La Procuraduría General advirtió riesgos en la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales con la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
Los requerimientos hechos por el ente de control a la entidad evidenciaron, al parecer, una presunta vulneración al principio de autonomía de las entidades territoriales y al principio de autonomía de la voluntad de las partes en los contratos estatales, pues la ANI no tiene potestad para evaluar proyectos en los que no funge ni como contratista ni como contratante.
Asimismo, advierte la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública que la entidad habría desconocido el Estatuto de Contratación Pública al escoger al contratista sin respetar la pluralidad de oferentes, el concurso de méritos y el principio de transparencia.
Ante los hechos, luego de evaluar los documentos del proceso de contratación y las respuestas de la ANI, se observaron actuaciones que pueden derivar en presuntas irregularidades, las cuales fueron consignadas en un informe con el fin de que el ente de control, por medio de la investigación disciplinaria, determine la posible comisión de faltas disciplinarias y sus respectivas sanciones.
Este anuncio se suma al hecho por la Fiscalía General durante la mañana de este 26 de septiembre en el que advierte posibles hechos de corrupción en 2022. La apertura de esta indagación tiene que ver con una publicación de la Revista Semana en la que se dieron a conocer conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino referenciado como William o Dong, en las que la Fiscalía de Francisco Barbosa dice que posiblemente hay corrupción en la construcción del Metro de Bogotá.
Las interceptaciones fueron realizadas entre enero y marzo de 2022, justo antes de las elecciones al Congreso. En ellas, se habla del pago de coimas por más de 10.000 millones de pesos. “De esta cifra, unos 6.000 millones irían ‘a los verdes’ para financiar campañas políticas al Legislativo, a cambio de ser favorecidos en contratos de la megaobra, la más importante en la historia del país. Según Semana, los documentos hace menciones a la alcaldesa Claudia López y a su esposa, la senadora Angélica Lozano.
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