El nombre del nuevo fiscal general de la Nación se conocerá este año, en medio de un trámite que ha resultado afectado por el proceso de votación. Aunque en diciembre pasado el presidente Iván Duque ternó ante la Corte Suprema de Justicia a sus candidatos (Clara María González, Camilo Gómez y Francisco Barbosa), las siete vacantes que hay allí han dificultado la elección del jefe del ente investigador. El número de votos que necesita el ganador o ganadora son 16, pero como es esa la cantidad de magistrados que conforman hoy la Sala Plena, se requeriría una votación unánime, que no es nada fácil. Entretanto, los balances y las herencias de Néstor Humberto Martínez y el fiscal encargado que lo sucedió, Fabio Espitia, ya se empiezan a hacer.
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En la rendición de cuentas de la Fiscalía, el 9 de diciembre pasado, Espitia dio un balance alentador y puso el retrovisor para agradecer al exfiscal Martínez, que renunció el 15 de mayo de este año. “Obviamente nos queda mucho por avanzar y vamos por buen camino. Tenemos que dejar la casa bien barrida para el que llegue”, señaló Espitia. El jefe interino de la Fiscalía resaltó los procesos de auditoría que se llevan con respecto a uno de los recientes escándalos en el interior del ente investigador: las interceptaciones ilegales que se han hecho desde el sistema Esperanza. “Tenemos que enfrentar toda la transparencia”, concluyó el alto funcionario.
El Espectador contactó a exfiscales generales, funcionarios activos y penalistas que conocen de las cuentas pendientes o por mejorar de la Fiscalía. Una de las principales: descifrar y revelar qué estaba sucediendo en las salas de interceptación del ente investigador. Jesús Albeiro Yepes, exfiscal y abogado que fue mencionado como supuesta víctima de las “chuzadas” (dos de sus clientes también) percibe que existirán garantías para los investigados solo hasta que se destape la supuesta red criminal que funcionaba en el búnker. “¿Quién va a tomar control sobre esto? ¿Quién puede garantizar que la Fiscalía haga bien sus cosas?”, cuestiona el abogado.
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Dos investigadores de la Fiscalía, que pidieron anonimato, coincidieron en señalar que desde hace mucho tiempo se conocía que algo andaba mal en las salas de interceptación y que allí había una empresa criminal que vendía en el “bajo mundo” estos servicios a empresas y bufetes de abogados. “Durante 25 años (desde que se fundó este organismo) nadie hizo nada para ver qué sucedía al interior de estas salas. No es fácil colar un número en el sistema de interceptaciones, sin embargo, los procedimientos de control y verificación de las líneas siempre son susceptibles de mejora”, puntualizó uno de los funcionarios, que lleva más de una década trabajando en la Fiscalía.
Para el abogado Fabio Humar, otro punto clave que debería abordar el nuevo fiscal es el desestímulo de la prisión preventiva: “Es imposible encontrar un delito que no venga con imposición de medida de aseguramiento. El próximo fiscal tendrá que entender que es una mala práctica que atenta contra los derechos de las personas, pero, sobre todo, contra las finanzas públicas. La Fiscalía pagó, entre 2011 y 2018, $1 billón por demandas estatales sobre privaciones injustas de la libertad”, señaló el litigante.
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El abogado Camilo Burbano, quien ocupó durante varios años importantes cargos en el ente investigador, coincide con Humar en otro punto: la Fiscalía debe mejorar los índices de éxito en juicios, pues está perdiendo cerca del 55 % de los casos que llegan a esa etapa. Sobre este punto, Espitia hizo una suerte de autocrítica en la rendición de cuentas: “Es un reto importante”. “Falta de coherencia a la hora de imputar y acusar. Además, en un proceso judicial se cambia en varias oportunidades. Eso denota una debilidad institucional y técnica de la Fiscalía. Esta debe ser más precisa, eficiente y selectiva”, aseguró Humar, quien fue fiscal durante más de cinco años.
Los abogados también coinciden en que la Fiscalía debe realizar una mejora sustancial en su infraestructura y una de las posibilidades que plantean es que, por medio de una alianza público-privada, se hagan salas y lugares de pasos para los detenidos “dignos”. Humar señala que grandes empresas pueden hacerse cargo de la construcción de edificios y el Estado pagar arriendo por su uso; así como por despachos de fiscales en otras zonas del país que no están en las mejores condiciones. “Incluso en Bogotá”, advierte Burbano, quien fue asesor del vicefiscal Jorge Perdomo y director nacional del Sistema Penal Acusatorio.
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En esa mejora de instalaciones y equipos, coinciden los abogados y funcionarios, debe estar Medicina Legal. Según ellos, la entidad cuenta con un presupuesto muy corto y “hace milagros” con la tecnificación que tiene. “Además del problema de equipos, también hay una falta de alcance de esta entidad (que está adscrita a la Fiscalía). En muchos casos, por la falta de personal, los expertos tienen que ser trasladados desde Bogotá al lugar de los hechos. Su participación en el esclarecimiento de los crímenes es fundamental”, aseguró Burbano.
De acuerdo con el abogado Mauricio Pava, es clave seguir avanzando en el tema tecnológico, aspecto que en la administración del exfiscal Martínez fue prioridad. Una muestra de ello fue la implementación de Prisma, un programa de predicción del riesgo de reincidencia criminal que busca apoyar a los fiscales al momento de solicitar prisión preventiva. “La Fiscalía tiene el reto de instaurar cultura y herramientas legaltech, de lo contrario sería obsoleta en el futuro. La tecnología al servicio del derecho es un reto, pero lo es más adoptar una cultura organizacional con sistemas de inteligencia artificial, agendas electrónicas, expedientes digitales y un límite de palabras en los escritos”, asegura Pava.
Otro abogado, que maneja procesos de los escándalos de Odebrecht y el cartel de la toga (y que pidió anonimato), dice, igual que Pava, que se debe erradicar la pena de “banquillo”. Es decir, los procesos que son llevados a juicios por su tinte de justicia mediática, pero que, al final, se terminan cayendo en juicio. Casos como los hermanos Uribe Noguera, la hija y el odontólogo de la fugada excongresista Aida Merlano son un claro ejemplo, sostiene el litigante. “De quitar esta modalidad depende la legitimidad de la institución”, manifiesta Pava.
El nuevo escenario de guerra que vive el país con las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Eln plantea otro reto a la Fiscalía a la hora de procesar a los actores armados. Humar señala que, durante la gestión de Martínez, los principios de oportunidad desaparecieron y que deben ser retomados como una herramienta para desarticular grupos criminales. Para Burbano, este mapa crea un mayor desafío a la hora de investigar en las zonas que fueron ocupadas por las Farc y ahora están en disputa por los grupos ilegales. “La Fiscalía siempre ha tenido un déficit de personal y los niveles del crimen la desbordan, por eso debe ser más eficiente”, concluye.