:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/b7e3c56f-28f1-44db-aee3-8ff63409b319.png){kind=small}
:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/EEXs0V53QafO6vfIM2NtXdhzaAU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/22UA4L2K2ZBOFFLEN3FMAWFMTU.jpg)
“Tenía dos salidas: Me escondía o me desaparecían. Escogí la primera y desde ese entonces no he vuelto a ejercer como enfermero”, le dijo desde su lugar de resguardo a El Espectador John Fernando Marín en la primera entrevista que da. Está cansado de las cuatro paredes en las que está viviendo desde agosto de 2021 sitiado por las amenazas que viene recibiendo desde que comenzó a coordinar misiones médicas para atender a los heridos de las manifestaciones del paro nacional en Cali. Sin embargo, esta semana llegó un aliciente: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió medidas cautelares y le ordenó al Estado colombiano protegerlo.
(En contexto: CIDH exige proteger a líder de misión médica de Cali y a su hermano desaparecido)
El 13 de mayo de 2021, cuando el paro apenas llevaba dos semanas y Marín comenzaba hasta ahora a coordinar los más de 120 estudiantes, médicos y enfermeros voluntarios que querían apoyar a los heridos, recibió la primera amenaza. Fue una llamada en la que un desconocido le describió dónde estaba, cómo estaba vestido y con quién estaba. Marín colgó, confundido, y se fue a otro punto de Cali a atender más lesionados, pero recibió una nueva llamada. De nuevo sabían dónde y con quién estaba. “Te tenemos vigilado”, le advirtieron. A las llamadas se sumaron seguimientos, el envío a su casa de una corona fúnebre con su nombre y la desaparición de su hermano hace dos meses.
Desde junio, John Fernando Marín denunció estos seguimientos, que solo fueron agravándose. A la fecha, sin embargo, dice que no le han dicho siquiera qué despacho de la Fiscalía lleva las investigaciones. “Todo lo están manejando en silencio porque los pobres, los de abajo, no tenemos la posibilidad de ofrecer un recurso para que nos ayuden a mover una investigación. Y, además, porque tengo mucha información de agresiones de policías contra manifestantes en el marco del paro. Tengo videos y fui testigo de esos actos”, aseguró, a la vez que explicó que desde su trabajo en las misiones médicas hizo levantamientos de cuerpos de varios de los muertos del paro nacional.
(Lea también: Los expedientes del paro nacional que avanzaron en la justicia en 2021)
Llegó a esa labor casi que por azar. Marín le contó a El Espectador que el 28 de abril fue a manifestarse a las calles de Cali como miles de colombianos hicieron en otros puntos del país. “Salí a protestar contra la reforma tributaria y la reforma a la salud. Viendo que ese día hubo muchos lesionados, decidí aislarme de la protesta y comenzar a ayudar en lo que sé hacer: brindar atención en salud”, recordó. El 29 de abril en el sector que comenzó a llamarse Puerto Resistencia, conoció a otros tres profesionales de la salud y comenzaron a atender heridos en distintos lugares. En apenas una jornada estuvieron en la Universidad del Valle, Meléndez y el Paseo del Comercio.
“El 30 de abril comencé a recoger números telefónicos de personas que se me acercaban a decirme que querían ayudar: enfermeros, médicos, paramédicos, estudiantes”, contó. Los heridos solo aumentaban, mientras la situación en la capital valluna se agravaba. Todos los días había manifestaciones que terminaban en enfrentamientos con la Fuerza Pública. Pero los voluntarios continuaban contactando a Marín. “Hasta el 1 de mayo tenía 120 personas organizadas en distintos puntos de la ciudad. Nos defendíamos con insumos que nos donaban de algunas farmacias y otras personas y el punto de acopio fue Puerto Resistencia”, señaló el enfermero.
Su labor comenzó a ganar notoriedad, pues dice que llegó a coordinar 270 personas, y fue entonces que llegó la primera amenaza. Decidió que no volvería a andar solo por la ciudad y comenzó a andar en un vehículo con un amigo y otro voluntario. El 30 de mayo, lo llamaron a avisarle que quien lo transportaba estaba retenido por desconocidos. “Lo tuvieron cuatro horas, lo golpearon y le dijeron que para liberarlo yo me tenía que entregar, que porque yo era un guerrillero”, contó. “Yo pensé mucho en entregarme, pero me tranquilicé y cuando lo soltaron me llamó a decirme que no fuera a la casa de él porque estaban esperando que yo fuera”.
(Lea también: Policía usó violencia sexual para castigar y humillar en el paro nacional: ONU DH)
“¿Por qué quieren que yo me entregue si yo no he hecho algo malo?”, se pregunta John Fernando Marín ahora. “Y si hubiera hecho algo malo, ¿por qué la Fiscalía no ha dictado una orden de captura en contra mía? Hasta ahora, no he sido requerido por ninguna fiscalía, ¿por qué las autoridades no toman cartas en el asunto?”. Según la resolución de la CIDH que le otorgó medidas cautelares, “la información disponible que indica que no se han adoptado medidas para la protección de John Fernando, pese a la persistencia de graves hechos de riesgo desde el Paro Nacional”. Aunque la retención de su amigo conductor lo afectó, algo peor vino después.
El 10 de noviembre su hermano, Fredemyr Alberto Marín, quien trabajaba en servicios de transporte informal, salió de la casa a trabajar y desde entonces no se conoce su paradero. “El 13 de noviembre mi hermana recibió una llamada de personas diciéndole que lo tenían. Luego corroboramos y era el mismo número que había estado llamándome a mí y enviándome mensajes. Ahí le dijeron a mi hermana: ‘tenemos a su hermano por culpa de su hermano menor’”, recordó Marín. Señaló que el vehículo de su hermano apareció en Suárez (Cauca) sin mayor explicación y aún las autoridades no les dan indicios de qué pudo ocurrir.
La desaparición de Fredemyr también preocupó a la CIDH, en especial por la falta de información que el Estado colombiano ha logrado entregar sobre el caso. Por ende, la Comisión solicitó a Colombia: “adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Fredemyr Alberto Marín; garantizar acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados y creados para tales efectos; adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de John Fernando Marín Marín y su núcleo familiar; e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados”.
(Lea también: CIDH reconoce uso excesivo de la fuerza pública en Paro Nacional)
El caso de los Marín también llegó ya a Naciones Unidas. En su informe sobre el paro nacional de 2021, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos dijo que entre las agresiones al personal médico en el marco de manifestaciones le preocupaba particularmente “el caso de Fernando Marín, jefe enfermero que, como resultado de su reconocida labor de asistencia médica a las personas heridas en las protestas, empezó a recibir una serie de amenazas de muerte para que parara su actividad. Debido a esas amenazas, tuvo que esconderse y abandonar su labor”. Además, el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada de la ONU ya estudia el expediente.
“La desaparición de mi hermano ha sido muy tenaz para mi familia”, comentó Fernando Marín. Y añadió que su familia siempre pensó que su labor de liderazgo con las misiones médicas le costaría la vida a él: “Ellos siempre tuvieron el miedo de que sería yo quien estaría en esa posición. Temían que alguien iba a llegar a decirles: su hermano está muerto. Pero hubo un cambio y desafortunadamente cayó fue mi hermano”. Hoy espera que el llamado de la CIDH sirva para que las investigaciones en Colombia se muevan y él pueda caminar libremente por Cali, pues tras meses de estar escondido, dice que ya se le olvidó hasta cómo son las calles sobre las que, durante meses, atendió heridos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.