupaci%C3%B3n-de-la-flip-por-hechos-en-el-esquema-de-protecci%C3%B3n-del-periodista-javier-osuna ).

Yopal, la ciudad en la que no se permite criticar a la administración

De las 12 agresiones que se presentaron en Casanare durante el 2016, 11 ocurrieron luego de que los periodistas denunciaran hechos de corrupción por parte de la administración de Yopal. Los reporteros fueron víctimas de cinco amenazas, dos estigmatizaciones, dos agresiones, una obstrucción y un atentado contra la infraestructura de un medio de comunicación. La FLIP emitió tres comunicados solicitándole a Jhon Jairo Torres (conocido popularmente como ‘John Calzones’), Alcalde de la ciudad, que moderara sus señalamientos y el de sus funcionarios contra los periodistas. A pesar de estas peticiones, el mandatario justificó sus ataques en los contenidos de los medios. Las actuaciones de Torres demuestran el desconocimiento de su deber como funcionario público de garantizar un ambiente favorable para el oficio periodístico, a pesar de que estos sean críticos a su gestión.

Sin licencias para informar, se pierde la pluralidad

Según reporteros de la región, al menos cinco emisoras de la capital chocoana no tienen licencias para transmitir. Esto se debe a que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) no ha abierto licitaciones para otorgar los permisos que les permitan a los gerentes de los espacios radiales operar legalmente. Esta situación afecta gravemente la libertad de información en la región pues cierra la posibilidad de que las audiencias tengan más medios que les permitan están bien informados.

Adicionalmente, debilita la pluralidad de información y de opiniones que deben ser ideales en toda comunidad democrática.

Internet, otra plataforma de censura.

Icetex te arruina

ICETEX ha sido altamente criticada por los estudiantes receptores de los créditos por sus altas tasas de interés. Para exponer estas críticas, un grupo de jóvenes creo el sitio web “Icetex te arruina” (www.icetextearruina.com). En marzo de 2016, el sitio web fue bloqueado por GoDaddy (empresa proveedora de servicios de almacenamiento) por solicitud de ICETEX, la cual alegaba, sin fundamento, que la página estaba haciendo uso ilegal de su marca. A la fecha, el sitio continúa bloqueado. (Para más información ir a: http://flip.org.co/es/content/bloqueo-de-p%C3%A1gina-web-por-solicitud-del-icetex-es-una-forma-de-censura ).

Solicitudes de eliminación o bloqueo de artículos periodísticos

En 2016, hubo un aumento significativo en las solicitudes de eliminación o bloqueo de artículos periodísticos en Internet, en las que se argumenta que el paso del tiempo hace que la información publicada sea obsoleta o irrelevante. En el primer semestre del año, se informó ampliamente en los medios de comunicación sobre el escándalo que involucraba a varios médicos en la realización de cirugías plásticas mal practicadas o sin los títulos académicos necesarios. Pocos meses después, la FLIP documentó las solicitudes de once de estos médicos a seis medios de comunicación para que se eliminaran artículos publicados en Internet. Dos de los medios han retirado los contenidos. (Para más información ir a http://flip.org.co/es/content/la-ley-de-protecci%C3%B3n-de-datos-no-justifica-la-censura ).

La actuación dudosa de Canal Capital durante el inicio de la nueva administración

En los primeros días del mes de febrero de 2016, la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP - recibió una denuncia sobre el bloqueo de cuatro videos de Canal Capital en YouTube. Según la información recibida, los videos –producidos, financiados y publicados por el canal- fueron retirados durante las primeras semanas del mes de enero, fechas que coinciden con el cambio de administración en la Alcaldía de Bogotá.

El 11 de febrero, la FLIP intentó acceder a los cuatro videos de Canal Capital. El contenido estaba restringido y daba el siguiente anuncio: “el usuario ha suprimido este vídeo, disculpe las molestias”. Si la consulta a dichos enlaces se realiza hoy, la notificación cambia por “Este vídeo no está disponible”. Por su parte, Montenegro respondió a la FLIP el 24 de febrero que “Canal Capital no ha ordenado… la supresión de ningún contenido audiovisual en sus canales virtuales de Youtube”.

(Para más información consulte: http://flip.org.co/es/content/actuaciones-dudosas-por-parte-de-la-alcald%C3%ADa-de-bogot%C3%A1-y-canal-capital-en-youtube ).

Superintendencia de Industria y Comercio censura a Educar Consumidores

Educar Consumidores es una organización dedicada a investigar temas relacionados con los hábitos de consumo que afectan la salud humana y el medio ambiente. En desarrollo de su labor, Educar Consumidores publicó en 2016 una pieza publicitaria televisiva en las que se advertía sobre las consecuencias negativas asociadas al consumo excesivo de bebidas azucaradas.

Luego de una denuncia presentada por Postobón, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó que Educar Consumidores cesara inmediatamente la difusión del comercial. Lo preocupante de la decisión es que la SIC además ordena que, en el futuro, cada vez que Educar Consumidores pretenda transmitir piezas sobre el consumo de bebidas azucaradas, éstas deben ser remitidas para aprobación previa de la SIC. Tal orden constituye censura previa, la cual está terminantemente prohibida en Colombia

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