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16 Dec 2013 - 9:54 p. m.

Lupa a contratos en Contraloría

Seis hallazgos con posibles implicaciones penales y 36 con implicaciones disciplinarias hacen parte del documento.

Juan Sebastián Jiménez Herrera

La auditora Laura Marulanda y la contralora Sandra Morelli. / Archivo
La auditora Laura Marulanda y la contralora Sandra Morelli. / Archivo

Treinta y seis hallazgos con posibles implicaciones disciplinarias y seis más con posibles implicaciones penales hacen parte de un extenso informe de 206 páginas sobre presuntas irregularidades en la contratación de la Contraloría General de la Nación. El reporte, conocido por El Espectador, fue realizado por la Auditoría —ambos entes de control se vigilan mutuamente— y en éste se señalan gastos sin sustento alguno y supuestos favorecimientos a contratistas. Por ejemplo, se cuestionó el gasto de $6.802.849 en gasolina para dos camionetas que no hacen parte del parque automotor de esta entidad. La primera, de propiedad de la firma Invercad y la segunda, de la contralora Sandra Morelli.

La Auditoría advirtió que funcionarios de la Contraloría pudieron haber incurrido en el delito de peculado por estos gastos. De la misma forma se pusieron en entredicho las contrataciones de dos conductores de la contralora, Samuel Bejarano y José Manuel Sánchez, y una de sus asistentes: Amanda González. En virtud de estos contratos —firmados el año pasado— la Contraloría se comprometió a pagarles a los tres más de $73 millones por 11 meses y 15 días de trabajo, es decir, $6’348.000 mensuales a cada uno. La Auditoría estableció que un auxiliar administrativo, como los conductores, tiene un sueldo de $2’746.438 —es decir, una diferencia de $3’601.562 en favor de Bejarano y Sánchez—. En el caso de González la diferencia es de $2’475.052.

Para la Auditoría no hay claridad sobre estas contrataciones. Por eso señaló que “al ya existir estos cargos en la planta de la entidad, no debieron suscribirse los mencionados contratos”. Otro contrato bajo la lupa de la Auditoría fue el de la compra de 279 descansapies por un valor de $16’829.280. Según ese organismo de control, “las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos concuerdan exactamente con las del producto Descansapies Óptimo II”. Es decir, para la Auditoría este contrato sólo podía ser adjudicado a la firma que produce el mencionado producto. Una coincidencia que “configura irregularidad en la selección objetiva del contratista y un posible direccionamiento hacia éste”.

Por este caso, a juicio de la Auditoría, funcionarios de la Contraloría habrían incurrido en delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Un caso similar se ve en el contrato 413 de 2012 para la “prestación de servicios profesionales, el análisis, evaluación y seguimiento de las Políticas Públicas, a partir del Sistema Integrado de Control de Auditorías”, por un valor de $491 millones. En este proceso se incumplieron varias obligaciones debido a que “la selección del contratista no podía ser mediante la modalidad de contratación directa, sino de concurso de méritos”.

Además, “el contratista, a quien se le adjudicó este contrato, no cuenta con la experiencia en control fiscal”, sostuvo la Auditoría. Por esta razón, denunció un posible interés indebido en la celebración de contratos. Igualmente, la Auditoría advirtió supuestos favorecimientos a cuatro firmas que durante años han contratado con la Contraloría: la Fundación José Ortega y Gasset, Psicólogos Asesores, Piza & Caballero Consultores y Oportunidad Estratégica. El año pasado, estas cuatro empresas suscribieron 16 contratos por $4.245 millones. “Se evidencia un favorecimiento indebido hacia estos contratistas, toda vez que los diferentes contratos han sido tramitados mediante la modalidad de contratación directa”, aseguró el reporte.

Este diario intentó comunicarse con la contralora Morelli, pero al cierre de la edición no había sido posible entablar comunicación alguna. No obstante, Morelli ya se había pronunciado frente a varias críticas contenidas en este informe. En carta dirigida al procurador Alejandro Ordóñez, Morelli indicó que todas sus actuaciones han sido conforme a la ley, que ha sido abanderada de la política de ahorro y ejemplo de transparencia. “Fácilmente podrán advertir la austeridad con que la Contralora ha mantenido su seguridad (...) Al respecto, vale la pena mencionar que el nivel de riesgo de la contralora se equipara al del presidente, procurador y fiscal”.

Además, en la misiva al procurador, Morelli sostuvo que en el informe de la Auditoría “se presentan varios contratos que han sido esenciales dentro del proceso de modernización de la entidad —en el cual mi administración se ha empeñado— y sobre los cuales se hacen afirmaciones por parte de la Auditoría con temerarias imputaciones sobre interés y celebración indebida de los mismos”. En ese contexto, recalcó que “la Auditoría, al calificar la conducta de la Contraloría en la totalidad de los hallazgos penales y disciplinarios, excede su competencia al asumir roles que sólo le corresponden a la Procuraduría o a la Fiscalía”.

Por esa razón, la contralora Morelli —quien recusó a la auditora Marulanda, pues la considera su “enemiga”— se opuso a todos los hallazgos denunciados por la Auditoría, se declaró inocente de cualquier irregularidad y defendió su gestión con vehemencia. Al margen de este cruce de señalamientos, lo cierto es que desde hace rato la pelea entre Morelli y Marulanda terminó casada. Ambas defienden sus actuaciones y niegan que las rencillas hubieran saltado al plano personal. En todo caso, la Fiscalía y la Procuraduría tendrán que evaluar este reporte.

jjimenez@elespectador.com

@juansjimenezh

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