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27 Jul 2021 - 12:49 a. m.

Los siete componentes del Plan Nacional de Política Criminal

Se trata de la prevención del delito, la reducción del homicidio, la prevención en la violencia de género, erradicar el crimen organizado y prevenir la participación de los jóvenes en conductas al margen de la ley.
WILSON RUIZ OREJUELA
WILSON RUIZ OREJUELA
Foto: EL ESPECTADOR - LUIS ANGEL

Alrededor de siete pilares tiene el Plan Nacional de Política Criminal que fue aprobado este lunes por el Consejo Superior de Política Criminal. Este Plan que está bajo la administración del Ministerio de Justicia tiene como objetivo proteger los derechos de las personas que se encuentran en el territorio nacional, y enfrentar la criminalidad.

Este Plan Nacional es fruto de un proceso de construcción iniciado hace dos años, que incluyó más de cien reuniones de trabajo articulado y coordinado con todas las entidades que integran el Consejo Superior de Política Criminal, las cuales incluyen a la Rama Judicial, el Ministerio Público, el Congreso, y el Gobierno.

El Plan destaca siete acciones con las que pretenden hacerle frente a la criminalidad que ataca el país. La primera de ellas establece la prevención del delito y la reducción del homicidio; seguido de la prevención de violencias basadas en género; la disrupción del crimen organizado; la prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales; la humanización del sistema carcelario; la modernización de la acción estatal para combatir el crimen y la lucha contra la captura del Estado y la corrupción.

“Es por eso que hoy podemos afirmar que Colombia cuenta con una política de Estado para los próximos 4 años, que da una visión para la aplicación de una política criminal coherente, racional y garante de los derechos humanos” dijo el ministro de justicia Wilson Ruiz quien añadió que, entre otras cosas, el Plan también incluye acciones orientadas a la reconstrucción de los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa, la resocialización, entre otros.

El jefe de la cartera explicó que todos los lineamientos, acciones, productos y actividades contenidos en el documento atienden e integran enfoques transversales, partiendo de la base de que la sanción penal debe ser la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales.

“Por eso contempla un enfoque territorial, diferencial, restaurativo, focalizado en contra del crimen organizado para la transición a la paz, y restaurativo, que además propenda por el fortalecimiento de la legitimidad del Estado y de la confianza en las instituciones públicas”, resaltó el alto funcionario.

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