La Comisión para la Constatación de la Identidad y Parentesco de las Víctimas de la Unión Patriótica finalizó su mandato y en el marco de la campaña, más de 1.200 personas se presentaron para acceder a la indemnización tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado colombiano por los graves hechos violentos.
El asesinato de más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica (UP), el partido político que se creó en 1985, en medio de los diálogos de paz entre la antigua guerrilla de las Farc y el gobierno de Belisario Betancur, fue uno de los episodios que más ha marcado la historia de la violencia en Colombia.
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Sin embargo, a raíz de las evidentes dificultades para reconocer a las víctimas directas e indirectas de los crímenes, la Corte IDH ordenó la creación de la Comisión con un mandato de dos años para constatar las identidades y los parentescos de las víctimas y que estas pudieran acceder a medidas de reparación. El mandato finalizó el pasado 31 de marzo y este 8 de abril se presentarán las conclusiones.
Así fue el proceso de identificación de las víctimas
Para el ejercicio de su mandato, la Corte IDH designó a tres comisionados nombrados por las tres partes involucradas: Ana Teresa Bernal Montañez, designada por parte del gobierno colombiano; Alejandro Valencia Villa, nombrado por las víctimas de la Unión Patriótica (UP); y Rubén Darío Pinilla Cogollo, designado por la Corte IDH.
El abogado Valencia, quien además fue comisionado de la Verdad, señaló que en un primer momento se proyectaron 20.000 víctimas a constatar, esperando que por cada persona asesinada se identificaran hijos, papás o hermanos. Según señaló Valencia, solo en el primer mes de funcionamiento la comisión recibió cerca de 2.500 solicitudes.
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La Comisión inició formalmente sus funciones el 16 de abril de 2024, y durante dos años desarrolló ejercicios intensivos de atención, análisis y decisión sobre las solicitudes de constatación de identidad y parentesco presentadas por las víctimas de la UP y sus familias.
“En este proceso, la Comisión expidió 5.038 resoluciones de constatación, y analizó 4.825 casos de personas listadas en los anexos, lo que representa un 70% de las víctimas listadas, superando las proyecciones iniciales de las propias representaciones de víctimas que estimaban una demanda cercana a las 3.000 víctimas”, explicó la Comisión en un informe final presentado este miércoles.
En ese contexto, la Comisión también logró la realización de jornadas de divulgación y pedagogía en las que participaron más de 1.200 personas en 135 municipios y 15 países. Las campañas de comunicación permitieron la recepción de 1.144 nuevas solicitudes, durante la última fase de funcionamiento de la Comisión.
“La sistematización de esta experiencia busca no solo dar cuenta del cumplimiento de un mandato internacional, sino también aportar insumos relevantes para el diseño de futuros mecanismos de reparación en contextos de violaciones graves y masivas de Derechos Humanos (DDHH)”, destacó la Comisión.
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