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El exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, recibió una nueva medida de aseguramiento por la Fiscalía, pues habría aceptado cargos por 12 casos de homicidio, secuestro y extorsión entre 2000 y 2004, en Caquetá, Nariño, Putumayo y Santander. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos tendría como probar que las víctimas fueron asesinadas por oponerse al actuar ilícito de los grupos a cargo de Macaco.
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“Uno de los homicidios en los que estaría involucrado alias Macaco es el de la religiosa Yolanda Cerón Delgado, ocurrido el 19 de septiembre de 2001, en Tumaco (Nariño)”, dijo el ente investigador. Adicionalmente manifestaron que, “los móviles estarían asociados con las denuncias nacionales e internacionales que hizo la mujer sobre el accionar violento de los paramilitares y el apoyo que, al parecer, recibían de algunas autoridades en esa zona del país”.
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Dentro de los casos mencionados por la Fiscalía, Macaco habría participado en la muerte del profesor Reyes Díaz Tirado, el 21 de octubre de 2001, en el corregimiento San Ignacio del Opón en Landázuri (Santander); y la desaparición forzada de Juvenal Celis, exintegrante de la Unión Patriótica, quien fue interceptado por hombres armados el 30 de junio de 2002, en Florencia (Caquetá).
Así mismo, la Fiscalía dijo que se identificaron casos en los que, supuestamente, fueron intimidados contratistas de distintas entidades, comerciantes y trabajadores de Ecopetrol, y, al parecer, fueron obligados a entregar el 10% de los contratos que obtenían. “El procesado, en su condición de máximo cabecilla del Bloque Central Bolívar de las extintas AUC, aceptó su responsabilidad en las conductas que se le atribuyen, relacionadas con los delitos de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, secuestro simple, desplazamiento forzado, hurto calificado y extorsión agravada”, expresó el ente investigador.
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De la misma manera, la Fiscalía declaró los hechos mencionados como delitos de lesa humanidad, por la “sistematicidad, amenaza y temor al que fue sometida la población civil, entre otras afectaciones a los derechos humanos de personas ajenas al conflicto armado”. El ente investigador dijo que, “Jiménez Naranjo deberá cumplir la medida en la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanece privado de la libertad por otro proceso que se le sigue, en el que reconoció 162 crímenes”.
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El exparamilitar fue deportado a Colombia en 2019 y desde entonces está preso en la cárcel La Picota. Tras una indagatoria en la Fiscalía, aceptó su responsabilidad por 162 crímenes, perpetrados contra más de 250 víctimas. En los delitos de los que se le acusó estaba desplazamiento forzado, desaparición, tortura, homicidio, violencia sexual y narcotráfico.