Luis Fernando Almario Rojas es un ingeniero eléctrico que se dedicó a la polticia, desde Caquetá. Fue diputado, llegó al Senado como suplente y, en 1994, se convirtió en representante a la Cámara por ese departamento. Permaneció allí hasta 2008, cuando las investigaciones por sus presuntos vínculos con las Farc lo llevaron a renunciar a su curul. Mientras la justicia investigaba las alianzas entre políticos y paramilitares, conocidas como parapolítica, su expediente abrió otra puerta en la que justicia poco ha avanzado: si un dirigente político se alió con la guerrilla para eliminar a sus competidores.
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Casi dos décadas después de su primera captura, su caso llegará al primer juicio por farcpolítica en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Almario, cuyo sometimiento fue aceptado en 2020, ha negado su participación en los crímenes. Por eso, su caso pasó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), encargada de investigar y acusar a quienes no reconocen responsabilidad. Este 1 de octubre, la JEP cerró la audiencia preparatoria y definió las pruebas que serán debatidas. Estas son las claves para entender qué se juzgará y cómo llegó el expediente hasta aquí.
¿Quién es Luis Fernando Almario?
Ingeniero electrónico y dirigente del Partido Conservador, Almario comenzó a consolidar su poder electoral en 1988, cuando fue elegido diputado de la Asamblea de Caquetá. Antes había trabajado en empresas del sector energético. En 1990 llegó al Senado como suplente del Movimiento Cívico Independiente y, cuatro años después, obtuvo una curul en la Cámara de Representantes, donde permaneció durante cuatro períodos. Su trayectoria coincidió con la disputa por el poder regional con la familia Turbay Cote, uno de los principales referentes del liberalismo en Caquetá. Hernando Turbay había ejercido ese liderazgo desde el Congreso y, después, sus hijos Rodrigo y Diego continuaron en la política. La pregunta que atraviesa el juicio es si Almario participó, junto con las Farc, en un plan para perseguir a ese movimiento y apropiarse del poder político en el departamento. Esa es la hipótesis de la acusación, que aún debe ser probada.
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¿Qué crímenes están detrás del proceso?
Lo que logró evidenciar la Unidad de Investigación, más conocida como la Fiscalía de la JEP, es la participación de Almario en un entramado criminal para acabar con el movimiento liberal más importante de Caquetá. El atentado más fuerte ocurrió en 2000. Era el 29 de diciembre, cuando la comitiva del entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Diego Turbay Cote, fue interceptada por la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, en el sitio La Gallera, cerca del municipio de Puerto Rico (Caquetá). El momento quedó encuadrado en las fotografías de la masacre como prueba irrefutable del horror de la guerra: cuerpos sin vida y con disparos de fusil regados por el piso, frente a la camioneta verde en que se transportaban.
Allí estaba Diego Turbay, junto a su madre, Inés Cote de Turbay. En ese atentado también fueron asesinados el arquitecto Jaime Peña Cabrera, el conductor Rafael Ocasiones Llanos, y los escoltas Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez y Dagoberto Samboní. No obstante, la situación de violencia en contra de la familia Turbay Cote comenzó mucho antes. El 16 de junio de 1995, un comando de las Farc secuestró a Rodrigo Turbay Cotem hermano de Diego, en Paujil (Caquetá). Él era el primer hijo en seguir los pasos políticos de sus padres, Hernando Turbay (de la misma familia del expresidente Julio César Turbay) e Inés Cote.
En aquellos años, mientras la guerra se expandió por el departamento, Hernando Turbay representó el liderazgo liberal con vocería permanente en el Congreso y un muro de contención a la expansión de las Farc. Tras su retiro, entró a la escena política su hijo, Rodrigo Turbay Cote, quien llegó a posicionarse como director nacional del partido liberal. En medio del secuestro de Rodrigo Turbay, en 1995, se conoció una carta de su puño y letra dirigida a su madre. Dos años más tarde, lo encontraron muerto en un río de Caquetá, el 3 de mayo de 1997. Al año siguiente, 1988, en Florencia, fueron también asesinados los periodistas de la emisora Voz de la Selva, propiedad de la familia Turbay, José Libardo Méndez y Carlos Julio Rodríguez.
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¿De qué lo acusa la UIA?
La UIA señala a Almario como presunto coautor del crimen de lesa humanidad de persecución, cometido mediante asesinatos, traslados forzosos y privaciones graves de la libertad. Según la acusación, el excongresista habría contribuido al diseño, la coordinación y la ejecución de un plan con integrantes de las Farc contra el denominado turbayismo.
Los señalamientos sobre esa supuesta alianza llevan años en los expedientes. Entre ellos está la declaración del exguerrillero Fernando Bahamón Céspedes, quien aseguró haber presenciado una reunión entre Almario y jefes de las Farc, como Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, durante la época de los diálogos del Caguán. Según su versión, allí se habló de una alianza para fortalecer la influencia de la guerrilla y de eliminar a los Turbay.
En 2011, Noticias Uno también divulgó un video en el que Mauricio Gareca y Rubén Polanco señalaron que Almario había entregado información sobre el desplazamiento de la familia hacia Puerto Rico. El excongresista ha rechazado esos testimonios y ha sostenido que es víctima de testigos falsos. El juicio deberá establecer si las pruebas respaldan la acusación, con la posibilidad de que la defensa las controvierta.
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¿Cómo llegó el caso de Almario a la JEP?
La JEP aceptó el sometimiento de Almario en 2020, al establecer que los hechos estaban relacionados con el Caso 01, sobre toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc. Durante sus versiones voluntarias de 2021, el excongresista negó su participación y mantuvo su posición de inocencia. Ante esa negativa, la Sala de Reconocimiento remitió el expediente a la UIA para su investigación y eventual acusación. No se trató de una expulsión de la jurisdicción, sino del paso a la ruta prevista para los comparecientes que no reconocen responsabilidad.
En este procedimiento, la acusación y la defensa presentan sus pruebas ante el Tribunal para la Paz, que debe decidir sobre la responsabilidad o inocencia del procesado. La UIA presentó un primer escrito de acusación en mayo de 2023 y una acusación consolidada en junio de 2024. La decisión del 1 de octubre de 2026 cerró la audiencia preparatoria, instalada en julio, y estableció qué pruebas podrán presentarse. No constituye una condena ni resuelve todavía los señalamientos contra Almario.
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¿Por qué el caso llegó a un juicio en la JEP?
La JEP autorizó 17 testimonios solicitados por la UIA. Entre ellos están los de Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel Redondo y Fabián Ramírez, antiguos integrantes de las Farc, así como el de Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote. También deberán declarar personas que hayan elaborado, coordinado o tengan conocimiento directo de los tomos del Informe Génesis de la Fiscalía, para explicar su metodología y resultados. La acusación contará, además, con documentos sobre las estructuras de las Farc, expedientes de la justicia ordinaria, declaraciones previas, protocolos de necropsia y registros relacionados con las muertes investigadas.
Para examinar los impactos sobre las víctimas, se incorporó el Informe de Macrovictimización de la UIA y se autorizó el testimonio de su investigadora principal. Almario también podrá declarar. Su defensa obtuvo autorización para presentar 21 testimonios, incluidos varios de los antiguos integrantes de las Farc citados por la UIA, y 44 documentos sobre resultados electorales, seguridad, actuaciones judiciales y hechos de violencia política. Además, llevará dos peritajes: uno sobre el comportamiento electoral en Caquetá y otro sobre la violencia contra líderes y simpatizantes de partidos y movimientos, centrados en el período entre 1994 y 2007.
¿Qué relación tiene este juicio con su condena por parapolítica?
Almario ya fue condenado por sus vínculos con grupos paramilitares. En 2016, la Corte Suprema de Justicia le impuso 10 años de prisión por concierto para delinquir. El alto tribunal concluyó que sostuvo alianzas con estructuras paramilitares que actuaron en Caquetá, entre ellas el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar. Ese antecedente corresponde a un proceso distinto. La condena por parapolítica no resuelve si participó en los crímenes atribuidos a una alianza con las Farc. Esa es la responsabilidad que deberá examinar ahora la JEP: si el dirigente conservador contribuyó a un plan de persecución contra sus rivales políticos y qué papel tuvo en los hechos que la UIA llevará al juicio.
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