El Ministerio del Interior acaba de radicar una denuncia en la Fiscalía en contra de los máximos líderes del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Según esa cartera, ese grupo armado estaría detrás de la instrumentalización de civiles que protagonizaron asonadas en contra de la fuerza pública en La Plata (Huila) en agosto pasado. Pidió también que se adelanten averiguaciones sobre otros hechos similares en otras partes del país.
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La denuncia fue presentada por el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón Olave. En el documento de seis páginas conocido por este diario, el funcionario expone que los integrantes de ese grupo armado habrían incurrido en los delitos de constreñimiento, concierto para delinquir y asonada.
Según expuso Rondón en el documento, el pasado 13 de agosto se llevó a cabo un consejo de seguridad en el municipio de la Plata (Huila). En ese encuentro, las autoridades de la zona le pusieron de presente que unos días atrás “alrededor de las 10:00 de la mañana, el presidente de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado (C.P.) Balén, en el municipio de La Plata (Huila), recibió una amenaza directa por parte de integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-R) Hernando González Acosta (disidencias de las FARC)”.
De acuerdo con la denuncia, “los hombres armados le exigieron que movilizara a toda la comunidad hacia la vereda Las Acacias con un único objetivo: obligar al Ejército Nacional a abandonar el territorio”. Según el viceministro, ante las amenazas, el líder comunal “activó de inmediato una alerta a través de un grupo de WhatsApp, donde convocó a los habitantes y propuso formar una comisión para dialogar con los soldados. Sin embargo, lo que en principio parecía un intento de mediación pacífica, pronto se convirtió en una maniobra de coacción por parte del grupo armado”.
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La versión que expuso el funcionario del ministerio a la Fiscalía sostiene que “al llegar a Las Acacias, la comisión y otros pobladores fueron interceptados por miembros del GAO-R, quienes les dieron instrucciones precisas: debían reunir a unas 800 personas de veredas cercanas y marchar hacia La Florida, donde se encontraba un destacamento militar”. Bajo esa presión, se lee en la denuncia, “los campesinos obedecieron y, al encontrarse con los soldados, les transmitieron el mensaje de las disidencias: ‘Deben irse, porque su presencia aquí pone en riesgo a todos’”.
Aunque los militares se retiraron en esa ocasión para evitar una confrontación que pusiera en peligro a los civiles, dice el documento, “accedió a retirarse temporalmente”. Sin embargo, el viceministro señala que los disidentes dieron una nueva orden a la población: que una delegación se adentrara en los caminos de montaña cercanos al departamento del Cauca para “rastrear” al Ejército y asegurarse de su salida.
Esas actividades se habrían llevado a cabo desde las 5:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche. Según el documento, “decenas de campesinos, incluidos ancianos y mujeres, fueron obligados a recorrer senderos inhóspitos bajo la amenaza de represalias”. La versión del gobierno es que los integrantes del grupo armado “amenazaron con imponer multas de hasta un millón de pesos a quienes se negaran a colaborar” y que “esa misma noche, más de 150 civiles, bajo presión, rodearon a los militares en actitud desafiante, aunque sin agresión física directa”.
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El viceministro sostiene que no se trató de un hecho aleatorio, sino que tenía toda una estructura detrás. El objetivo, señala la cartera, era “someter a la población mediante amenazas y extorsión, impedir la labor legítima del Ejército en la zona, y violar derechos fundamentales de campesinos, obligándolos a actuar bajo coacción”. Aunque el gobierno denunció a detalle estos hechos, pidieron que “se investigue de manera oficiosa los delitos acaecidos en todo el territorio nacional, en donde la población civil presuntamente ha sido instrumentalizada para atacar a la fuerza pública”.
Dentro de los mencionados, el Ministerio del Interior expuso el ocurrido en la zona rural del Plateado (Cauca), el 21 de junio de 2025, en donde la población, presuntamente instrumentalizada, retuvo a 31 soldados del Ejército. Asimismo, el ocurrido el 22 de junio pasado, cuando al menos 57 militares fueron retenidos por civiles “bajo presión de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC en zona rural del municipio de El Tambo (Cauca)”.
Además de los presuntos delitos mencionados por el viceministro Rondón, la denuncia señala que también hubo conductas de las disidencias que “atentan contra el Derecho Internacional Humanitario”. Asimismo, menciona incumplimientos al protocolo I adicional de los Convenios de Ginebra que establece que “la presencia de la población civil o de personas civiles o sus movimientos no podrán ser utilizados para poner ciertos puntos o zonas a cubierto de operaciones militares, en especial para tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares, ni para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares”.
Además de pedir que se investigue a fondo, el gobierno pide que “se reconozca a las víctimas del delito como sujetos de especial protección constitucional, conforme a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, y se decrete la restitución de sus derechos”.
Esta es la denuncia completa:
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