Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Crece la tensión por los ataques de Estados Unidos a Venezuela, la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por las autoridades norteamericanas. En la mañana de este sábado 3 de enero de 2026, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que se ordenó el despliegue de unidades de la fuerza pública en la frontera con Venezuela y la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU).
El ministro Sánchez Suárez señaló por medio de una publicación en su cuenta de X que el presidente Gustavo Petro citó a una reunión extraordinaria en la que tomaron decisiones urgentes para atender posibles coletazos de la crisis, en materia de seguridad y orden público en la zona fronteriza. Además, se tomaron decisiones en materia de atención humanitaria en Cúcuta y los pasos fronterizos, así como el monitoreo de la situación en el PMU en Cúcuta.
Poco después del anuncio del ministro Sánchez Suárez, se conocieron en redes sociales y medios regionales de Norte de Santander las primeras imágenes del despliegue de tanquetas militares del Ejército Nacional en la frontera, puntualmente en un sector conocido como La Parada. En los pasos fronterizos entre el Estado Táchira (Venezuela) y Colombia, de manera exacta, en el Puente Internacional Simón Bolívar, también hay refuerzo de militares.
En contexto: Explosiones en Caracas y arresto de Maduro EN VIVO: lo último en Venezuela
“Acabamos de concluir una reunión extraordinaria para evaluar la situación en la frontera colombo-venezolana, presidida por el señor presidente, con la participación de todas las instituciones y entidades responsables de brindar las atenciones humanitarias que sean necesarias”, escribió el ministro Sánchez Suárez. Agregó que en las embajadas colombianas en Venezuela y Estados Unidos hay refuerzo de fuerza pública para proteger al cuerpo diplomático.
“Todas las capacidades de la fuerza pública se encuentran activadas para proteger a la población, activos estratégicos, embajadas, unidades militares y policiales, entre otros, así como para evitar cualquier intento de acción terrorista por parte de organizaciones de crimen transnacional, como el cartel del Eln, la Segunda Marquetalia u otros grupos armados ilegales, en territorio colombiano”, agregó el ministro Sánchez Suárez en su pronunciamiento.
Contenido relacionado: El factor Venezuela en la crisis del Catatumbo
El alto funcionario también confirmó que se tomó la decisión de atender puntos claves de esa región, donde además permanece activa la crisis del Catatumbo por cuenta de los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Una escalada violenta que solo del 14 de diciembre y hasta la fecha ha causado el desplazamiento forzado de cerca de mil personas.
“Se alertaron y activaron todas las capacidades de la fuerza pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del Eln o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera. Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”, señaló el ministro Sánchez Suárez en su pronunciamiento de X.
Lea también: Catatumbo bajo fuego: enfrentamientos de Eln y disidencias de las Farc amenazan la seguridad
El alto funcionario concluyó que en manos de su cartera está controlar posibles coletazos en materia de seguridad y orden público en la zona fronteriza; lo relacionado con las relaciones diplomáticas en esta situación está sujeto solamente a las órdenes del presidente Petro. “Acorde a la Constitución, reiteramos que las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de jefe de Estado”, dijo Sánchez.
Mientras tanto, desde Estados Unidos se ha sabido que la fiscal de ese país, Pam Bondi, reiteró que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
