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El próximo 12 de septiembre de 2022, luego de dos años de espera, se reanudará el caso contra la lideresa social del sur de Bolívar Milena Quiroz. Desde 2017, la mujer es acusada por los delitos de rebelión y concierto para delinquir, ya que para la Fiscalía ella es un peligro para la sociedad, pues al tener un liderazgo en su comunidad, hacía marchas que seguían los intereses de la guerrilla del Eln. Un vínculo que ha negado tajantemente Quiroz.
De acuerdo con su abogado, Jorge Molano, ella y otros 11 líderes y habitantes del Sur de Bolívar, han sido sometidos a un proceso de “persecución judicial”, en donde su participación en manifestaciones y actividades sociales, ha sido calificada de estar al servicio de organizaciones guerrilleras. “Se les ha impedido tener acceso integral a las pruebas con las cuales la Fiscalía les acusa. Así mismo, a pesar de las órdenes dadas por Jueces de Garantías, no le ha sido permitido entrevistar a ninguno de los testigos en su contra. Desde el año 2018 fueron advertidas estas arbitrariedades, sin que se adopte ninguna medida para proteger sus derechos a la defensa y debido proceso”, dijo el penalista a este diario.
Además, la defensora de derechos humanos le dijo a este diario que la Fiscalía le ha impedido entrevistar a los testigos en su contra. “Afirma (La Fiscalía) que en los municipios de Tiquisio y Arenal, Sur de Bolívar, no existen estaciones de Policía, Juzgados, Fiscalía y Personerías ni empresas legalmente constituidas que presten el servicio de transporte público; negándose a presentar pruebas que demuestren que los testigos realmente fueron notificados de las diligencias del caso. Además, colocan valores sumamente altos para trasladar los testigos a la ciudad de Cartagena con mis recursos”, señaló Quiroz.
Milena Quiroz, vocera de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, y representante legal del consejo comunitario Casimira Olave. La defensora de derechos humanos cree que las denuncias que ha hecho durante los últimos años contra las empresas mineras y palmeras de la zona, los paramilitares que manejan las rutas del narcotráfico e incluso los excesos de la Fuerza Pública, le acarrearon lo que ella califica de “montaje judicial”. Además de las denuncias de Quiroz, hay otro hecho que desde el inicio de la investigación levantó sospecha de irregularidades.
Cinco meses después de su captura, la fiscal de su caso, paradójicamente, fue capturada por concierto para delinquir, por presuntamente pertenecer a una red de corrupción dentro de la Fiscalía que benefició a narcotraficantes y paramilitares. La funcionaria judicial fue grabada por un agente infiltrado mientras recibía un soborno para que otorgara beneficios por un proceso, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía. También le hicieron interceptaciones telefónicas, las cuales también sirvieron para que fuera enviada a la cárcel. En 2018, la mujer aceptó cargos y fue condenada.
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Ese año, el abogado de Quiroz presentó una serie de observaciones, ya que, para él, el descubrimiento fue extemporáneo, de manera escalonada, sin ser competente el funcionario que lo realizó y/o defectuoso (elementos materiales probatorios indeterminados, incompletos o fragmentados, ilegibles, mutilados, imagines inidentificables, etc.), las cuales no fueron atendidas, dice la defensa de Quiroz, por la Fiscalía. Desde el 28 de mayo de 2020, más de dos años, se viene esperando que el Juez de conocimiento se pronuncie sobre si rechaza o no el descubrimiento probatorio de la Fiscalía.
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