Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, más de 12.000 personas ha sido víctimas de desplazamiento forzado en Colombia por culpa de los grupos armados. Así lo dejan ver las más recientes cifras publicadas por la Defensoría del Puelo en su Boletín de Movilidad Humana, que da cuenta de los meses y zonas del territorio nacional donde la problemática fue más evidente.
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De acuerdo con el documento, solamente en mayo de este año 2.799 personas tuvieron que abandonar sus hogares por 15 eventos de desplazamiento forzado masivo. A su vez, a otras 15.045 se es restringió su movilidad por la violencia.
Los datos presentados por la entidad dan cuenta de “el confinamiento se posiciona como el mecanismo más usado por los grupos armados ilegales para ejercer el control territorial”. De acuerdo con la Defensoría, “mientras se apoderan de los corredores estratégicos y las economías ilegales, las comunidades quedan encerradas, con serias dificultades para acceder a alimentos, servicios de salud, educación y otros derechos esenciales”.
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El informe detalla que los eventos de confinamiento en el país se concentraron en Caquetá y Putumayo, y los desplazamientos en Antioquia, Bolívar, Cauca, Guainía, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Sobre los desplazamientos en el último mes, el documento da cuenta de que casi la mitad estaba en El Tarra y Tibú (Norte de Santander). También se reportaron hechos en Barrancominas (Guainía), Buenaventura (Valle del Cauca) y Roberto Payán y Linares (Nariño).
El boletín de la Defensoría de Pueblo también expone que “el desplazamiento y el confinamiento continúan impactando en mayor medida a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes”. Por ejemplo, entre enero y mayo de este año los desplazamientos forzados afectaron directamente a 13 comunidades afrodescendientes y 14 comunidades indígenas. De igual manera, el confinamiento afectó territorios habitados por 25 comunidades étnicas, de las cuales 19 son indígenas y 6 afrodescendientes.
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Según la entidad, “estos hechos sitúan a estas comunidades en un lugar de doble vulneración, pues ven afectadas la garantía de sus derechos fundamentales, la permanencia en sus territorios, sus formas de vida, su cultura, así como sus procesos de autonomía comunitaria”.
Por otra parte, la Defensoría resaltó que en los primeros cinco meses del año 44.597 migrantes estuvieron en tránsito irregular por Colombia, lo que dio cuenta de una reducción del 38,7 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 72.699 personas migrantes. Por ejemplo, el flujo de migrantes desde Panamá hacia Colombia disminuyó un 61,2 %, pasando de 10.246 personas entre enero y mayo del 2025 a 3.980 personas en el mismo periodo del 2026. Según la entidad, “esta tendencia está relacionada con el endurecimiento de las políticas migratorias en países del norte del continente y el aumento de las deportaciones”.
En su boletín, la Defensoría del Pueblo también expuso que mayo también estuvo marcado por un avance significativo en materia de protección de derechos, pues se expidió la Ley 2577 de 2026, em la que se reconoce el desplazamiento forzado interno asociado al cambio climático, la degradación ambiental y los desastres. El documento resalta que esa norma, dentro de otras cosas, “crea el Registro Único de Desplazamiento Ambiental y establece mecanismos para identificar, proteger y atender a las personas, familias y comunidades afectadas por este tipo de fenómenos”.
Asimismo, el documento da cuenta de que entre enero y mayo de este año la Defensoría les hizo seguimiento a 23 eventos de movilidad forzada relacionados con factores ambientales, que provocaron el desplazamiento de 25.453 personas. En sus cifras quedó expuesto que Córdoba es el departamento con mayor afectación, seguido por municipios de Nariño, Cauca y Norte de Santander.
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