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Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenara al Gobierno reconocer a los niños, niñas y adolescentes reclutados en el margen del conflicto armado como víctimas, el ministro de defensa Iván Velásquez, este lunes, anunció la creación de una directiva que le da vida a una revisión y actualización de la doctrina militar y policial que por años ha sido el bastión de la fuerza pública para su funcionamiento.
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“Con fecha del 30 de enero de 2022 hemos expedido la directiva permanente número 01 mediante la cual hemos dispuesto la revisión y actualización de la doctrina militar y policial con énfasis en estándares internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hemos decidido realizar un proceso de capacitación para los asesores jurídicos operacionales de las Fuerzas Militares y los asesores de convivencia de la Policía en estándares de derechos humanos”, explicó en medio de una rueda de prensa.
El jefe de la cartera explicó que también implementarán capacitaciones pedagógicas para que se contribuya con el reconocimiento de la calidad de víctimas de los niños, niñas y adolescentes que fueron instrumentalizados en la guerra. “La fuerza pública tiene la orden y reconoce que en las labores de acción unificada de apoyo al desarrollo en donde intervengan niños y adolescentes deben tener todas las medidas de necesarias para evitar y prevenir las retaliaciones que se puedan presentar por parte de los grupos armados al margen de la ley”, dijo el jefe de la cartera.
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En medio de su discurso, Velásquez dijo que reiteran el acatamiento de las órdenes judiciales por lo que insitió que los niños y niñas reclutadas en el marco del conflicto armado fueron víctimas de un crimen de guerra. “Según las cifras del caso 007 de la JEP, en cuanto al reclutamiento y utilización de niñas y niños, por lo menos 18.670 menores fueron utilizados por las Farc-EP para el conflicto”, dijo el ministro.
El jefe de la cartera resaltó que si bien la mayoría de menores de edad fue reclutados en contra de su voluntad existe una condición “voluntaria”. No obstante, dejó claro que para ese tipo de situaciones, la Corte Constitucional ha dicho que, sin importar el nivel de reclutamiento que existió debe terminar en una aceptación de calidad de víctimas. Respecto de las operaciones militares, el ministro fue enfático en que se debe reconocer los principios de proporcionalidad, humanidad, necesidad militar y precaución cuando estas vinculan menores de edad.
Lo que dijo la JEP
El pasado 12 de enero, a través de un auto de 22 páginas, la JEP le ordenó al Gobierno reconocer como víctimas a los menores de edad que fueron reclutados. La directriz de la justicia transicional se registró por cuenta de una solicitud de medidas cautelares que presentaron representantes de Coalico y Women’s Link Worldwide, por las declaraciones que en su momento entregó el exministro de defensa Diego Molano, en el que mencionó que los niños eran usados como “máquinas de guerra”.
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El señalamiento del exjefe de la cartera se presentó luego de que el Ejército realizó un bombardeo en el municipio Calamar (Guaviare) a un presunto campamento que pertenecía al exjefe guerrillero Gentil Duarte. En la operación militar murieron 12 menores de edad que fueron reclutados por la estructura. En este caso, la decisión de la JEP fue emitida por la Sección de Apelación que conoció el recurso que presentaron las corporaciones en el macrocaso 07 que investiga los hechos de reclutamiento de menores de edad en el marco del conflicto armado.
Para la Sala de Apelación fue claro que la declaración del exministro configuraba una nueva vulneración de derechos para los menores que fueron reclutados. “Referirse a los niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados en el marco del conflicto armado como máquinas de guerra negando su condición de víctimas para reducirlos a la expresión de graves delincuentes, constituye una clara omisión del Estado de cumplir con las obligaciones que le son impuestas por la Constitución Política” decía el auto de la JEP.
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