Magistrada Cristina Lombana no tendrá su último round en la Corte Constitucional

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El 10 de mayo de 2019 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sacó de la investigación en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal a la magistrada Cristina Lombana por considerar que su doble condición de juez y militar (era mayor del Ejército) ponía en duda su imparcialidad. Lombana había cuestionado esa decisión y su integridad como jurista con una tutela que ha sido denegada en dos oportunidades. La última esperanza estaba en la Corte Constitucional, pero el alto tribunal se abstuvo de seleccionar el expediente. 

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La Procuraduría y el magistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero le habían pedido al alto tribunal que revise el caso por importancia jurídica, ya que el pasado 18 de octubre la Sala de Selección 11 de esta corporación decidió no estudiar la tutela de la magistrada Lombana. En recurso de insistencia, tanto Guerrero como el Procurador Fernando Carrillo Flórez, consideraron que el asunto debe examinarse de fondo para sentar jurisprudencia, entre otros, sobre si es compatible ejercer un cargo en la Rama Judicial siendo al mismo tiempo miembro activo de la Fuerza Pública.

Y es que la decisión que separó a Lombana (era la investigadora) del caso Uribe dice que “el mantenimiento de su estatus militar en servicio activo genera duda razonable sobre el manejo adecuado de sus legítimos intereses personales”. Ese documento fue la respuesta de la Sala de Instrucción a la recusación que presentó la magistrada Lombana en contra de Lombana, argumentando que tuvo una relación de subordinación con Álvaro Uribe mientras fue presidente y que había trabajado con Jaime Granados, abogado del exmandatario.

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“Considero de particular interés la circunstancia conforme a la cual la decisión de separar a la magistrada del conocimiento del asunto que tenía a su cargo se basó, más que en consideraciones sobre la posible afectación de su imparcialidad en el caso concreto, en una consideración abstracta sobre la aptitud de quien hace parte de las fuerzas militares, en uso de una comisión, para ser designada y actuar como juez en la justicia ordinaria”, dice la insistencia que presentó el magistrado Guerrero, con fecha 18 de noviembre.

No obstante, con la negativa de los magistrados Gloria Ortiz y Alejandro Linares, se esfuma la última oportunidad que le quedaba a Lombana, cuya tutela había sido negada en primera y segunda instancia por el Consejo de Estado. En esa última instancia, la Sección Cuarta del alto tribunal, además de reiterar lo dicho, agregó que “resulta razonable que la Sala Especial de Instrucción hubiese concluido que el hecho de que la señora Cristina Eugenia Lombana Velásquez tuviera, al tiempo, la condición de militar en servicio activo y magistrada de la Corte Suprema de Justicia generaba una duda razonable sobre la falta de imparcialidad”.