31 Jan 2018 - 2:00 a. m.

Magistrados del Meta van a juicio ante la Corte Suprema de Justicia

Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez fueron acusados por supuestamente recibir sobornos por más de $3.000 millones para favorecer a condenados.

Redacción Judicial

El cartel de la toga, que consistió supuestamente en torcer decisiones judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero, es el más grande escándalo que haya empantanado la legitimidad de la Rama Judicial, a tal punto que tiene en líos a dos expresidentes de la Corte Suprema. Pero no es el único: la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de los magistrados del Tribunal de Villavicencio Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, quienes se habrían puesto de acuerdo para otorgar beneficios, preacuerdos y detenciones domiciliarias a miembros de bandas criminales y otros delincuentes. (En contexto: Con mujeres, licor y $3.000 millones "compraron" a magistrados del Tribunal del Meta).

Según la Fiscalía, la red benefició a gente como Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias Cesarín. En el expediente se detalla que hizo parte del bloque Cacique Nutibara de las Auc. También fue líder de los Paisas y miembro de una facción de la Oficina de Envigado. “El 13 de diciembre del 2013, en una determinación que generó polémica, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Descongestión de Villavicencio determinó que Cesarín podría ir a su casa a pagar la condena mientras cuidaba de sus hijos, y el 4 de febrero se da a la fuga”, señala el escrito de 68 páginas conocido por este diario. Cesarín había sido condenado a 20 años de reclusión por homicidio agravado, concierto para delinquir y tráfico o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Para el ente investigador, no queda duda de la participación de los magistrados a la hora de incidir en esta decisión, pues no debían haber tomado conocimiento del caso, ya que aún no se habían agotado las instancias correspondientes. “La conducta desplegada no sólo por el magistrado Fausto Rubén Díaz Rodríguez, sino también por los demás magistrados Alcibiades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, resulta antijurídica respecto a la lesión del bien jurídico de la administración de justicia que terminaron por beneficiar a un procesado por graves delitos”.

Ese no fue el único proceso en el que intervinieron los tres funcionarios, resalta el ente investigador. También está el proceso en el que, según la Fiscalía, frenaron el fallo de apelación de la condena contra Smith Bayardo Parra Rincón, alias Manopicha, y Marbelly Sofía Jiménez, sentenciados por el asesinato que ordenó Jiménez de su esposo, Óskar William Parrado Rojas, y su hijastro, Óscar Steven Parrado Vidal, para quedarse con el emporio empresarial Autorrollings, centros de diagnóstico automotriz en los Llanos. (Lea: Fiscalía pidió cárcel para los tres magistrados del Tribunal Superior del Meta).

Alias Manopicha y Marbelly Sofía Jiménez fueron condenados el 5 de enero de 2012 por homicidio agravado en grado de tentativa. Sin embargo, fueron absueltos de concierto para delinquir y otros crímenes que pesaban en su contra. No obstante, la Fiscalía asegura que una vez llegó la apelación a manos del magistrado Alcibiades Bautista en 2012, éste “lo demoró voluntariamente”. Y agrega: “El operador judicial se sustrajo de cumplimiento al haber transcurrido más de cinco años por fuera del término oportuno para entregar la decisión”. Al no quedar en firme la condena, se propició que ambos pudieran salir de la cárcel por vencimiento de términos. Sin embargo, por un recurso que puso la víctima, la Corte Suprema revocó la decisión y el pasado 7 de julio, en un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Villavicencio aumentó de 39 a 52 años la condena contra los dos.

Por estos servicios, documentó la Fiscalía, los magistrados habrían recibido al menos $150 millones de Jiménez y Manopicha —que resultaron ser pareja— en el primer semestre del 2013, además de otras recompensas, como el pago de los servicios de compañía de mujeres. Del mismo modo habrían aceptado una promesa remuneratoria de $1.000 millones que les darían a través de Juan José Velásquez, abogado de la Gobernación del Meta en la administración de Alan Jara. El dinero fue entregado en una cabaña en Palo Verde (Meta) y la promesa de dinero fue elevada luego a los $3.000 millones.

La Fiscalía también detalló el posible incremento patrimonial de sus familiares. Entre 2010 y 2015, ese incremento fue valorado en $225 millones para los cercanos al magistrado Joel Darío Trejos, $244 millones para Alcibiades Vargas y más de $900 millones para Fausto Rodríguez.

En el último “torcido” sólo habría intervenido el magistrado Fausto Rubén Rodríguez, al otorgarle el beneficio de detención domiciliaria a Danit Darío Doria Castillo, alias Bacalao, quien estaba purgando una pena de prisión desde junio de 2013 por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La Fiscalía afirma tener pruebas de que el magistrado habría impulsado la revisión del caso por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio con la idea de que se le pudiera conceder casa por cárcel al sobrino de alias Cuchillo (exjefe del Erpac que habría muerto en combate) por ser el padre de menores de edad.

Este juicio es el principio de los muchos que podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia en contra de magistrados por hechos de corrupción. Este año se resolverán otros de total trascendencia, como el del exmagistrado Francisco Ricaurte, y se definirá si hay juicio político y penal para el exmagistrado José Leónidas Bustos y el magistrado Gustavo Malo, señalados presuntamente de dirigir “una organización criminal” —en palabras de la Fiscalía—, dedicada a cometer delitos que afectaron la seguridad pública y la administración de justicia.

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