Ante los familiares de 27 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos cometidos por el Ejército Nacional y grupos paramilitares en el departamento de Casanare, el Ministerio de Defensa de Colombia le pidió perdón público a las personas que durante cerca de 20 años han buscado verdad y reparación, por los más graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
El pasado 4 de octubre, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en la ciudad de Yopal (Casanare), el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, en cumplimiento de las directrices de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pidieron perdón y reconocieron la responsabilidad del Estado en los asesinatos de 27 inocentes, de los 303 que hacen parte de la lista de falsos positivos cometidos por uniformados en ese departamento.
El acto de perdón inició con la entrada de los familiares de las 27 víctimas al auditorio de la Cámara de Comercio de Yopal, portando las fotos de sus familiares asesinados y desaparecidos. Luego, las ubicaron en un caballete al centro del auditorio. Después ingresó un grupo de uniformados del Ejército, armados con flores, no con rifles, que pusieron pequeños ramos de claveles sobre cada una de las fotografías de las víctimas.
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Durante cerca de dos horas, los asistentes escucharon a los familiares de las víctimas que salieron al frente para narrar los crímenes cometidos en contra de sus seres queridos: retenciones ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones. Todas coincidieron en pedirle al Ministerio de Defensa, al Ejército y al Estado colombiano lo que desde hace cerca de dos décadas están demandando: verdad, justicia, reparación y no repetición.
Wilmer Andrey Betancourt, hijo de Beyer Ignacio Pérez Hernández, le narró al auditorio lo que sufrió al perder a su papá cuando tenía solo 10 años. “Nunca más volví a correr tras las luciérnagas con él”, dijo. Además, pidió que el acto de perdón no se quede en el plano de lo simbólico, sino que se tomen medidas como retirar las medallas de los militares que cometieron falsos positivos. “Un criminal no puede seguir siendo honrado en nombre de la nación. No son peticiones aisladas, son exigencias de dignidad”, señaló.
Otra de las víctimas que habló fue Myriam Álvarez Guerrero, a quien la violencia la hirió por triple partida. Ella es hija de Misael Álvarez Guerrero, prima de Berney Guerrero Bohórquez y tía de Yuber Armando Contreras Álvarez. Sus tres seres queridos fueron asesinados el 25 de mayo de 2005 y presentados como guerrilleros muertos en combate por “un grupo corrupto de soldados”, como denominó a los responsables. “No sé si fue una retaliación, se lo dejo a la justicia divina y terrenal”, agregó.
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También Gerardo Velasco Parra, hijo de Gerardo Velasco Ortega. Su padre fue asesinado el 11 de enero de 2008 por militares del Casanare y presentado como una baja en combate. Sus restos permanecen enterrados en un cementerio de Bogotá y pidió ayuda para llevarlos de nuevo a su tierra natal y darles sepultura. Además, le hizo una dura crítica a la forma de actuar de los responsables del crimen y al Ejército. “La renovación institucional es una deuda con las víctimas”, expresó.
Luego de las intervenciones de los familiares de las víctimas, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, y el ministro Pedro Sánchez Suárez, se dirigieron al auditorio. Aceptaron la responsabilidad del Estado y de las Fuerzas Militares en los asesinatos de 27 de las 303 personas ejecutadas extrajudicialmente por uniformados en el departamento de Casanare.
“Estas ejecuciones extrajudiciales son totalmente reprochables e inaceptables, son actos contrarios al deber y a la ética militar que aprendí y que me enseñaron hace ya más de 35 años. Hoy reafirmo mi compromiso, en nombre de los hombres del Ejército Nacional y del Ministerio de Defensa, con que la Fuerza Pública actuará siempre, en todo momento, con pleno respeto a los derechos humanos”, dijo el ministro Sánchez Suárez.
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Tanto el general Cardozo como el ministro Sánchez Suárez hicieron un recuento detallado de las condiciones en las que las 27 víctimas por las que se realizó el acto de perdón fueron retenidas, torturadas, asesinadas y presentadas como guerrilleros por parte de unidades del Ejército. Esto, frente a sus familiares que llegaron de diferentes municipios de Casanare y otras poblaciones como Palmira, San José del Guaviare, Barranquilla, Duitama, Medellín, Tolú y Necoclí.
El ministro Sánchez Suárez señaló que los uniformados, que ya fueron retirados del servicio y están siendo investigados por la JEP, produjeron información falsa de inteligencia para señalar a civiles inocentes, utilizando engaños como mecanismo de reclutamiento y posteriormente ejecutar a personas aprendidas en operaciones inicialmente legales para reportarlas falsamente como bajas en combate.
“Pido excusas públicas a ustedes, familiares de los 27 hombres, padres, hijos, hermanos, sobrinos y tíos que hoy no están con nosotros. Fueron víctimas de acciones ilegales y repudiables por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública. Honramos y dignificamos sus nombres, sus historias y las de sus familias”, concluyó el alto funcionario.
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