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29 Jul 2021 - 6:09 p. m.

Caso Fernando Uribe: Claves para entender la tutela de Nacional contra Dimayor

Atlético Nacional no puede darles minutos a sus sonados refuerzos por un lío administrativo con Cortuluá, por el cual está obligado a pagar US$ 5 millones. ¿Qué tiene que ver Fernando Uribe? ¿El campeón de Libertadores podría ser desafiliado? Le explicamos punto por punto el rompecabezas.

Jhoan Sebastian Cote Lozano / jcote@elespectador.com / @SebasCote95

Ilustración sobre el caso Fernando Uribe, por el cual Atlético Nacional no puede inscribir sus refuerzos para la Liga BetPlay 2021-II
Ilustración sobre el caso Fernando Uribe, por el cual Atlético Nacional no puede inscribir sus refuerzos para la Liga BetPlay 2021-II
Foto: Leandro Rodríguez

Dorlan Pabón, quien llegó a jugar en la Selección Colombia, regresó al torneo nacional después de ocho años, siendo anunciado como una de las grandes contrataciones de Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2021-II. Sin embargo, tanto el delantero como otros cinco jugadores, entre ellos la promesa Yeison Guzmán, siguen esperando su momento para ponerse la camiseta verde en competencia oficial, pues un problema deportivo y administrativo le prohíbe al equipo contar con sus nuevas figuras. Mientras Dimayor le exige a Nacional pagar US$ 5 millones a Cortuluá, el verdolaga le respondió con una acción de tutela, argumentos apoyados por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

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En síntesis, Atlético Nacional alega la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia, pues la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) lo “condenaron” a pagar un altísimo precio –lo que desembolsaría un equipo europeo por llevarse una futura estrella–, sin darle la oportunidad de controvertir la situación desde lo judicial. “Unas entidades de carácter privado no pueden decidir unilateralmente convertirse en jueces, partes y verdugos de grandes sumas de dinero, negando y obstaculizando el acceso a un recurso judicial efectivo”, explicó Atlético Nacional en su tutela.

El club paisa apostó todo para no pagar los US$ 5 millones, pues según el articulo 188 del Código Disciplinario de la FCF, ninguna controversia puede disputarse en la cancha de la justicia ordinaria. Podría enfrentar la suspensión de su afiliación de tres meses a un año e, incluso, la desafiliación. Ese sería un escenario sin precedentes, contra un club que ganó la Copa Libertadores en dos ocasiones y que suele pelear el título del torneo nacional ¿Cómo llegó Atlético Nacional a pelearse con los máximos organismos del fútbol en Colombia, vinculando como tercero a Cortuluá? Aquí el minuto a minuto.

Fernando Uribe, el minuto 0

En enero de 2011, tras una brillante temporada con Once Caldas, Fernando Uribe fue anunciado como nuevo jugador del Chievo Verona italiano. Cortuluá se guardó el 50% de sus derechos económicos, que podrían ser adquiridos por el mismo club europeo o por otro que quisiera tenerlo en sus filas. Al final, Atlético Nacional se interesó en sus servicios y lo repatrió para el torneo colombiano, en 2012, comprando el 50% que había adquirido el equipo de la Serie A y compartiendo la posesión de esos derechos con la institución de Tuluá. Firmó un contrato por tres años.

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Según reza en el expediente de Dimayor, el 11 de julio de 2012, los representantes Juan Carlos de la Cuesta, de Nacional, y Manuel José Londoño, de Cortuluá, suscribieron el “Acuerdo de Manejo de Derechos Económicos” respecto del delantero Uribe. En la cuarta clausula, ambos clubes acordaron que no podía “vender” los derechos económicos del jugador por una cifra inferior a los US$ 10 millones, un precio considerable teniendo en cuenta que acababa de volver de Europa sin éxito. Se hizo la precisión, sin embargo, que en caso de que llegara una propuesta inferior a esa cifra, las partes analizarían la oferta.

Y la oferta llegó. En junio de 2014, Millonarios de Bogotá consiguió que Nacional lo cediera, a coste cero, con opción de compra. Sin embargo, a los representantes de Cortuluá no les avisaron de esa transferencia, a pesar de ser los propietarios del 50% de los derechos económicos. “Dentro del convenio celebrado entre Nacional y Millonarios, pactaron ambos clubes una opción de compra del jugador por la suma de US$ 1 millón, lo que marca un incumplimiento por parte de Nacional, habida cuenta que se había pactado que no se ofrecería por menos de US$ 10 millones”, denunció Cortuluá ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor (CEJD), el cual resuelve los problemas entre clubes en primera instancia.

Las sanciones de Dimayor y la FCF

Nacional no solo le fijo un precio a Uribe muy por debajo de lo acordado, sino que lo prestó a Millonarios sin la autorización de Cortuluá. En 2015, con el contrato finalizado en la institución verde, Fernando Uribe quedó libre y se incorporó al Toluca de México. Entonces, el club de Tuluá demandó a Nacional ante la comisión de Dimayor, explicando que debía pagarle el 50% de la valoración que se firmó en el acuerdo entre las partes, es decir, US$ 5 millones. La demanda fue admitida el 13 de abril de 2016 y fallada en contra del verdolaga el 10 de abril de 2018.

“Era deber de Nacional atender la voluntad expresada en el acuerdo sobre los parámetros de negociación que debían tenerse en cuenta a la hora de realizar una operación de venta de los derechos del jugador, lo cual no se tuvo en cuenta toda vez el jugador fue cedido en préstamo al club Millonarios FC con una opción de compra por la suma de un millón de dólares ($ 1.000.000.oo) irrogándole graves perjuicios económicos a Cortuluá”, explicó la comisión de Dimayor. Atlético Nacional aceptó como su primer “juez” a la Dimayor, siendo que también podía ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Suiza, como lo ofrecen los estatutos del ente rector del fútbol.

Nacional llevó la controversia a la Comisión del Estatuto del Jugador de la FCF, tras apelar lo decidido en la comisión de Dimayor. No obstante, el balón le dio en el palo y volvió a perder. El 5 de diciembre de 2018, la FCF confirmó la sanción, explicando que “si Nacional se obligó en el ‘Acuerdo de Manejo de Derechos Económicos’ a trasferir al jugador como mínimo por la suma de US$10 millones e incumplió con dicho compromiso, debe ser ese valor la base sobre la que se debe calcular el derecho pecuniario vulnerado a Cortuluá, consistente en percibir el 50% del valor de una futura transferencia del jugador”, concluyó. Entonces, la pelota cayó en la justicia europea.

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La intervención del TAS y la sentencia del Tribunal Federal Suizo

Atlético Nacional, obligado a pagar lo que nunca ha desembolsado por un fichaje, llevó el expediente a TAS. De acuerdo con la tutela contra FCF y Dimayor, se trata del “único tribunal del deporte investido de funciones jurisdiccionales, el cual analizó el caso con rigor jurídico y decidió que no se puede equiparar un préstamo a una venta y que Nacional no incumplió la cláusula de la venta mínima, pero, que (Cortuluá) sí debía ganar unos perjuicios por el prestamos, los cuales tasó en 150 mil dólares”. Fue un cambio de frente de lo administrativo a lo judicial, ante un juez experto que incluso ha sancionado al Barcelona de España, prohibiéndole reforzarse para 2015.

El equipo paisa, entonces, pagó los US$ 150.000 como indemnización y pudo inscribir jugadores durante unas temporadas. No obstante, Cortuluá solicitó la nulidad de lo actuado ante el Tribunal Federal Suizo, con jerarquía sobre el TAS ¿El resultado? El despacho judicial no se refirió al caso de fondo y si Nacional debía pagar -o no- los US$ 5 millones. Simplemente, el pasado 9 de junio, de tajo anuló la decisión del TAS. Aún no se conocen detalles del fallo judicial, no obstante Nacional pide que se respete lo decidido en el TAS, pues es el máximo organismo en lo deportivo. En contraste, Cortuluá alerta que ese organismo está subordinado por el Tribunal Federal Suizo y, tras decidir la nulidad a su favor, lo determinado en Colombia es lo que queda en firme.

FCF y Dimayor, entutelados

“Nadie obligará al equipo verdolaga a pagar un dinero que no debe”. Esa fue una de las frases que dejó un comunicado de Atlético Nacional, el pasado 13 de julio. A una semana del inicio del torneo, la Dimayor le envió un correo en el que le confirmaron que seguirá sancionado, hasta que no desembolse los US$ 5 millones a Cortuluá. Ya habían iniciado pretemporada Dorlan Pabón, Ruyeri Blanco, Yeison Guzmán, Felipe Aguilar y Nelson Palacio, quienes luego de dos fechas oficiales lo único que han jugado son partidos de entrenamiento. Los mismos jugadores interpusieron una tutela en conjunto, la cual está en estudio por el Juzgado Segundo Civil de Rionegro (Antioquia).

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), por su parte, radicó una coadyuvancia a favor de los futbolistas. La agremiación asegura que la disputa tiene como resultado una “evidente violación del derecho de la dignidad humana por la instrumentalización de seres humanos”. Le explicaron al Juzgado que los futbolistas no tienen interés económico en la controversia y que sus derechos como trabajadores no pueden estar sujetos a deudas entre clubes. Argumentan que Nacional se caracteriza por respetar los derechos laborales, tanto que contrató a los jugadores a término fijo y seguramente cubrirá sus salarios, aunque no toquen el balón en todo el semestre.

“Atlético Nacional fue vencido probatoria y argumentativamente ante las jurisdicciones deportivas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Atlético Nacional tuvo las oportunidades legales para defenderse, contradecir y probar sus argumentos, ahora no puede desconocer los reglamentos a los que ellos mismos se acogieron. Es muy claro entonces que el fallo que Cortuluá pretende hacer valer, está respaldado y sustentado por la jurisdicción deportiva nacional e internacional”, respondió, por otro lado, Cortuluá en un comunicado el pasado 24 de julio.

Ante la tensa relación con Cortuluá y la insistencia de Dimayor, Atlético Nacional interpuso su propia tutela ante la justicia de Medellín. El club aseguró que presentó un recurso de revisión ante la FCF, tras el cual le habrían respondido que no se le iba a dar trámite. “Los hechos anteriores dan cuenta de una situación absurda: con medios inconstitucionales están coaccionando a Nacional al pago de una condena exorbitante a favor de Cortuluá, proveniente de dos decisiones administrativas –que contienen graves defectos– y sin la posibilidad de acudir a la justicia para controvertirlas”, acusa el verdolaga.

Intenta proteger sus derechos fundamentales, pues en su concepto el fallo del Tribunal Federal Suizo no revive las decisiones de las Comisiones de la Dimayor y la FCF. Atlético Nacional no tendría otro mecanismo para defenderse, pues su acción de revisión fue rechazada y podría enfrentarse a la desafiliación si sigue buscando jueces en la justicia ordinaria. “En el ordenamiento colombiano no hay ningún tipo de recurso judicial que permita impugnar decisiones de tribunales extranjeros, y mucho menos que impida que organismos administrativos las ejecuten sin miramiento alguno (como lo hacen FCF y Dimayor)”, agrega.

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Además, denuncia que los máximos organismos del fútbol no tienen funciones judiciales, como se explica en el artículo 116 de la Constitución. En suma, Atlético Nacional exige que tanto la FCF como Dimayor no hagan de cuenta que el Tribunal Federal Suizo dejó en firme la sanción de sus comisiones. Asimismo, que una autoridad judicial revise las penalizaciones con efectos de cosa juzgada, es decir, que la próxima decisión sea el pitazo final del partido. Y, por supuesto, como medida cautelar, que los cinco fichajes puedan vestirse con la camiseta verde, pues la única competencia que han tenido es un amistoso en la Florida Cup, ante el Millonarios de, curiosamente, Fernando Uribe.

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