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Masacres de El Salado y Chengue: JEP imputa a exuniformados por crímenes en Montes de María

Nueve exintegrantes de la Armada Nacional y dos exuniformados de la Policía fueron llamados a reconocer responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz por 32 masacres y 284 asesinatos cometidos entre 1999 y 2001 en la región de los Montes de María y la zona del Canal del Dique, en el Caribe colombiano. Por estos hechos hay más de 1.200 personas acreditadas como víctimas.

El corregimiento de El Salado (Carmen de Bolívar, Bolívar) sufrió dos incursiones paramilitares en los años 1997 y 2000 .
El corregimiento de El Salado (Carmen de Bolívar, Bolívar) sufrió dos incursiones paramilitares en los años 1997 y 2000.
Foto: Gustavo Torrijos

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El 23 de diciembre de 1999 cayeron desde el cielo volantes sobre el casco urbano de El Salado (El Carmen de Bolívar). Les recomendaban a la gente comer, beber y festejar el fin de año, pues para muchos sería el último. El terror llegó casi dos meses después, el 16 de febrero del año 2000, y se sembró en el pueblo durante cinco días con una incursión paramilitar que dejó 63 civiles asesinados y contó con el apoyo de la fuerza pública. Así lo determinó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que este 10 de noviembre les imputó crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad a 11 exintegrantes de la fuerza pública por estos hechos.

La Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a nueve exintegrantes de la Armada Nacional y a dos exintegrantes de la Policía a reconocer responsabilidad en 32 masacres ocurridas entre 1999 y 2001 en la región de los Montes de María y la zona del Canal del Dique, en el Caribe colombiano. Para la JEP, los comparecientes son máximos responsables en 284 asesinatos y 107 casos de violencias basadas en género, violencia sexual, violencia contra mujeres y niñas y en la estigmatización de la población campesina como supuesta colaboradora de las Farc. La investigación fue liderada por la magistrada María del Pilar Valencia García.

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Los imputados que hicieron parte de la Armada Nacional son Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo. También fueron llamados a reconocer responsabilidad Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo, quienes fueron comandantes de unidades de Policía en el departamento de Bolívar. Todos, según la JEP, hicieron parte de un patrón criminal de alianza entre paramilitares y fuerza pública en la región.

"Las masacres y las conductas criminales asociadas no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte de un patrón de violencia contra la población civil. Este se desarrolló mediante un entramado de relaciones entre estructuras paramilitares, determinados integrantes de la fuerza pública y otros actores regionales", dice la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad. Y agrega: "La investigación estableció que la violencia se dirigió especialmente contra comunidades campesinas estigmatizadas como supuestas colaboradoras de las organizaciones insurgentes, y produjo terror colectivo, desplazamientos masivos y vaciamiento territorial".

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La magistrada María del Pilar Valencia García lidera la investigación del subcaso sobre los Montes de María en la JEP.
La magistrada María del Pilar Valencia García lidera la investigación del subcaso sobre los Montes de María en la JEP.
Foto: JEP

La justicia transicional determinó que hubo acuerdos, prácticas de coordinación, distribución de funciones, intercambio de información, facilitación de desplazamientos, omisiones deliberadas, tolerancia operacional y actuaciones dirigidas a favorecer, ejecutar, sostener u ocultar los crímenes cometidos en el marco de la alianza entre integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares con presencia y dominio en la región. Los señalamientos a campesinos convirtieron a sus liderazgos, vínculos familiares, actividades productivas y formas de organización comunitaria en "criterios de sospecha y selección de las víctimas".

A la estigmatización transversal de las comunidades como supuestas colaboradoras de las antiguas Farc se suman las violencias sexuales, basadas en género y reproductivas en contra de mujeres y comunidad LGBTIQ+. "Frente a las violencias basadas en género, la Sala determinó que no fueron marginales ni accesorias. Las agresiones sexuales, reproductivas y sexualizadas fueron utilizadas para castigar, humillar, disciplinar y transmitir mensajes de terror y dominación sobre las víctimas, sus familias y las comunidades. Asimismo, se determinó la existencia de persecución por razón de género", detalla la imputación de la magistrada Valencia García.

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En los crímenes que investigó la JEP en los Montes de María, la JEP documentó 284 homicidios (169 en el marco de masacres y tomas paramilitares) y 107 víctimas de violencias basadas en género, violencias sexuales y violencias contra mujeres y niñas. Además de la masacre de El Salado, la imputación recopila otros hechos de la violencia ejercida por la fuerza pública y grupos de autodefensas, como la masacre de Capaca, El Bongal y Campo Alegre (Zambrano, Bolívar), ocurrida el 16 y 17 de agosto de 1999, que dejó trece personas asesinadas, una desaparecida y hechos de violencia sexual y basada en género documentados por la justicia transicional.

También la incursión paramilitar de febrero de 2000 en Flor del Monte, Canutal, Canutalito y La Sierra, que dejó al menos 60 víctimas mortales, además de víctimas de desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles e inhumanos, violencias sexuales y basadas en género, desplazamientos forzados e intimidaciones. Y la masacre de Chengue, en enero de 2001, que dejó 28 homicidios, torturas, tratos crueles e inhumanos, intimidaciones colectivas, quema de viviendas, violencia sexual y desplazamiento forzado. La comunidad había advertido a distintas autoridades estatales sobre el riesgo de una incursión paramilitar, pero no los escucharon.

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Victimas  de la Masacre de  El Salado1997 y 2000 , Barranquilla, Carmen De Bolivar, El Salado - 18-19-20 del 06/2015
Como consecuencia de la masacre de El Salado, casi 4.000 se desplazaron y el pueblo quedó convertido en un pueblo fantasma. Entre 1997 y 2004, solo de El Carmen de Bolívar salieron desplazadas más de 90 mil personas.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Además del llamado a reconocer responsabilidad a los uniformados, la justicia transicional remitió de forma temprana a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de la JEP, a Gregorio García Raigosa, Jorge Tadeo Castañeda Garzón y Jaime Alberto Navarro Ferrero. "Existen bases suficientes para entender, luego de la contrastación del material probatorio, su presunta responsabilidad en hechos graves y representativos relacionados con las masacres de Capaca, El Salado y Macayepo, según las atribuciones individualizadas para cada compareciente", señala la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Finalmente, ordenó crear dos mesas técnicas. Una para revisar el avance de la reparación administrativa de víctimas de violencia sexual y basada en género acreditadas ante la JEP. Y otra para avanzar en la búsqueda, identificación y entrega digna de personas desaparecidas en el marco del conflicto en los Montes de María. La JEP también ordenó activar las rutas para el reconocimiento de las mujeres buscadoras, su incorporación al Registro Único de Mujeres Buscadoras y la adopción de medidas de protección, por cuenta de las amenazas y revictimizaciones de las cuales han sido víctimas en medio de sus labores de búsqueda.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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Comentarios
  • Norma(12580)•11 de noviembre de 2026 – 18:19
    Excelente informe!!!! ojalá se pudiese hacer publicos los vinculos con ganaderos, empresarios y demás poderosos de la región.
  • Bueno Bueno(20426)•10 de noviembre de 2026 – 13:31
    Por eso es que quieren acabar con la JEP. Tapar falsos positivos, masacres, desplazamientos efectuados por narcoparamilitares. Como matarife.
  • HaroldFer(32718)•10 de noviembre de 2026 – 13:28
    El trabajo de la JEP, alienta el cambio cultural y envía un mensaje positivo a la sociedad colombiana, afortunadamente.
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