Los wayuu alertan a la ONU por riesgo frente al COVID-19 y calidad del aire

Por solicitud de las mujeres Wayuu que viven en medio de la angustia de tener a sus hijos enfermos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) presentó una comunicación urgente ante las relatorías de la ONU sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente; la especializada en derechos humanos al agua potable y el saneamiento; la especializada en el derecho a la alimentación y al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

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En la misiva alertan que la emergencia de salud pública por el COVID-19 agudiza la alta y grave vulnerabilidad de la comunidad indígena Wayúu del Resguardo de Provincial en la Guajira, en particular para sus niños a causa de la emisión de material particulado que produce la explotación de la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina que se ejecuta a menos de un kilómetro de su territorio.

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“Recientes estudios a nivel mundial desarrollados en el marco de la pandemia han mostrado una asociación entre la contaminación del aire con un incremento en tasas de mortalidad por COVID-19. Estos trabajos muestran que incluso un pequeño aumento de una sola unidad de material particulado de PM 2.5 aumenta el riesgo de problemas respiratorios que pueden ser fatales para pacientes con coronavirus”, señaló el Cajar por medio de un comunicado de prensa.

A esta preocupación, dice el colectivo de abogados, se suman informes internacionales que muestran que las minas alrededor del mundo son un punto crítico para la propagación del nuevo coronavirus. Los casos graves de COVID-19 devienen en enfermedades respiratorias que tendrían una mayor mortalidad en las personas con afecciones respiratorias de salud preexistentes como es el caso de la comunidad wayuu de Provincial.

El asunto es tan delicado que, según la sentencia de la Corte Constitucional T-614 de 2019, las historias clínicas de la comunidad wayuu de Provincial y un informe de la Secretaría de Salud y Sanidad Pública Municipal de Barrancas revelan que existe una preocupante incidencia negativa y recurrentes afecciones en el funcionamiento del sistema respiratorio de los integrantes de la comunidad.

Luego de un extenso debate, la Corte comprobó las serias afectaciones a la salud que antes de la pandemia ya padece esta comunidad wayuu entre las que se incluyen “riesgo de alteraciones a nivel celular, cáncer, neumonías bacterianas no especificadas, neumocosis, bronquitis crónica, fibrosis masiva, asma mixta, asma bronquial, laringitis obstructiva aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), infecciones agudas no especificadas de las vías respiratorias inferiores y otras infecciones agudas de “sitios múltiples de las vías respiratorias superiores e inferiores”.

La Corte agregó que “el material probatorio del expediente permite concluir que las afirmaciones de la comunidad no son denuncias sin soporte alguno, sino todo lo contrario, han sido diversas autoridades públicas, organizaciones e instituciones académicas que, en distintos períodos, han constatado la veracidad de las afectaciones alegadas.”

En la petición ante las distintas relatorías de la ONU se denunció como desde 2014 un informe sobre la crisis humanitaria en la Guajira, la Defensoría del Pueblo señaló que según declaraciones de las autoridades locales del municipio de Barrancas (lugar donde se ubica el resguardo Provincial) “el problema ambiental más relevante del municipio es la contaminación por emisiones de polvo a causa de la explotación de las minas de carbón del Cerrejón, las cuales afectan la salud de los habitantes”.

En ese orden, la solicitud advierte que ante la nueva evidencia científica sobre la caracterización de los riesgos de la pandemia es urgente y prioritario que en aplicación del principio de precaución se mantenga la suspensión de los tajos mineros aledaños a la comunidad de Provincial. Lo anterior, con el fin de que se adopten las precauciones, medidas proporcionales y evaluaciones necesarias para conjurar el riesgo de muertes y daños graves contra este pueblo indígena.

“El Estado colombiano está en obligación de brindar la protección y adoptar medidas eficaces en favor de esta comunidad, en particular de sus niños y niñas antes de seguir profundizando la alta vulnerabilidad de la situación en salud en la que se encuentran, por causa de la explotación minera, lo contrario con llevaría a tolerar el riesgo del exterminio de una etnia milenaria”, puntualizó el Cajar.