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CAPÍTULO 8
El intocable
La verdad triunfa por sí misma.
La mentira necesita siempre cómplices
Epícteto, filósofo estoico griego
En 1978 y para frenar el desbordado incremento de cultivos de marihuana, que habían convertido a Colombia en el primer exportador de la llamada hoja maldita, el presidente Julio César Turbay Ayala dio vía libre a la Operación Fulminante, que contemplaba el despliegue de 10.000 soldados en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar.
Ese año coincide con mi graduación como oficial de la Policía Nacional. Nacía a la vida profesional marcado por el tráfico de estupefacientes y así terminaría mi carrera 36 años después. Pasé cerca de cuatro lustros enfrentando la misma película, de bonanza en bonanza ilegal: primero fue la marihuana, luego la pasta base de coca, más adelante el tráfico de cocaína con Colombia como productor número 1 en el mundo; a esa ecuación habría que sumarle el hecho de que desde aquí también se ha traficado con heroína y drogas sintéticas.
El contenido de este capítulo es una reconstrucción que gira alrededor de un acumulado de esfuerzos de los cuales no soy ni mucho menos protagonista; a lo largo de esta historia me propongo visibilizar el mérito de quienes me sucedieron en la dirección de la Policía y a los grupos de investigadores y agentes de inteligencia que enfrentaron múltiples desafíos que pusieron a prueba su entereza y su profesionalismo.
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A finales de los 1970, Marcos Figueroa era un joven de apenas 17 años que hoy ronda los sesenta, pero, como se verá en esta historia, siempre ha estado vinculado a la violencia, el contrabando y el narcotráfico.
Cuando comenzó sus andanzas en el mundo de la criminalidad en La Guajira, vestía como un vaquero del viejo oeste y su comportamiento ya revelaba que quería emular al más malo de aquellas películas en las que cualquier lío se zanjaba a tiros. Marquitos, como le decían sus vecinos de barrio, pero también los malandros, solía usar botas media caña y sombrero y aunque no llevaba el típico revólver Smith & Wesson al cinto, quería hacerse entender con una subametralladora en la mano.
Muy temprano, a los veinte años, llenaba sus alforjas con el dinero obtenido por la banda que él dirigía, pero su vida cambiaría para siempre bajo el padrinazgo del dirigente político regional Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez. La maquinaria de violencia que los dos habrían de operar para imponer sus propósitos sería lubricada con dineros de contratos públicos y el saqueo inmisericorde de los presupuestos de la sufrida comarca guajira.
Marquitos y Kiko Gómez eran temidos de tiempo atrás por sus métodos cruentos y tuvieron notoriedad nacional hacia finales de 2012, seis meses después de mi retiro de la Policía Nacional. Esto no quiere decir que durante mi administración no hubiera tenido plena conciencia de las dificultades que enfrentaba La Guajira, donde la mezcla entre política y crimen significaba, y aún hoy, un gran reto para la institucionalidad colombiana.
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El perfil criminal de Marquitos me retrotrae a 1981, cuando fui comandante de una pequeña estación de Policía en la ciudad de Cartagena y los fines de semana me enfrentaba a las caravanas de camionetas tipo pick up que llegaban de Santa Marta y La Guajira abordadas por sujetos armados que se sentían por encima de la ley y querían divertirse en el barrio Bocagrande. En el transcurso de la rumba provocaban grandes escándalos y hacían disparos al aire al son de la música vallenata. Esa fue mi primera aproximación con la mentalidad delictual de quienes combinaban el contrabando y el tráfico de marihuana.
Fue justamente en aquella etapa cuando Marquitos y Kiko quebrantaron una ley no escrita de las mafias guajiras: no asesinar mujeres. Eso no había ocurrido ni siquiera en los tiempos de las sangrientas vendettas entre bandas que se peleaban el control del mercado en la bonanza marimbera.
La violación a esa regla con firme arraigo cultural comenzó cuando, según señalaron las investigaciones, Kiko Gómez, primero alcalde de Barrancas, su pueblo natal, y luego gobernador de La Guajira, impuso la costumbre de acallar con fuego las voces de críticos, disidentes, veedores ciudadanos y de cualquier persona que se atreviera a cuestionar o a denunciar sus manejos. Los expedientes, cerrados unos y vigentes otros, acreditan tristemente no menos de 250 víctimas, según informaciones que los medios de comunicación publicaban de cuando en cuando.
Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas –cuna de la mina carbonífera del Cerrejón– fue una de las primeras víctimas de esa excepción criminal. Fue asesinada el 28 de agosto de 2012. Otra de ellas fue Chachi Hernández Sierra, caída tres meses después en medio de un ataque de sicarios. Era hija de ‘Mamá franca’, un apelativo con que el que los nativos de la comunidad wayuu se referían a Francisca Sierra, su lideresa en Maicao.
Los dos crímenes llevaban la impronta de la banda de Marquitos y en los sumarios el título de “presunto autor intelectual” iba seguido por el nombre de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, entonces mandatario guajiro.
Brito fue asesinada en Valledupar por dos sicarios que le descargaron veinte tiros desde dos motos que se acercaron a su carro por los costados. El atentado contra Chachi sobrevino cuando salía de un almacén en el sector de El Rodadero, en Santa Marta. Las dos, Yandra y Sachi, tenían 48 años y sus familias temían de tiempo atrás que fueran objetivo del gobernador y del hombre que encabezaba su aparato criminal, es decir, Figueroa. En la Fiscalía deben reposar sus denuncias, registradas también en los medios de comunicación. Con la franqueza y la crudeza propias de su temperamento, ‘Mamá franca’, de 76 años, lanzó una exclamación directa y conmovedora durante el sepelio de Chachi: “¡El gobernador mató a mi hija!” Nadie la contradijo. Nedda Carrillo Moscote, madre de Yandra, también levantó su dedo acusador y en una misiva enviada a la Casa de Nariño señaló a Francisco Gómez Cerchar como responsable de la tragedia y el dolor en el que quedaba sumida su familia.
El valor de las dos mujeres guajiras que decidieron hacer públicas sus recriminaciones impactó a los periodistas, quienes a partir de ese momento mirarían con lupa el comportamiento de los denunciados. A mí, particularmente, para nada me sorprendía la entereza de las víctimas, pues con motivo de las visitas a las rancherías de la alta Guajira, donde siempre fui recibido con respeto pero también con escepticismo por las comunidades, aprendí que para ellos la palabra es sagrada y la mantienen hasta la muerte.
Kiko cuida su ‘buen nombre’
Kiko Gómez se aferró a una negativa sistemática y lo hizo en un tono que pretendía ser enfático porque durante semanas enteras se dedicó a hacer correrías en medios de comunicación para salvaguardar el que él llamaba su “buen nombre”. Estoy seguro de que con este relato invocará como siempre su condición de inocente.
La Guajira estaba aterrorizada. Nadie quería tratar el tema con las autoridades. Algunos sólo se atrevían a susurrar que el departamento estaba secuestrado por poderes siniestros y que en él regían las leyes del silencio y la muerte.
Incluso los jefes paramilitares, acusados de las peores masacres, no ocultaban el temor que les causaba la dupla Kiko-Marquitos. Y allende las fronteras, a miles de kilómetros de La Guajira, algunos de ellos se ofrecían a colaborar con testimonios sobre ambos, bajo la condición de que jamás podrían ser citados como declarantes con nombre propio.
El silencio que campeaba en los confines guajiros no ocultaba, sin embargo, el secreto a voces que revelaba que el gobernador actuaba como lo haría un poderoso padrino de la mafia. El secreto cruzó el umbral de los temores.
A comienzos de 2013, el material probatorio acumulado por la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) mostraba cómo los entrañables amigos Kiko y Marquitos aparecían vinculados al contrabando de gasolina, pero además revelaba la relación de Gómez con el Bloque Norte de las Autodefensas.
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Como director de la Policía, muchas veces el enorme volumen de gasolina de contrabando me produjo complicaciones con el Gobierno y las comunidades. Recuerdo que uno de los episodios más complicados lo viví en 2010, cuando el alto gobierno me llamó la atención porque no se entendía por qué la Policía no actuaba en el municipio de La Paz, epicentro del
tráfico de gasolina. La queja era muy grave y por eso viajé hasta allá y me llevé una gran sorpresa porque se veían cientos de carro-tanques cargados con combustible venezolano, estacionados en una especie de escala para proseguir su viaje hacia el interior del país. Desatendí la opinión de los comandantes locales y de manera radical ordené inmovilizar todos los vehículos.
Un día después lamenté no haber escuchado a mis subalternos porque la inmovilización empezó a generar un inmediato desabastecimiento de combustible que en 24 horas había paralizado el transporte y la movilidad en la región. El fin de esta historia es que el problema no lo originaba ni lo solucionaba la Policía, sino que era parte de una situación estructural fronteriza donde se imponía la ley de oferta y demanda y saltaban a la vista los precios diferenciales de la gasolina entre Colombia y Venezuela.
Volviendo a la historia, algunas ONG habían alertado sobre el inmenso poder criminal de Gómez y Figueroa, y la Corporación Arco Iris publicó el libro Frontera caliente entre Colombia y Venezuela, en el que relacionaba los dos nombres con asesinatos selectivos, “limpiezas sociales” y amenazas en La Guajira y en la zona norte de Cesar.
Cuando Kiko Gómez era interrogado sobre sus vínculos con Marquitos, aquel criminal menudo vestido como vaquero se limitaba a aceptar que era un familiar lejano de su esposa y paisano suyo, pero negaba que trabajara para él o que entre ambos hubiese una relación directa.
Más allá del dolor que produjeron, los crímenes de las dos mujeres sirvieron para sacar a flote pedazos de expedientes desperdigados por todo el país, muchos de ellos perdidos en fiscalías en La Guajira y otros tantos en Bogotá. La prensa comenzó a recopilar algunos episodios relacionados con un círculo criminal donde imperaban las venganzas. Uno de los primeros testimonios revelados por los medios fue el de un hombre que afirmó haber participado en un atentado que le hicieron a Kiko Gómez durante su campaña a la Gobernación. Los contenidos periodísticos destacaron la versión de un testigo protegido que afirmaba que el ataque había sido dispuesto por Daniel el ‘Loco’ Barrera y significaba una retaliación porque Gómez se habría apoderado de un cargamento de cocaína que pertenecía a un sobrino suyo.
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La consecuencia fue inmediata. Las retaliaciones no se hicieron esperar y en menos de dos meses fueron asesinados tres familiares de ese testigo. En Bogotá, la Fiscalía General de la Nación acopiaba testimonios de varios desmovilizados sobre las actividades criminales atribuidas a la dupla guajira. Incluso un hombre que trabajó para Hernán Giraldo, jefe paramilitar del área de la Sierra Nevada de Santa Marta, aseguraba que en cierta ocasión Kiko ofició como emisario de Jorge 40 para conseguir que hombres de su estructura armada dejaran en libertad a un gobernador y a sus escoltas que atropellaron a un niño en la región de Guachaca y se alejaron en su camioneta como si nada hubiese ocurrido.
Otro desmovilizado se declaró partícipe del asesinato del periodista Wilson Martínez, exsecretario de gobierno del municipio guajiro de Fonseca, ocurrido en abril de 2001. Aseguró que la orden provino de Kiko Gómez y fue ejecutada por su brazo armado, al mando de Figueroa.
Los declarantes, que antes eran escasos, se multiplicaron y sus versiones empezaron a salir en diferentes medios de comunicación. Otro desmovilizado, Rosendo Galeano, aseguró ante la justicia penal que desde sus tiempos como alcalde de Barrancas, Gómez citaba a su casa a personas con las que buscaba ajustar cuentas. Al propio Galeano, conocido como Marcos, le tocó “comparecer” ante Kiko cuando éste le endilgó responsabilidades por la muerte de su prima Magola y le fijó un plazo perentorio para que su cuadrilla de sicarios abandonara la región. Los fiscales que recabaron esas pruebas testimoniales afirmarían que nunca les había correspondido lidiar con una organización tan tenebrosa como aquella surgida en La Guajira.