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Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel y Fabián Ramírez están entre los antiguos integrantes de las Farc que declararán en el primer juicio por farcpolítica ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El acusado es el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, a quien la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) señala de haber participado en un plan de persecución política en Caquetá. Este 1 de octubre, la justicia transicional definió las pruebas que serán debatidas en ese proceso.
La decisión marca el cierre de la audiencia preparatoria, instalada el 22 y 23 de julio de este año. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad resolvió las solicitudes de la acusación, la defensa, los representantes de las víctimas y la Procuraduría. Desde que comenzó la investigación penal, Almario ha negado cualquier responsabilidad en los 30 hechos por los que está siendo procesado que incluyen bhomicidios, desplazamientos forzados y privaciones de la libertad.
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El caso examina presuntas alianzas políticas con la extinta guerrilla en el marco del conflicto armado, conocidas como farcpolítica. La acusación comprende 30 hechos que incluyen homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de la libertad. Entre ellos están los relacionados con el asesinato del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, el 20 de junio de 1996, y con la masacre de la familia Turbay Cote, en diciembre de 2000.
Según la teoría de la UIA, Almario habría hecho aportes al diseño, la coordinación y la ejecución de un plan de persecución. Por eso, lo acusa como presunto coautor del crimen de lesa humanidad de persecución, mediante asesinatos, traslados forzosos y privaciones graves de la libertad. Esa hipótesis deberá ser probada durante el juicio, en el que la defensa podrá controvertir los señalamientos y presentar sus propias pruebas.
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Para sustentar la acusación, la Sección autorizó 17 testimonios solicitados por la UIA. Además de Londoño, Toncel y Ramírez, declararán, entre otros, Rubén Darío Montoya, José Ezequiel Huegia Cruz, Omar Olaya Estupiñán y Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote. También deberán comparecer personas que hayan elaborado, coordinado o conozcan directamente los tomos del Informe Génesis de la Fiscalía, para explicar su metodología y resultados.
A ese conjunto se suman protocolos de necropsia, actas de inspección y levantamiento de cadáveres, registros de defunción, informes fotográficos y dactiloscópicos, declaraciones previas y expedientes penales. La Sección incorporó, además, documentos sobre el Secretariado de las Farc, el Bloque Sur, el Comando Conjunto Camilo Torres y la Columna Móvil Teófilo Forero, así como material de actuaciones adelantadas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
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La defensa, por su parte, podrá presentar 21 testimonios, incluido el del propio Almario. Varios de los antiguos integrantes de las Farc citados por la acusación, como Londoño, Toncel y Ramírez, también fueron solicitados por sus abogados. Entre los 44 documentos admitidos a petición de la defensa hay resultados electorales de Caquetá entre 1990 y 2007, informes de seguridad, intervenciones del excongresista en el Senado y registros sobre amenazas, atentados y violencia política.
También fueron admitidos dos peritajes de la defensa: uno sobre los resultados electorales del Congreso, la Gobernación, las alcaldías y la Asamblea de Caquetá, y otro sobre la violencia contra líderes y simpatizantes de partidos y movimientos políticos. Ambos deberán concentrarse en los hechos ocurridos entre 1994 y 2007. Otros 30 documentos, entre ellos publicaciones de medios, se incorporaron únicamente para contextualizar el ambiente político y de opinión pública, sin darles valor de prueba plena.
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Para abordar los impactos sobre las víctimas, la Sección admitió el Informe de Macrovictimización de la UIA y el testimonio de su investigadora principal, quien explicará su metodología y alcance. En cambio, las 11 solicitudes probatorias de la Procuraduría fueron inadmitidas porque no se sustentó adecuadamente su relación con los hechos del proceso o porque resultaban redundantes frente al material ya incorporado.
El expediente llegó a la JEP después de que la Corte Suprema remitiera el proceso relacionado con el secuestro y la muerte de Rodrigo Turbay Cote y los asesinatos de Diego Turbay Cote, Inés Cote de Turbay y otras personas. La jurisdicción aceptó el sometimiento de Almario en 2020. En sus versiones voluntarias de 2021, el excongresista negó su participación, y el caso pasó a la UIA para su investigación y eventual acusación.
La UIA presentó un primer escrito de acusación en mayo de 2023 y una acusación consolidada en junio de 2024. Con las pruebas ahora definidas, el juicio deberá esclarecer los hechos y determinar si los señalamientos contra Almario se sostienen frente a la defensa de sus abogados.
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