En la tarde de este sábado 15 de noviembre, el doctor Ariel Cortés Martínez, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, confirmó que de los 20 cuerpos que llegaron a las instalaciones de la institución después del bombardeo de las Fuerzas Militares a las disidencias de las Farc en Calamar (Guaviare), siete corresponden a menores de edad. La información se conoce justo después de que la Defensoría del Pueblo dijera que se trata de una vulneración al Derecho Internacional Humanitario.
“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió 20 cuerpos el pasado 12 de noviembre en las sedes de Villavicencio, departamento del Meta, y San José del Guaviare, en Guaviare. El trabajo de un equipo interdisciplinario (...) permitió establecer que 13 de los cuerpos corresponden a hombres y siete a mujeres”, señaló el doctor Cortés Martínez por medio de un comunicado.
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Agregó que 16 de los cuerpos pudieron ser identificados mediante cotejos datiloscópicos (análisis de las huellas dactilares) y los cuatro restantes mediante carta dental. “Producto de los análisis forenses realizados se determinó que siete de los cuerpos sin vida recibidos por el Instituto son de menores de edad”, dijo el director. De ellos, cuatro corresponden a hombres y los tres restantes son de mujeres, todos muertos en el bombardeo.
El director de Medicina Legal agregó además que la información recopilada de los análisis forenses hechos a los 20 cadáveres que recibieron será enviada a la Fiscalía General de la Nación para que adelante, dentro de sus competencias, las investigaciones pertinentes. De igual forma, señaló que continúan en las labores técnicas y científicas para concluir con la plena identificación de todos los restos mortales que recibieron tras la operación.
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El anuncio de Medicina Legal se conoce solo un par de horas después de que la Defensoría del Pueblo emitiera un duro cuestionamiento al bombardeo ordenado por el presidente Gustavo Petro, en contra de las disidencias comandadas por “Iván Mordisco”. Para la entidad de derechos humanos, hubo una doble infracción del Derecho Internacional Humanitario (DIH). De un lado, por el reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias. Y del otro, por comprometer la vida de menores en la operación militar.
“El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, indicó la Defensoría por medio de un comunicado. A renglón seguido señaló que las Fuerzas Militares “deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños, niñas y adolescentes que, aun cuando hayan sido forzados a participar de las hostilidades, conservan una protección reforzada”.
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El presidente Petro no tardó en responder al pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y le salió al paso con una publicación en su cuenta de X en la que justificó la orden de esa operación militar. “Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, dijo el mandatario. Agregó que ese bombardeo, el séptimo que se adelanta en lo corrido de este año, era la única salida a un posible hostigamiento a la fuerza pública.
“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejo (sic) avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, concluyó el jefe de Estado.
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