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Para la EPS Medimás, los jueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que les suspendieron la venta de la empresa, en enero de este año, cometieron graves errores a la hora de emitir el fallo en su contra. Y, en consecuencia, la Rama Judicial y el Estado deben responder por los supuestos daños que ha ocasionado la decisión jurídica en la compañía.
Así se lo hizo saber el abogado de la empresa a un juez civil del circuito de Bogotá en el que añadió que Medimás está lista para demandar a la Nación por más de $1.2 billones por cuenta de cuestionado fallo.
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En un documento de apenas dos páginas, el abogado Miguel Ángel Cotes Giraldo, le pidió al juzgado que ordene un interrogatorio a los magistrados del Tribunal que suspendieron la venta, así como a otros actores que hayan podido participar de esta decisión.
El jurista agregó que las versiones de los jueces podrían permitirle probar que cometieron graves errores a la hora de emitir el fallo, “así como la inidoneidad de estos en sus conocimientos jurídicos y técnicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sobre los cuales se han pronunciado de fondo, generando errores jurisdiccionales y daños a la EPS”.
De acuerdo con el fallo del Tribunal, que arrancó por una acción popular que promovió el senador Jorge Enrique Robledo, la venta de Cafesalud hace dos años, cuya transacción terminó en Medimás como los nuevos dueños, vulneró los derechos colectivos al acceso a la salud y el derecho a la libre competencia económica pues, durante la venta, solo apareció un oferente que no tenía la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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La decisión además de frustrar ese viejo negocio, suspendió uno nuevo que tenía como inversores a una empresa norteamericana. Según el tribunal, la EPS no podía seguir haciendo negocios pues nunca se terminó de liquidar a Cafesalud que, además todavía se encontraba en proceso de reorganización institucional y no se le había aprobado el programa de desmonte progresivo de sus operaciones.
Los magistrados llamados por Medimás para que rindan interrogatorio son: Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, la ponente del caso, Luis Manuel Lasso y Felipe Alirio Solarte. A partir de sus declaraciones, dice el abogado Cotes, presentará la millonaria demanda en contra del Estado.