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A pesar del acuerdo de pago entre los clubes de fútbol Atlético Nacional y Cortuluá que saldó en agosto de 2021 una millonaria deuda, el caso llegó a la Corte Constitucional en diciembre pasado. El alto tribunal seleccionó las tutelas que interpusieron los jugadores del equipo paisa Yeison Estiven Guzmán Gómez y Nelson Daniel Palacio, quienes no pudieron ser inscritos por la disputa que tenía el club con la Dimayor. Ahora, las tutelas de otros tres jugadores podrían sumarse al expediente, que ha generado polémica en el mundo del deporte.
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La Defensoría del Pueblo, la magistrada Cristina Pardo y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por separado, le pidieron a la Corte que selecciones las tutelas que interpusieron Felipe Aguilar Mendoza, Dorlan Pabón y Ruyery Alfonso Blanco contra la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, pues impidieron que fueran inscritos en los torneos del segundo semestre de 2021. Según las demandas de los jugadores, sus carreras fueron utilizadas como un mecanismo de presión para que Nacional le pagara una deuda de $5 millones a Cortuluá.
A pesar de que la Dimayor protestó, porque su reglamento indica que las disputas entre clubes no deben pasar a la justicia ordinaria, ya en diciembre pasado, la Corte Constitucional seleccionó las primeras dos tutelas sobre este tema. Al estudiar los expedientes de Yeison Guzmán y Nelson Palacio concluyó que había una “necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial” y una “exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental”.
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Pues bien, cuando los magistrados procedieron a estudiar las tres tutelas restantes, las hicieron a un lado. Sin embargo, para la magistrada Cristina Pardo, merecen el mismo trato que sus compañeros. “Estimo que estas acciones de tutela deben ser seleccionadas, con fundamentos en el principio de igualdad que asiste al club de futbol Atlético Nacional y a los jugadores de fútbol profesional Felipe Aguilar Mendoza, Dorlan Mauricio Pabón y Ruyery Alfonso Blanco, con relación a sus compañeros Yeison Estiven Guzman Gómez y Nelson Daniel Palacio”, escribió la magistrada en su insistencia.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez se sumó al argumento de su colega de Sala Plena y añadió: “se estima que en los expedientes de la referencia subyace una controversia que podría dar lugar a que esta Corporación analice los derechos al trabajo y a la dignidad humana en cabeza de los jugadores profesionales de fútbol, quienes, eventualmente, pueden resultar afectados por conflictos de intereses que podrían suscitarse entre los clubes de fútbol”.
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La Defensoría del Pueblo señaló que, “los jugadores vieron directamente afectado su derecho al trabajo por medio de la restricción a la inscripción en la Dimayor, que si bien fue resuelta y actualmente no los está afectando, es un asunto recurrente cada semestre”, lo que hace necesario un pronunciamiento de la Corte sobre el tema. Además, cuando la Dimayor se enteró de las tutelas inició procesos disciplinarios contra los jugadores, lo que para la Defensoría “afectó el acceso a la administración de justicia”.
“En ese sentido, también se considera que un pronunciamiento al respecto, que establezca y delimite el arbitraje en materia deportiva, específicamente frente al escenario de jugadores de fútbol que sostienen relaciones laborales con los clubes para los cuales trabajan, enriquecería el panorama constitucional y permitiría a los jugadores un plano más justo para ejercer su derecho al trabajo”, añadió la entidad. Así, se sumó a los pedidos de los magistrados Pardo e Ibáñez de seleccionar las tres tutelas para zanjar un caso que calificó de “delicado e importante”.
Las insistencias de Ibáñez, Pardo y la Defensoría fueron radicadas en la última semana de enero. Todavía falta que los otros magistrados decidan si las seleccionarán y si serán incorporadas al expediente de las tutelas que entraron a estudio en diciembre y que están en el despacho del magistrado Alejandro Linares. Y, si bien Nacional y Cortuluá saldaron sus deudas desde 2021, el eventual fallo podría sentar un precedente clave para reforzar los derechos laborales de los deportistas en el país.
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