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En las últimas horas, medios de comunicación publicaron la filtración del supuesto proyecto de ley con el que el Ministerio de Justicia, bajo administración de Eduardo Montealegre, plantearía hacer una realidad, después de tres años de gobierno, el tan esperado proyecto de ley de sometimiento en el marco de la paz total. El objetivo de la medida, que sí será presentada, es establecer un trato penal diferenciado a los grupos armados organizados que participen en procesos de diálogo con el Gobierno nacional.
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Sin embargo, el mismo ministro Montealegre publicó un comunicado dirigido a la prensa en el que aseguró que lo filtrado no corresponde a la realidad. Entre otras propuestas, la reforma al sistema de sometimiento judicial le permitiría la libertad condicional a jefes de organizaciones criminales, siempre que hayan cumplido entre cinco y ocho años de prisión. La iniciativa, enmarcada en la política de paz total del gobierno Petro, estaría contenida en un documento de 14 páginas que será presentado al Congreso.
Montealegre aseguró que los detalles que se han conocido de la iniciativa no son ciertos, pero confirmó que el verdadero proyecto será presentado mañana 18 de julio ante el Consejo de Política Criminal. Este es un órgano independiente que está integrado por la fiscal general, el ministro de Educación, el director de la Policía, el procurador, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los directores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad Nacional de Servicios Penitenciarios, parlamentarios del Congreso, entre otros altos funcionarios.
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“El proyecto que se presentará el 20 de julio, está aún en proceso de elaboración y consultas con muchos sectores y actores, razón por la cual todavía no hay un texto definitivo. En dicha versión del documento (la difundida en medios de comunicación), hay muchas diferencias, desinformación y se falta a la verdad en algunos contenidos de los medios”, explicó Montealegre.
El borrador que ha rondado, conocido por El Espectador, habría sido elaborado por el mismo Montealegre y buscaría modificar la Ley de Justicia y Paz de 2005, diseñada para la desmovilización paramilitar. El objetivo principal sería integrar a un sistema parecido a las estructuras narcotraficantes que hoy no gozan de un estatus político. A diferencia del ELN o las disidencias de las FARC, estos grupos, como el Clan del Golfo o Los Rastrojos, serían cobijados por un modelo de penas alternativas con condiciones más flexibles.
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Entre los puntos estaría la posibilidad de cumplir condenas máximas de ocho años en colonias agrícolas, casas étnicas o centros de “armonización”, sin importar la gravedad de los delitos. Cabe recordar que muchos de ellos están condenados por graves violaciones de derechos humanos. Incluso, jefes criminales que aún controlan sus redes desde prisión podrían salir si ya cumplieron la pena mínima.
Esto aplicaría a cabecillas de estructuras del valle de Aburrá, algunos de los cuales participaron en el polémico acto público con el presidente en La Alpujarra, en Medellín, el pasado 21 de junio. En su momento, la Defensoría emitió un fuerte comunicado en el que criticó el espacio otorgado a los líderes delincuenciales. En entrevista con El Espectador, la defensora Iris Marín Ortiz sentenció que “las tarimas no son lugares para criminales”.
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De otro lado, para acceder a los beneficios, los criminales postulados deberían cumplir requisitos como la entrega de armas y bienes ilegales, dar por finalizada cualquier actividad delictiva, la liberación de menores reclutados o secuestrados, y una participación activa en proyectos de transformación territorial. Además, deberían presentar un certificado de compromiso expedido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El objetivo oficial de la iniciativa sería facilitar la reincorporación, promover la justicia restaurativa y contribuir al desmantelamiento de estructuras armadas. La propuesta incluiría una disposición para impedir extradiciones de quienes se acojan a este proceso. Además, plantea un modelo de distribución de bienes: 65 % iría a reparación, 20 % a proyectos estatales y 15 % al sostenimiento colectivo de los exintegrantes de las bandas que se desmovilicen.
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Finalmente, el Gobierno buscaría que este marco jurídico permita reabrir la puerta para reincidentes o excluidos de procesos anteriores, así como para terceros civiles y agentes estatales no militares que hayan delinquido en el contexto del conflicto. En todos los casos, se exigiría una demostración de voluntad de paz y sometimiento efectivo a la justicia. No obstante, el ministro Montealegre insistió en que esas no son las bases de su borrador y que el texto final se conocerá el próximo 20 de julio.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
