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Un contrato de obra por $6.000 millones, “para el suministro de materiales pétreos para la pavimentación de la red secundaria del departamento de Norte de Santander”, tiene enredados a tres poderosos de esa región: William Villamizar Laguado, actual gobernador; Édgar de Jesús Díaz, exgobernador y hoy senador de Cambio Radical, y Wílmer Carrillo Mendoza, representante a la Cámara por el Partido de la U. La génesis de este lío empezó el 14 de diciembre de 2009, durante la primera gobernación de Villamizar (2008-2011). Ese día su administración, por medio de Wílmer Carrillo, entonces secretario de infraestructura, suscribió el contrato 2083 por $4.000 millones, que favoreció a la empresa Trituradora La Roca. Después, sin justificaciones, el negocio tuvo una adición por $2.000 millones más.
De acuerdo con la Fiscalía, el contrato estuvo lleno de irregularidades, favorecimientos y problemas de ejecución y liquidación. De hecho, a Édgar Jesús Díaz —quien sucedió a Villamizar en la Gobernación entre 2012 y 2015— le correspondió liquidar ese negocio. Y, a pesar de haber sido leonino para los intereses de los nortesantandereanos, Díaz no dejó constancia de las anomalías. Por esa razón, un fiscal delegado ante la Corte, el 31 de octubre de 2017, les imputó a Édgar Díaz y William Villamizar —quien ganó nuevamente la Gobernación para el período 2016-2019— los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en favor de terceros por cuantía de $3.741 millones. Villamizar fue acusado y será la Corte Suprema la que adelante el juicio, aunque hoy sigue despachando como gobernador.
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Entre tanto, Édgar de Jesús Díaz obtuvo su curul como senador en marzo pasado y, aunque tenía una imputación encima, su expediente pasó a la Corte por ser aforado. Lo mismo ocurrió con Wílmer Carrillo, hoy representante a la Cámara. Los tres dirigentes políticos se han declarado ajenos a cualquier irregularidad, pero la Fiscalía desarrolló una investigación, que concluyó que ese negocio de suministro de materiales pétreos fue un desastre. Por ejemplo, el ente acusador criticó que, al suscribir el negocio, la Gobernación no tenía definidas las actividades para la utilización de ese material, las vías que quería intervenir ni la forma de ejecución del proyecto. Además, no hubo rigor en los estudios previos.
“El proyecto no definió las vías objeto de intervención, de manera que ninguna evaluación económica podía hacer la administración para hacer la estimación de los costos del contrato (…) Es claro que estas especificaciones responden solo a la necesidad de darles apariencia de legalidad a los pliegos de condiciones (…) El simple suministro de material es inútil, dada la futilidad y la impertinencia de comprar materiales sin saber dónde ni cómo utilizarlos y representa un detrimento” al erario. (A este caso se suma otra indagación de la Procuraduría contra el gobernador Villamizar por presuntas irregularidades en convenios por $51.000 millones en el marco del Programa de Alimentación Escolar). Según el portal La Silla Vacía, los tres políticos son del mismo círculo de poder.
El más enredado
El más enredado es el congresista Wílmer Carrillo Mendoza. No solo está siendo investigado por este contrato de material pétreo, sino que la Fiscalía le pidió a la Corte que lo indague por un presunto carrusel de millonarias coimas exigidas a varios contratistas que licitaban en el hospital de Ábrego, en Norte de Santander. En agosto pasado, la vicefiscal María Paulina Riveros hizo públicas estas acusaciones, que incluyeron supuestas anomalías en la suscripción de ocho contratos entre 2013 y 2017. Es más, se reveló que Carrillo, al parecer, era dueño y señor de la contratación en esa entidad y que, incluso, habría registros de un pago de $100 millones a Carrillo por parte del gerente del hospital, dinero entregado en dos contados.
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Pero eso no es todo. El Espectador tiene en su poder dos expedientes más contra Carrillo Mendoza. En uno de esos casos, de hecho, ya fue acusado por la Corte Suprema por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. En un documento de 60 páginas, el pasado 28 de junio la Sala Penal de la Corte halló méritos para formular acusación a Carrillo por irregularidades en un contrato de obra de $1.500 millones para mejorar un tramo de la vía que conduce de Lourdes a Gramalote, en Norte de Santander. En ese momento, Carrillo oficiaba como secretario de infraestructura de la primera gobernación de William Villamizar. La obra le fue adjudicada a la Constructora Vallehermoso S.A.
Según el proceso, Carrillo liquidó ese negocio el 15 de octubre de 2008 y suscribió un acta en la que aseguró que el contrato fue ejecutado y recibido por la Gobernación de Norte de Santander “a entera satisfacción”. No obstante, la obra estaba repleta de fallas, deterioros, hundimientos y agrietamientos de la capa asfáltica. Lo más grave, de acuerdo con las evidencias de la Corte, un mes después de entregar la obra la vía comenzó a presentar fisuras, lo cual fue advertido en reportes del supervisor del contrato, quien constató que el estado general de esa carretera era “malo” y que los suelos “están compuestos de limos arenosos y arenas arcillosas de color amarillo (…) que eran propensos a modificar su estructura y su consistencia en función de la humedad”.
Es decir, $1.500 millones por una obra pública que no aguantó el primer mes. Según la Corte, a pesar de estos problemas, al liquidar el contrato y aceptar que el gobierno regional lo recibiera a satisfacción, el exsecretario de infraestructura y hoy congresista Wílmer Carrillo habría cometido dos delitos: el primero por las irregularidades del negocio y el segundo porque estaba advertido de las mismas y, aun así, liberó al contratista de cualquier responsabilidad en el deterioro de la obra y dejó a la región en apuros. Uno de los reproches de la Corte a Carrillo es que intentara hacerle creer a la justicia que la vía se había dañado por el terremoto que destruyó el municipio de Gramalote en 2010.
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Un absurdo, señaló la Corte, pues desde 2008 la vía era prácticamente intransitable. Por eso, para el alto tribunal, no hay duda de que Carrillo pretendió beneficiar a la Constructora Vallehermoso S.A. y con sus actos perjudicó a la comunidad. “Es incuestionable que Wílmer Ramiro Carrillo, con conocimiento, voluntad y en ejercicio de su facultad certificadora, plasmó hechos contrarios a la realidad del acta de liquidación” del contrato, sostuvo la Corte. La Procuraduría respaldó la acusación formulada contra Carrillo. Sin embargo, con ocasión de la creación de las nuevas salas de instrucción y juzgamiento en ese alto tribunal, para garantizar la doble instancia, su proceso pasará a la recién creada Sala de Juzgamiento.
Además, un cuarto proceso tiene como protagonista a Carrillo por presuntas irregularidades en la suscripción de trece contratos por $6.987 millones para el arrendamiento de maquinaria en 2009, cuando era el secretario de infraestructura de Norte de Santander. El expediente también lo adelanta la Corte. El Espectador se comunicó con los dirigentes políticos para conocer su versión sobre los hechos. El gobernador Villamizar fue enfático en asegurar que la ejecución del contrato de material pétreo se hizo con los protocolos de la ley, así que está tranquilo por la acusación que deberá sortear ante la nueva Sala de Juzgamiento de la Corte.
“Nosotros tenemos punto por punto las explicaciones a lo que la Fiscalía nos imputa. Es más, yo rendí interrogatorio y aclaré muchas cosas respecto de ese proceso de obra”, señaló Villamizar. Y en relación con su exsecretario de infraestructura y hoy congresista Carrillo agregó: “Fue un buen funcionario, que enfrentó los estragos de la ola invernal de 2010 con escasos recursos. Hizo lo que tenía que hacer”. Por su parte, el exgobernador y parlamentario Édgar de Jesús Díaz aseveró: “Por respeto a la Corte, no quiero pronunciarme. Espero la citación a la próxima audiencia para explicar en detalle mis actuaciones. No firmé ese contrato”.
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Por último, el representante Wílmer Carrillo indicó que saldrá avante. Según explicó, el plan de desarrollo del primer gobierno de Villamizar tenía un componente de mejoramiento de las vías de la región. “De 1.436 kilómetros de vías secundarias, había 1.100 kilómetros sin pavimentar. Por eso se propusieron en paralelo los contratos para el suministro de materiales pétreos y el banco de arrendamiento de maquinaria. El objetivo fue mejorar la conectividad y transitabilidad en el departamento. En ambos casos, todo se hizo conforme a la ley, y así lo demostraré ante la Corte cuando me llame. Sobre el contrato que liquidé para mejorar la vía entre Lourdes y Gramalote y por el cual fui acusado, debo decir que fue el interventor quien dio el visto bueno de la obra”.
Y agregó: “A mí me entregaron un acta en donde decía que la obra estaba bien. La Corte no me ha permitido demostrar técnicamente que no tengo responsabilidad. Además la vía presenta problemas geológicos. Le digo: no estuve en el área para verificar si las obras se ejecutaron. Le hice caso al interventor”. En relación con los señalamientos de la Fiscalía de que habría recibido dineros de coimas exigidas a funcionarios del hospital de Ábrego, aseguró que es inocente, que así lo probará y que la Corte no le ha notificado que está siendo investigado por estos hechos. Por ahora, así está la radiografía de procesos y pesquisas judiciales en contra de estos tres dirigentes políticos de Norte de Santander. Todos reivindican su inocencia y sus éxitos en la administración pública, pero la Corte los tiene bajo la lupa.
Por Juan David Laverde Palma
