María Elena Meneses pica zanahorias usando una camiseta blanca con el nombre de su hijo, Cristian Hurtado, el atleta que murió durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Soacha, presuntamente asesinado por la Policía. Ella es una de las madres que durante este domingo llegó hasta la Iglesia de San Mateo para exigir justicia y verdad sobre la muerte de sus familiares que, según denuncian, ocurrieron por violencia policial. Con este acto de memoria y paz, que incluye una olla comunitaria y un mural hecho por estudiantes de la Universidad Pedagógica, esperan que se posibilite el establecimiento de una mesa de diálogo con el Estado para visibilizar sus casos.
Ese 9 de septiembre, manifestantes en Bogotá y Soacha protestaron por el homicidio de Javier Ordóñez en el occidente de la capital, a manos de un uniformado. Aunque no participaba ese día de la protesta, Hurtado fue una de las tres víctimas fatales que dejó la violencia durante esa jornada. En Bogotá fueron 11 fallecimientos más que dejó la noche de ese miércoles. Han pasado casi tres años y el grupo de familiares exige imputar a altos mandos de la Policía, además de garantías para la verdad, justicia, reparación y no repetición.
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El colectivo Rosa Negra, que asocia actualmente a las madres y familiares de estos jóvenes, se reunió este domingo para dignificar a las víctimas. Con sus fotos, a blanco y negro, y los nombres en mayúsculas de los fallecidos, se manifiestan para que se garantice la no repetición de la violencia policial. En medio de la actividad, una olla comunitaria acompaña la jornada donde otros jóvenes pintan esos mismos 14 rostros sobre un muro y la frase: “Que la lucha no nos cueste la vida misma”. Cristhian Andrés Hurtado, Lorwan Estiben Mendoza y Gabriel Estrada Espinoza son las tres víctimas mortales de esa noche en Soacha.
La hermana de Cristian Hurtado e integrante del colectivo 9 de septiembre, Yarledis Hurtado, dice que el plantón de hoy es parte de un proceso de dignificación y memoria. Además, afirma que los hechos en los que asesinaron a su familiar, “fueron una orden de alto mando y se debe asumir una responsabilidad, la cual están evadiendo por todos lados. En estos momentos queremos la reparación frente a los hechos y que nos digan: ¿Qué fue lo que pasó? Que no se vuelva a repetir para otras familias que llevamos en este trasegar casi tres años”.
A la fecha, la hipótesis se mantiene en que la Policía respondió con violencia en Verbenal, Villaluz, Timiza y Aures, en Suba. Pero no solamente por los hechos de esa fecha se manifiestan hoy en Soacha. La violencia policial ha dejado a más víctimas, como las del 4 de septiembre de 2020, cuando en el CAI San Mateo hubo un incendio en el que murieron ocho personas y tres más resultaron gravemente heridas.
La madre de Oscar Galindo, Blanca Galindo, dice que hasta el momento no tienen respuestas sobre personas judicializadas por la acción en la que murió su hijo. Sobre esto, hay una decisión de primera instancia en el proceso disciplinario de la Procuraduría, en el que se destituyó por 16 años a la agente de la Policía Aleida del Pilar González Quiroz y a Jorge Eliécer Suárez Orduz por haber “omitido sus funciones de protección” evitando prestarles atención adecuada a los internos de la celda”.
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Por su parte, Carolina Ordoñez, fundadora del colectivo Rosa Negra y madre Juan David Rojas Ordóñez, también hizo presencia en la actividad de este domingo. Rojas fue uno de los jóvenes detenidos en el CAI San Mateo y que falleció por el incendio. Ordóñez tuvo la posibilidad de hablar con el presidente Gustavo Petro, a quien le exigió avances en la investigación y le hizo algunas propuestas para reunirse con el ministro de Defensa, ministro de Justicia, la Policía, la Procuraduría, organizaciones de derechos humanos y ellas como víctimas.
La mamá de Duván Mateo Aldana, de 15 años, un joven que murió el 25 de junio de 2020 después de un desalojo violento en ciudadela Sucre, en Soacha, es Deisy Álvarez. Ella asistió también a la actividad de protesta pacífica frente a la Iglesia San Mateo para reiterar su denuncia. Hay dos personas que han sido imputadas por estos hechos. Sin embargo, tanto ella como las demás familias afirman que la respuesta del Estado ha sido insuficiente, puesto que, “se ha tratado de dilatar demasiado, se han aplazado audiencias. Lo que sí se mantienen son de todos estos ejercicios de memoria de organizaciones sociales que nos han estado acompañando y que hicieron visibilizar el caso”.
Estas mujeres solicitan que se establezca una mesa de diálogo especial para las víctimas del estallido social, piden apoyo del gobierno de la Alcaldía de Soacha y el Gobierno nacional para hacerlo posible. El objetivo que tienen estas mujeres es darle un espacio a sus casos, que genere visibilidad y acelere el aparato de justicia. “Nosotras lo que queremos es justicia, que esto no se repita ni en Soacha ni en ningún lugar, que todas las víctimas de la policía nacional no vayan a quedar impunes”, dice Blanca Galindo.
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