Los puntos clave de la respuesta de Ramos a la Corte Suprema por su condena

Luis Alfredo Ramos CRISTIAN GARAVITO

El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, fue condenado a 95 meses de prisión, casi ocho años, por parapolítica. La decisión fue tomada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema al encontrar que Ramos hizo alianzas con grupos paramilitares para financiar sus campañas políticas. Tras conocer la condena, el político se pronunció en sus redes sociales diciendo que apelará la decisión al considerarla injusta porque vulnera sus derechos.

“Soy inocente”, fue como Luis Alfredo Ramos inició su respuesta a la decisión de la Corte. Así mismo, el exgobernador aseguró que la condena en su contra se debe a que alto tribunal había aceptado, según él, testimonios de falsos testigos en el caso. Igualmente, el político aseguró que esta determinación de la Corte Suprema no solo lo afecta a él, sino también a toda su familia.

Los “falsos” testigos y el salvamento de un magistrado

“He sido víctima de falsos testigos cuyas declaraciones han dado lugar a una decisión en primera instancia”, aseguró Luis Alfredo Ramos en su comunicado. Por esa misma línea iba el magistrado, Jorge Emilio Caldas, quien fue el único de los tres togados de la Sala que se opuso a la condena contra Ramos. Según el jurista, en el proceso contra el exgobernador de Antioquia hubo testigos que se retractaron de sus declaraciones, por lo cual, según él, no se podrían tener en cuenta para juzgarlo.

En sus argumentos, el magistrado Caldas dijo que en el caso del exparamilitar Juan Carlos El Tuso Sierra —cuestionado también por la Corte Suprema por sus testimonios en el caso contra Álvaro Uribe—, aseguró haber aportado $10 millones a la campaña de Ramos entre 1998 y 2002, en su aspiración al Senado. Aún así, el togado consideró que este no debía ser válido porque nunca se dio una fecha exacta del supuesto hecho. A su vez, Diego Bejarano, alias Don Berna, comandante del bloque Cacique Nutibara de las AUC, dijo en varias declaraciones no recordar ese aporte a la campaña electoral del exgobernador.

En su explicación, el magistrado Caldas también se refirió a los testimonios de Miguel Arroyave, alias Arcangel, quien fue procesado por falso testimonio en el caso de la exministra Nancy Patricia Gutiérrez; al de Carlos Enrique Areiza, quien dijo que Ramos tuvo contactos directos con los hermanos José Vicente y Carlos Castaño y que le habrían entregado dinero en efectivo para sus campañas. Así mismo, el togado habría descartado la veracidad de los testimonios de otros paramilitares y miembros del Ejército como el exsargento Jorge Eliécer Valle. Para Caldas y para Ramos, estos testigos no habrían aportado verdad al proceso que hoy tiene condenado al exgobernador.

El impedimento del magistrado ponente

Otro de los puntos mencionados por Ramos en su comunicado difundido por redes fue el impedimento que había presentado el magistrado ponente, Ariel Augusto Torres, el pasado 9 de septiembre. Según manifestó el exgobernador, Torres tenía una “evidente animadversión y ausencia de imparcialidad” para llevar su caso, con lo cual, según el político antioqueño se habría afectado el debido proceso.

A inicios de mes, el magistrado Torres manifestó su impedimento para seguir llevando el proceso en contra del exgobernador de Antioquia. El miembro del alto tribunal ya había sido separado del proceso en una ocasión, pero después se reintegró. La primera ruptura de Torres con el proceso se dio porque Ramos presentó una acción de tutela para separar al magistrado del caso por, supuestamente, haber filtrado o haber permitido que se filtrara parte del proyecto de fallo, en el que se planteaba una condena de 19 años de prisión.

En el reciente impedimento del togado, recurso negado en la Corte Suprema de Justicia, Torres había dicho: “mi ánimo puede estar alterado y con ellos afectar la imparcialidad con la que debo actuar en el desarrollo de mis facultades oficiales”. Aún así, el magistrado tuvo que seguir al frente del proceso cuando la Corte estudió su petición y dijo: “a pesar de que la Sala reconoce el valor y la solvencia moral del doctor Torres Rojas, al expresar esas circunstancias con el fin de aprestigiar la administración de la justicia no se observa el fundamento trazado por la jurisprudencia para admitir configuradas las causales de impedimento estudiadas”.

“El procesado debe ser absuelto”

Ramos en su respuesta también se valió del salvamento de voto del magistrado Caldas, quien a su parecer dijo que el exgobernador debería ser absuelto “bajo el entendido que en nuestro ordenamiento jurídico-penal se sanciona a la persona por sus actos y no por ser quien es”. Así mismo, dijo el condenado, que la Procuraduría y su propia defensa ya habían pedido esta absolución a lo largo del proceso.

Dentro del salvamento de Caldas, y repetido por Ramos en su respuesta, se habla de la absolución porque “igualmente se tiene claro que se condena sólo cuando el juez adquiera la certeza más allá de toda duda sobre la responsabilidad del procesado y que se debe absolver en caso contrario”. Ramos y Caldas coincidieron que la decisión de la Sala fue apresurada pues, según el magistrado, no se valoraron correctamente las pruebas presentadas y se valieron como ciertos los dudosos testimonios.

Por ahora, tras esta condena que se dio en el caso que llevaba más de 10 años, la defensa del exgobernador apelará esta decisión en segunda instancia el fallo que lo obliga no solo a ir a la cárcel sino a pagar una multa por $7.000 millones y una sanción que acaba con cualquier aspiración política: una inhabilidad vitalicia para ser funcionario público. El recurso de apelación sería revisado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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