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16 Nov 2021 - 1:07 p. m.

Mintic: Procuraduría alerta por retrasos en otro contrato para centros digitales

Se trata de un acuerdo por más de un $1 billón, firmado con Claro, para llevar Centros Digitales a 17 departamentos de Colombia. Hay partes del proyecto que ni siquiera llegan al 10% de su ejecución.
Instituto Rural del Sur - Conectividad MinTic (contrato con Centros Poblados).
Instituto Rural del Sur - Conectividad MinTic (contrato con Centros Poblados).
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La Procuraduría sigue examinando a detalle los contratos que el Ministerio de Tecnologías y de la Información, antes liderado por Karen Abudinen, ha firmado en el último tiempo para llevar centros digitales a diferentes partes del país. Aparte del polémico acuerdo con la unión temporal Centros Poblados, que tiene a la exministra bajo investigación disciplinaria, ahora el Ministerio Público encontró retrasos en un megaproyecto paralelo por $1,06 billones.

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La Procuraduría emitió una alerta por el desarrollo del Contrato de Aporte N. 1042 de 2020, celebrado con el contratista Comcel S.A. (Claro Colombia), para garantizar la instalación y puesta en marcha de centros digitales en 17 departamentos del país: Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.

De acuerdo con la comunicación de la entidad, si bien el Mintic y la interventoría señalaron que los centros digitales de los Grupos 1A y 1B están en operación, respecto del Grupo 1B se encontraron que las obras presentan varios meses de retraso, de acuerdo con el cronograma establecido. El Grupo 1B reúne al 16,5% de los centros digitales a construir.

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El megaproyecto se adjudicó en diciembre de 2020 y fue anunciado por la exministra Karen Abudinen. Entonces, la investigada aseguró que con el “Proyecto 10K” se construirán más de 10.000 centros digitales en toda Colombia. En total, el ministerio se comprometió a llevar conectividad gratuita a 14.745 colegios hasta 2031. Claro Colombia fue elegido para la primera parte, que contempla 7.468 centros digitales en 17 departamentos.

La segunda parte de ese megaproyecto, el contrato 1043, tiene a la exministra bajo investigación disciplinaria y denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la licitación que ganó la Unión Temporal Centros Poblados, para crear 7.277 centros digitales en Amazonas, Arauca, Bogotá, D.C. Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Hasta ahora todo resultó mal, pues el contratista presentó una garantía de seriedad de la oferta falsa, lo que ha llevado a determinar responsabilidades penales.

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En cuanto a la parte de la cual Claro Colombia se está encargando, por otro lado, la Procuraduría encontró irregularidades respecto de la Meta 10: “Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales”. El contratista, según la entidad, no ha reportado ni el 10% de los centros presupuestados para esa entrega.

“En desarrollo de la vigilancia preventiva adelantada a este proyecto, se solicitó informar en qué consiste el riesgo concreto manifestado por el contratista, en relación con el cumplimiento de esta última Meta (Reporte de la instalación y puesta en servicio), las acciones que se han adelantado para mitigar o superar el riesgo, o si el mismo se encuentra latente y si se dio cumplimiento a la misma”, concluyó la Procuraduría.

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Así entonces, el “Proyecto 10K” anunciado por la exministra Abudinen no tiene un buen balance, tras casi un año de su licitación. El contrato 1043 la tiene bajo investigación y en prisión preventiva a los contratistas Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y Emilio Tapia, quien habría gestionado la garantía falsa según la Fiscalía. Ahora, el contrato 1042, presenta los primeros retrasos y sus responsables deberán dar explicaciones al Ministerio Público.

En diálogo con El Espectador, Hilda María Pardo, vicepresidente jurídica de Claro, aseguró que en realidad las cifras entregadas por el Ministerio Público no contemplaron la coyuntura nacional. “El concepto no tiene en cuenta la suspensión que se dio del contrato respecto de la fuerza mayor por el paro nacional, que fueron 60 días en los cuales el país estuvo imposibilitado en acceso a los diferentes pueblos del país. Entonces, el contrato está corrido dos meses. Eso lo ha legalizado la interventoría, pero no lo ha legalizado el Mintic con el cambio de ministra”.

La empresa aseguró que las fases alertadas por la Procuraduría terminaran en diciembre próximo y el contrato en sí en mayo de 2022. No hay preocupación en la empresa de telecomunicaciones pues, según explicó Pardo, “lo que está pendiente es el recibo físico de los centros digitales. Ya la prueba remota está, lo cual sustenta que las obras están funcionando hace meses. El recibo físico en cada lugar ha tomado más tiempo de lo que corresponde, pero eso no quiere decir que el centro no esté funcionando”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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