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La Fiscalía en cabeza de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en contra del exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Miguel Alfredo Maza Márquez, por su presunta responsabilidad en el homicidio del candidato de la Alianza Democrática M-19 Carlos Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990 en un avión que cubría la ruta Bogotá - Barranquilla.
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Las pruebas que la Fiscalía tiene en su poder revelan que el esquema de seguridad de Carlos Pizarro, del cual hacían parte detectives del DAS y era coordinado por Maza Márquez, fue debilitado progresivamente y modificado días antes del crimen de manera intempestiva y sin consultar al dirigente político, lo cual habría facilitado el actuar de Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Yerri, el sicario, y el cumplimiento del plan criminal.
La Fiscalía indicó además que hay indicios de que por cuenta de otra estrategia implementada por Maza Márquez, fue desviada la investigación para dirigir la atención hacia el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
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Por otro lado, el ente acusador informó que en el curso del proceso se verificará el modus operandi de Jaime Ernesto Gómez Muñoz, escolta del candidato presidencial, quien el día los hechos ejecutó Yerri y se encuentra ad portas de que la justicia lo declare culpable o inocente por este caso. “El contexto indica que este sería un patrón criminal al que, presuntamente, recurrieron algunos agentes del DAS para silenciar a los autores materiales de magnicidios de otros líderes políticos de la Unión Patriótica como Bernardo Jaramillo Ossa y José Antequera”, concluyó el ente acusador.
Maza Márquez ya había sido llamado por la Fiscalía por este magnicidio. Fue citado el pasado 31 de mayo a las 9:30 de la mañana. La citación se dio seis años después de que el principal fiscal del caso, Mauricio Ponce, le pidiera a sus colegas de la Corte Suprema que le pusieran la lupa al general (r), pues solo ellos pueden investigar el papel del oficial, pues tiene fuero constitucional. La hipótesis que ha manejado Ponce y la Fiscalía, al menos desde 2014, es que hubo agentes del Estado involucrados en la planeación y ejecución del atentado que acabó con la vida del entonces candidato presidencial, que iba a bordo de un avión que había tomado en Bogotá, con destino a Barranquilla.
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La decisión de la Fiscalía de abrir investigación contra el general en retiro no es un caso aislado. Sobre este hombre pesa una condena a 27 años de cárcel de la Corte Suprema, que lo encontró culpable en 2016 por haber debilitado deliberadamente el esquema de seguridad del entonces candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán, asesinado el 18 de agosto de 1989.
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