:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/sMUrvofS2Sr5-2wS-jyJB95YBSo=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/WO7ADLPB25AT3GTOSWUMVFUIVU.jpg)
Desde hace varios años, la justicia se ha visto torpedeada por los falsos testigos. Un panorama exacerbado desde que el escándalo de la parapolítica permitió a varios procesados del paramilitarismo manipular sus testimonios. El caso más reciente lo protagonizan Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, procesado por falso testimonio y fraude procesal, y su compadre Fremio Sánchez Carreño. Ambos con habilidad para dilatar a su conveniencia los señalamientos en su contra.
Aunque del Panadero se tiene conocimiento porque fue condenado a 28 años de prisión por el secuestro, tortura y ultraje sexual a la periodista Jineth Bedoya, el caso que lo une a Fremio Sánchez es distinto. Tiene que ver con los dudosos testimonios que ambos aportaron para que la justicia abriera investigaciones contra el defensor de derechos humanos y exdirigente de la Unión Patriótica (UP) David Ravelo Crespo y contra el excongresista liberal Aristides Andrade.
El origen del caso está ligado a las laxitudes de Justicia y Paz. Antes de que se permitiera que esta ley fuera extensiva a quienes estaban presos antes del accidentado proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, el Panadero llevaba nueve años detenido, procesado por su participación en el homicidio de siete civiles y la desaparición de 25 más, en hechos conocidos como la masacre paramilitar de Barrancabermeja, en mayo de 1998.
Sin embargo, a principios de 2008, cuando ingresó a Justicia y Paz, en vez de concretar confesiones por sus andanzas en el paramilitarismo, recordó que había sido guerrillero a finales de los años 80 y principios de los 90. Después de un súbito traslado a la cárcel de Itagüí, donde estaban presos los jefes paramilitares de Santander, Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, e Iván Duque, alias Ernesto Báez, resultó con señalamientos por el asesinato de un líder político de Barrancabermeja en 1991.
Según el Panadero, él participó en el homicidio del entonces secretario de Obras Públicas del puerto petrolero, David Núñez, perpetrado el 5 de abril de 1991. No obstante, agregó que el crimen fue planeado con los dirigentes David Ravelo y Aristides Andrade, contradictores políticos entre sí, pero declarados denunciantes del paramilitarismo en Barranca. En julio de 2009, el fiscal 22 especializado William Pacheco abrió investigaciones. El caso Andrade fue remitido a la Corte Suprema.
Al tiempo que Ravelo y Andrade comenzaban a enfrentar cargos en la justicia penal, el periodista Daniel Coronell sacó a relucir un dato inesperado: el fiscal Pacheco estaba inhabilitado para ejercer cargos en la Fiscalía, pues la Procuraduría lo había destituido en 1992 por su responsabilidad en la desaparición de un joven en Armenia, cuando ejercía como teniente de la Policía. Aun así, sus actuaciones contra Ravelo y Andrade, basadas en el testimonio de El Panadero, tuvieron eco judicial.
Entonces cobró importancia Fremio Sánchez Carreño, como principal validador de los testimonios de su compadre Mario Jaimes o el Panadero. Las declaraciones de ambos fueron claves para que David Ravelo fuera condenado a 18 años de prisión por el crimen de David Núñez. Hoy su caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En cuanto a Andrade, desde 2011 libra una dura pelea con la Corte Suprema de Justicia que lo juzga por los mismos hechos.
En su defensa, el excongresista Andrade denunció al Panadero en mayo de 2013 por falso testimonio. Entonces empezaron a aparecer detalles inéditos, como la declaración del abogado Pedro Niño, quien admitió que vio en la cárcel cómo Fremio Sánchez preparaba testigos para que mintieran. Otro declarante, Orlando Noguera, aseguró que el Panadero y Fremio le ofrecieron dinero y ayuda para ingresar a Justicia y Paz si secundaba sus señalamientos contra Ravelo y Andrade.
Finalmente, en agosto de 2014, el Juzgado Noveno Penal de Bucaramanga imputó cargos al Panadero por los delitos de falso testimonio y fraude procesal, respecto a sus declaraciones contra Ravelo y Andrade. Sólo que para esta época, ya Ravelo estaba condenado en dos instancias y Andrade, llamado a juicio por la Corte Suprema. En ese momento, el Panadero afrontaba un problema mayor: su llamamiento a juicio por el secuestro y ultraje sexual a la periodista Jineth Bedoya.
Así que rápidamente esgrimió su principal estrategia jurídica, atrincherarse en Justicia y Paz y aplazar su juzgamiento en el caso de la comunicadora. Argumentando que no tenía defensor de confianza o desinterés por aceptar uno de oficio, logró dilatar el caso varios meses. El 3 de marzo de 2016, sin otra opción ante las evidencias, aceptó su responsabilidad. Semanas después un juez lo condenó a 28 años de prisión. Sus cálculos judiciales comenzaron a desmoronarse.
Sin embargo, en el expediente por falso testimonio derivado del caso Ravelo y Andrade, ya había n puesto en marcha su estrategia de no dejarse procesar. El 11 de agosto de 2015, el Panadero tenía que comparecer ante el Juzgado Noveno de Bucaramanga, pero su defensa pidió aplazar. El 18 de enero de 2016 anunció que sus abogados habían renunciado. La audiencia se pospuso hasta el 16 de abril de 2016. Ese día tampoco prosperó, pues el abogado designado tenía una capacitación.
El juicio se reanudó el 2 de agosto de 2016, pero esta vez el Panadero manifestó que no aceptaba el abogado de la Defensoría del Pueblo. Se fijó nueva fecha para el 27 de octubre de 2016. Esta vez tampoco se pudo iniciar el juicio, porque el Panadero argumentó que no había podido hablar con su abogado. Entonces se pospuso para el 2 de febrero de 2017. Ese día arrancó la audiencia en su contra por falso testimonio y fraude procesal, que deberá continuar el 17 de abril.
De manera simultánea, lo mismo empezó a ocurrir con Fremio Sánchez. El pasado 23 de enero de 2017 fue citado por el mismo Juzgado Noveno Penal de Bucaramanga para imputarle cargos como falso testigo, pero él alegó que no iba a aceptar abogado de oficio de la Defensoría del Pueblo porque tenía uno de confianza. Después anunció que su abogado iba a ser el mismo del Panadero y el caso se pospuso hasta el 13 de marzo. Ese día tampoco fue posible, el abogado no acudió.
En otras palabras, quedó clara la estrategia conjunta del Panadero y Fremio Sánchez: dilatar su juzgamiento. Entre tanto, el dirigente de la UP David Ravelo ya va por su quinto año privado de la libertad, mientras que el excongresista Aristides Andrade es juzgado por la Corte Suprema, en audiencia que deberá reanudarse el próximo 17 de abril, irónicamente el mismo día que el Panadero tendrá que comparecer en el juicio que se le sigue por falso testimonio y fraude procesal.
Lo paradójico del asunto es que la Corte Suprema tiene ahora un dilema. En agosto de 2016, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá expulsó de esta jurisdicción al Panadero por faltar a la verdad y la Corte Suprema debe avalar o revocar esa decisión. Al mismo tiempo, decidir si condena o absuelve al congresista Aristides Andrade, juzgado por el testimonio del Panadero. El exparamilitar sigue preso en Bucaramanga; su compadre Fremio, en La Picota en Bogotá.