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Salvatore Mancuso radicó un derecho de petición a algunas de las principales autoridades de justicia de Colombia, con el objetivo de rebatir las declaraciones públicas que la magistrada Alexandra Valencia ha realizado, como togada de la Sala de Justicia y Paz el Tribunal Superior de Bogotá. Valencia fue una de las magistradas que el pasado 24 de julio confirmó la orden de captura contra Mancuso, nombrado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro solo un día antes.
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El antiguo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) solicitó, en principio, conocer si la magistrada Alexandra Valencia ha compulsado copias para que se le investigara por supuestamente haberla amenazado. Y, asimismo, informar a cuántas audiencias Mancuso ha participado durante la implementación de la Ley de Justicia y Paz, que fue creada para la desmovilización paramilitar en 2005.
El derecho de petición de Mancuso está dirigido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la presidenta de la Corte Constitucional, al presidente del Consejo de Estado, al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al fiscal general de la Nación. Con las respuestas, Mancuso espera obtener información que le permita desvirtuar declaraciones públicas de Valencia.
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En entrevista con El Espectador, la magistrada Alexandra Valencia explicó que presentó el proyecto de la confirmación de la orden de captura el pasado 11 de julio. Es decir, por lo menos una semana y media antes de que Petro nombrara a Mancuso como gestor de paz. Valencia agregó que se ha sentido intimidada por las respuestas que Mancuso desplegó durante ese expediente y que el excomandante de las AUC no entregó una verdad novedosa en la JEP, dado que la Sala que integra ha conocido “abundantes declaraciones y documentación sobre las mismas afirmaciones”.
Ante las autoridades de justicia, Mancuso explicó que “La sala de Justicia y Paz que preside la Magistrada Alexandra Valencia, ha negado injustificadamente mi libertad e insiste en activar mi extradición para, según ella, garantizar mi comparecencia ante las víctimas, presumiendo que voy a incumplir”. Agregó que durante los 17 años que ha estado preso en Estados Unidos (únicamente por el delito de narcotráfico), ha asistido a más de 3.000 audiencias judiciales en el marco de la ley de Justicia y Paz.
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Además, que la responsabilidad de sacar conclusiones de lo que dijo en la JEP es únicamente de la misma institución y de sus magistrados. “Muchas verdades contadas, fueron parcialmente reflejadas en las sentencias judiciales, y solo pueden encontrar su lugar en la JEP. Hemos hecho un análisis detallado de esas verdades, identificando elementos trascendentales que Justicia y Paz no tuvo en cuenta o nuevos que no pude narrar debido a que no me brindaron las garantías para reconstruirlos”, agregó Mancuso.
Por último, Mancuso aseguró ante las autoridades de justicia que su designación como gestor de paz no tendría nada que ver con sus procesos judiciales y que responden a la agenda de paz del gobierno nacional y de la no repetición. Y que, a su juicio, le parece injusto que la Ley de Justicia y Paz le haya ofrecido una condena de máximo ocho años, y esté cerca de cumplir dos décadas detenido. Su proceso de extradición está interrumpido en Estados Unidos, dado que Colombia lo reclama en extradición y Mancuso ha solicitado su traslado a Italia, donde tiene nacionalidad.
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