“Diego Javier Cadena Ramírez realizaba gestiones en favor de los intereses judiciales del expresidente Álvaro Uribe, hecho que no fue objeto de controversia y que además se encuentra acreditado a través de pruebas testimoniales”. Con esa frase certera, el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, declaró culpable del delito de soborno en actuación penal el pasado 15 de agosto al exabogado de Álvaro Uribe Vélez.
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La misma conducta por la que quien fue su cliente y líder natural del partido Centro Democrático fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria hace solo tres semanas por otra jueza de Bogotá. La justicia definió que ambos hicieron parte de una red para torcer testigos y limpiar versiones que vinculaban al exmandatario y a su familia con paramilitares en Antioquia.
Los abogados Cadena y Salazar eran casi desconocidos en los círculos de juristas de Colombia. El primero, criado en el Tuluá (Valle del Cauca) defendía a narcotraficantes y adelantaba procesos de criminales extraditados en Estados Unidos. En 2016 se conoció con Uribe Vélez, según versiones entregadas por testigos del caso del expresidente, luego de buscarlo para darle información sobre un supuesto “complot” de exintegrantes del cartel del Valle, para relacionarlo con paramilitares.
Para 2018, cuando la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe Vélez por posible manipulación de testigos en un intento por borrar los señalamientos de su posible relación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Cadena se convirtió en pieza clave para el expresidente, al ofrecer sobornos y beneficios jurídicos a exparamilitates que desmintieran esas versiones.
En contexto: Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, fue condenado por soborno en actuación penal
Allí empezó a perfilarse uno de los dos hechos criminales por los que Cadena tiene ahora una condena encima. Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel La Picota de Bogotá y considerado el testigo estrella de la Fiscalía en el expediente contra el expresidente, ya le había hablado a la justicia sobre los presuntos vínculos de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez con paramilitares.
El 22 de febrero de 2018, según lo reseñó el juez Moreno, Cadena visitó a Monsalve en el penal y le ofreció beneficios jurídicos para que cambiara la versión sobre la familia Uribe ante la justicia. Esa reunión era la punta del hilo en una extensa red de presiones para que el testigo engañara a la justicia y favoreciera al expresidente. Por ello, Cadena fue imputado en 2020 y condenado el viernes pasado por soborno en actuación penal.
La Fiscalía les imputó a Diego Cadena y a Juan José Salazar, también en 2020, un segundo delito: fraude procesal. Ese señalamiento estaba relacionado con la misma red que pretendía torcer a testigos a favor de Uribe Vélez y en contra del senador Iván Cepeda, opositor político del expresidente.
El punto de partida para que el ente investigador formulara ese cargo fue la información que indicaba que Cadena habría intentado presionar a Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, no solo para que declarara a favor del expresidente, sino que además convenciera a otros exparas de hacer lo mismo. Cadena, según la Fiscalía, le habría ofrecido $200 millones a cambio de esa operación. A pesar de que el expresidente Uribe sí fue hallado culpable como el determinador de ese plan, Cadena y Salazar, quien trabajaba para él, fueron absueltos.
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Las múltiples presiones para torcer a Monsalve
Sobre el primer hecho criminal por el cual el juez Moreno declaró culpable a Cadena, el expediente y la decisión del togado señalaron que el abogado no actuó solo, sino que presionó al hombre con el apoyo del secuestrador Enrique Pardo Hasche, también preso en la cárcel La Picota. “Desde 2017, Enrique Pardo Hasche le insistía (a Monsalve) para que se retractara para ‘sacar en limpio a Uribe Vélez’ y que recibiera a una ‘persona importante’ con quien tratar dicho asunto”, dijo el juez.
Se refería a Cadena, quien a mediados de noviembre de 2017, empezó a buscar a Monsalve personalmente e intentó visitarlo en febrero de 2018 en La Picota. En esa oportunidad, por no conocerlo, Monsalve se negó a recibirlo. Fue hasta agosto de 2018 que Monsalve volvió a tantear la situación e intentó hablar con el exparamilitar en la cárcel.
El camino para esa visita, reseñó el juez, fue preparado por un hombre a quien Monsalve sí conocía: el también exparamilitar Carlos Eduardo López Callejas, alias “Caliche”. Desde Neiva, su viejo amigo lo contactó en al menos tres oportunidades con un solo objetivo: que grabara un video para retractarse de su versión sobre los nexos de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez con paramilitares, a cambio de beneficios jurídicos.
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El 22 de agosto de 2018, finalmente Monsalve accedió a atender a Cadena en una reunión dentro de la cárcel y en la que también participó Pardo Hasche. El objetivo de la reunión, en palabras del togado, fue concreto: “Diego Cadena le ofreció la revisión de su proceso, a cambio de firmar un documento en el que se retractara de sus anteriores declaraciones”, que relacionaban a los Uribe Vélez con las AUC.
El juez Moreno argumentó que los testimonios y las pruebas recolectadas, entre ellas las grabaciones hechas con el reloj espía usado por Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, durante reuniones que sostuvo con Cadena y que también fueron incluidas en el expediente del caso de Uribe Vélez, eran lo suficientemente creíbles y firmes para declarar a Cadena responsable por el primer cargo.
“El despacho encuentra acreditado que Diego Cadena actuó en común acuerdo con Enrique Pardo Hasche y le ofreció a Juan Guillermo Monsalve un recurso de revisión a cambio de su retractación”, dijo el juez. Y agregó que esa actuación fue con dolo, pues aunque Monsalve no tenía interés de retractarse de lo dicho sobre Uribe Vélez, Cadena lo presionó. “Se impone fallo condenatorio contra el abogado Diego Cadena como coautor del delito de soborno en actuación penal”, declaró el juez tercero penal.
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Las verdades escasas de alias “Víctor”
El segundo hecho investigado por la Fiscalía y en el cual Monsalve y Salazar habían sido imputados por el delito de fraude procesal, fue el de las presuntas promesas económicas a Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, para lograr versiones que limpiaran el apellido de los de los hermanos Uribe. El mismo hecho hacía parte del expediente del expresidente. La jueza Heredia halló razón para confirmar que entre los paramilitares a los que “Víctor” intentó torcer estaban alias “Fosforito”, “Racumín”, “Jopra” y “Diana” (quien recibió un pago).
“Víctor” le contó a la justicia la verdad sobre los sobornos de Cadena, porque este no le pagó los $200 millones que le había ofrecido inicialmente. Solo le pagó $26 millones y la jueza del caso Uribe aceptó esa versión. Sin embargo, en el caso de Cadena y Salazar, el juez Moreno no las consideró lo suficientemente contundentes para condenarlos.
En la línea del testimonio de “Víctor” que retomó el juez, apareció el capítulo de los supuestos envíos de dinero a través de María Elena Vélez, hermana del exparamilitar, como parte del pago inicial pactado con el abogado Cadena. El togado reseñó que, según el relato de la mujer, el abogado Cadena la llamó para decirle que le giraría unos “detallitos”, pero que “nunca utilizó expresiones como ayuda humanitaria ni soborno”.
Agregó también que fue en ese momento en el que apareció el nombre del abogado Juan José Salazar, el segundo procesado en este mismo caso y el único que salió bien librado. Rodolfo Echeverri García, quien era mensajero en la oficina de Cadena, le habría consignado a la mujer, por orden de Salazar, al menos $58 millones entre diciembre de 2017 y julio de 2018.
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En principio, el juez señaló que “Víctor” fue claro en sus declaraciones y preciso en las fechas que relacionaban los acercamientos con Cadena entre 2017 y 2018. Su versión oral también fue contrastada con la información de una agenda personal del exparamilitar, de la cual algunos apartes fueron tomados por el juez como parte de las pruebas del caso.
El palo en la rueda para comprobar ese hecho fueron las argumentaciones de la defensa de Cadena y Salazar, liderada por el abogado Iván Cancino. Según el jurista, los testimonios de este hombre no fueron lo suficientemente fuertes como para declarar la culpabilidad, los movimientos de dinero no se pudieron relacionar con pagos de sobornos y el perfil cuestionable de “Víctor”, al haber hecho parte de las AUC, le restaba credibilidad a su versión.
“Vélez incurrió en serias contradicciones y realizó afirmaciones que no fueron corroboradas con otros elementos de prueba debidamente incorporados al proceso. Esto sumado a que su credibilidad fue seriamente cuestionada”, concluyó el juez Moreno.
Finalmente, absolvió a los abogados Cadena y Salazar por duda razonable de su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, relacionados con las “ayudas humanitarias” ofrecidas al exparamilitar alias “Víctor”, quien tendría la misión de convencer a otros hombres que habían estado en las filas de las AUC para que hablaran a favor de Uribe Vélez. “Al igual que frente al soborno en actuación penal, surge una duda razonable sobre la configuración del punible de fraude procesal”, concluyó el togado.
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Tras más de cinco horas de audiencia, el juez dejó claro en primera instancia que, igual que lo definió la jueza Heredia, Uribe Vélez y Cadena, las dos personas condenadas hasta el momento por la red de soborno a testigos, hicieron parte de un mismo plan y tuvieron una relación innegable a los ojos de la justicia.
“Con sus carencias intelectuales, se le presentó a Diego Javier Cadena Ramírez la expectativa de tener la oportunidad de escalar a una posición de poder y prestigio profesional, frente al hombre más poderoso del país”, dijo Heredia el 28 de julio, en el caso de Uribe Vélez.
Salazar quedó libre de cargos por ahora; la Fiscalía pidió que se condene a siete años de prisión a Cadena y que se hiciera efectiva la orden de captura de inmediato, como la del expresidente. El juez negó la segunda pretensión y el abogado estará libre, al menos hasta el 30 de septiembre de este año, cuando se conozca el monto de su sentencia.
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Por Gustavo Montes Arias
